Cuatro agresiones a médicos en Sevilla en 26 días. Los ataques a profesionales sanitarios por parte de sus pacientes aumentan de una forma alarmante en la provincia. Sólo en los primeros seis meses del año, en los hospitales y centros sanitarios de Sevilla se han registrado hasta 182 casos –de los que 35 han sido físicos– frente a los 138 –30 físicos– del mismo periodo de 2018. Si la tendencia se mantiene al mismo ritmo en lo que resta de año, se alcanzarían las 364 agresiones, una cifra un 29,07% superior a las 282 incidencias registradas en los 12 meses anteriores.

Esta situación se repite a nivel regional. Médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, administrativos y empleados del resto de categorías profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) son víctimas de ataques en el ámbito laboral. Andalucía ha computado un total de 753 agresiones en el primer semestre de 2019, 130 casos más que en el mismo periodo del año pasado, cuando se llegaron a sumar 394 ataques.

La reiteración de este fenómeno justifica la preocupación sobre su incremento en los últimos tiempos. El Sindicato Médico Andaluz (SMA) de Sevilla alude a factores diversos como desencadenantes de estos episodios: el exceso de burocracia, la presión asistencial que impide dedicar a cada paciente el tiempo de consulta que sería necesario, la expectativa de unos resultados de salud que nunca pueden garantizarse o la exigencia de unas prestaciones a las que no se puede atender serían algunos de ellos.

El sindicato precisa que la mayoría de las situaciones conflictivas denunciadas en la comunidad (230) han sido verbales (mayoritariamente insultos o amenazas), mientras que 53 implicaron violencia física. La tendencia en este tipo de agresiones es que van en aumento y que cada vez son más próximas unas a otras.

El Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos de la Organización Médica Colegial asegura, además, que las doctoras son más vulnerables que los médicos varones. Las facultativas protagonizan el 58% de los episodios violentos en Andalucía, mientras que el otro 42% son hombres. En 2018 constan, sólo en Sevilla y provincia, 75 casos de profesionales mujeres atacadas frente a 37 varones dentro del colectivo médico. La mayor parte de los conflictos se desencadenaron en centros de salud (296), frente a los 164 registrados en hospitales.

Los profesionales sanitarios no siempre denuncian la agresiones, si bien se trata de una circunstancia que está empezando a cambiar. Acaba de salir a la luz, por ejemplo, el cuarto ataque a médicos del que se tiene constancia en 26 días. Esta vez se ha producido en el consultorio de Torre de la Reina, pedanía de Guillena, donde fue agredida una médico de Familia, la única doctora de la población.

La víctima relató a su delegado del Sindicato Médico de Sevilla que los hechos se produjeron tras su negativa a mantener un tratamiento que, bajo su criterio, era totalmente innecesario porque no contribuía a mejorar el estado de salud de la paciente atendida. La mujer reaccionó de manera violenta, con insultos, golpes y maltrato al mobiliario del centro.

La doctora agredida, en este caso, sí denunció lo sucedido. Según el Protocolo de Agresiones a sanitarios del SAS, el profesional atacado debe rellenar el informe correspondiente describiendo los hechos que, más tarde, tendrá que trasladar al juez de guardia correspondiente. 

El Colegio de Médicos de Sevilla exigió el pasado 15 de marzo, en el Día Nacional Contra las Agresiones en el ámbito sanitario, "soluciones urgentes a la administración, a la vez que recuerda la suma importancia de denunciar cualquier tipo de ataque, verbal o físico". Rafael Ojeda, presidente del SMA de Sevilla, secunda la petición, lamentando que "no existan medidas efectivas que frenen esta tendencia". Los médicos exigieron, también a nivel estatal, la elaboración de un Plan Nacional contra este fenómeno dentro de los 10 puntos de su manifiesto Respetar a tu médico, cuidar de todos.

En Andalucía, el propio SAS se ha adelantado a esta exigencia, pues ya está trabajando en una ley, que aún no ha entrado en vigor, en la que se contemplará un renovado protocolo para afrontar las situaciones violentas que se derivan de desencuentros entre usuarios y profesionales dentro de los centros sanitarios.