Zoido ordena revisar todos los contratos con la empresa y filiales

La juez Mercedes Alaya investiga si la empresa Fitonovo, adjudicataria de varios contratos municipales de mantenimiento de Parques y Jardines, disponía de una supuesta "contabilidad B" en la que aparecerían presuntos pagos de comisiones ilegales a funcionarios del Ayuntamiento a cambio de favores en la adjudicación de los contratos. Esa contabilidad oculta estaría incluso almacenada en un archivo informático, "en formato excel" en el ordenador de la empresa, e incluiría pagos realizados desde el año 2003 en los que se habrían adjuntado los nombres y las iniciales de los supuestos perceptores de esas mordidas.

Al cierre de esta edición, Alaya continuaba tomando declaración a los cinco detenidos en la segunda fase de la denominada operación Madeja. A la una de la madrugada aún seguía compareciendo José Antonio González Baró, hijo del dueño de Fitonovo, que declaró durante más de tres horas ante la juez. Y aún quedaba el director comercial de la empresa, Juan Andrés Bruguera.

La instructora empezó ayer por la tarde a tomar declaración a los cinco imputados en la segunda fase de la denominada operación Madeja, que se inició con la investigación del supuesto enriquecimiento ilícito de Domingo Enrique Castaño, que fue asesor de ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, y la presunta financiación ilegal del PSOE, después de que el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo -detenido en julio pasado y que quedó en libertad- admitiese haber entregado a Castaño 30.000 euros que le dijeron iban destinados al PSOE.

La primera persona que declaró ayer ante la juez Alaya fue un ingeniero de caminos que trabaja en la empresa Jardines y Riegos Al Ándalus, que quedó en libertad sin fianza, aunque con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgados. La magistrada le ha imputado un delito de cohecho por haber realizado supuestamente un pago de 25.000 euros hace varias semanas al ex jefe de servicio de Parques y Jardines Francisco de Amores a cambio de favorecer presuntamente a esta sociedad en la adjudicación del contrato de mantenimiento, según han confirmado fuentes del caso.

Por su parte, este funcionario municipal negó ayer ante la juez Alaya que hubiera cometido ningún delito y algunas fuentes apuntaron a que habrían atribuido esos 25.000 euros a un préstamo, no al pago de una mordida. Alaya también investiga si Fitonovo habría realizado además pagos mensuales por importe de unos 500 euros aproximadamente a Francisco Amores, al que la Guardia Civil habría llegado incluso a mostrar en su declaración un recibo con uno de los pagos, que el imputado habría negado rotundamente haber recibido y habría señalado que ni siquiera figura su firma en dicho recibo.

Ante la juez también prestaron declaración el capataz y responsable de Conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas.

Al cierre de esta edición la instructora no se había pronunciado aún sobre la situación personal de estos imputados, que se resolverá en un auto. De hecho, de los cinco imputados, sólo trascendió anoche que había quedado por el momento en libertad el primero de ellos, el ingeniero de caminos.

La segunda fase de la operación Madeja se precipitó el pasado lunes, después de que la juez Mercedes Alaya revelase en un auto por error que se habían intervenido una decena de teléfonos de empleados de la empresa Fitonovo, adjudicataria de contratos de Parques y Jardines, y de varios funcionarios municipales.

El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto una "investigación interna" para analizar "todos" los contratos adjudicados por el gobierno municipal a Fitonovo y sus filiales, un grupo de empresas investigado por la juez Mercedes Alaya por el supuesto pago de comisiones a cambio de contratos.

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, manifestó ayer que su equipo trabaja ya para designar a "la persona idónea" como nuevo director del área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, nombramiento que será resuelto "en los próximos días" tras la destitución fulminante de Joaquín Peña tras su acusación por la Guardia Civil.

Cuestionado sobre el papel de la empresa Fitonovo en el contrato de 47,9 millones de euros adjudicado en agosto de 2012 por el Consistorio para la conservación y mantenimiento del arbolado y las zonas verdes de la ciudad, el primer edil y su concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, explicaron que la empresa participa de la adjudicación de "dos sectores" de dicho contrato.

En ese sentido, el alcalde defendió los "trámites" administrativos y técnicos seguidos para la adjudicación de dicho contrato dividido en seis lotes, pues ya entonces la idea era "que hubiera absoluta y total transparencia" y que resultasen adjudicatarias "las mejores ofertas en calidad, cuantía y garantía de prestación del servicio". Según Zoido, se trató de una serie de adjudicaciones con su respectiva propuesta de resolución, la aprobación de la mesa de contratación y la aprobación final del Gobierno municipal. "En principio, tengo que confiar en los funcionarios", manifestó el alcalde.

Vílchez manifestó que si una empresa o unión temporal de empresas resulta adjudicataria de un contrato con el respaldo de "las valoraciones de los técnicos" y la oferta en cuestión "se encuentra en lo que se especifica en el pliego del concurso, no tenemos más remedio que adjudicar" ese contrato. El concejal señaló el papel "fiscalizador" de la secretaría general del Ayuntamiento, la Intervención y los servicios municipales. "Si alguien falla en esas valoraciones es lo que la Justicia está dilucidando", indicó Vílchez.

De cualquier modo, el alcalde defendió que más allá de remitir a la juez "una serie de contratos que nos fueron requeridos de una fecha concreta" y adjudicados a Fitonovo, "yo tomé la decisión de abrir una investigación interna y pedí al secretario todo lo que el juzgado había solicitado y, además, un análisis de todo lo que se hubiese contratado en la nueva corporación", en referencia al mandato en curso. "Voy a ser absolutamente intransigente con la corrupción", advirtió Zoido para terminar defendiendo que se siga contratando con la empresa "si reúne los requisitos".