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Desalojo macarena
El realojo en casas de alquiler de los 110 vecinos del barrio de la Renfe de Sevilla, desalojados de sus pisos el miércoles pasado ante la aparición de grietas y el riesgo de desplome de una grúa, empezará la próxima semana, con preferencia para enfermos y familias con niños, y culminará a lo largo de julio.
Esta medida la han avanzado este miércoles en rueda de prensa el gerente municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Millán, el delegado del Distrito Macarena, Enrique Lobato, y el vicerrector de la Hispalense Antonio Ramírez de Arellano tras reunirse con los vecinos, que por ahora no acudirán a la vía judicial por la respuesta obtenida aunque nunca renunciarán a ese derecho, según su portavoz, Bernabé García.
Tras destacar todos la buena actitud de los afectados al no tener "culpa de nada", la coordinación de las instituciones y la ayuda ofrecida por los vecinos de esta zona de la Macarena y su entorno, Lobato ha dicho que han acordado que ellos puedan buscar los pisos de alquiler para su realojo según sus necesidades y "lo más cerca posible", para lo que el Ayuntamiento ya tiene algunos disponibles.
De acuerdo "siempre con los vecinos" y hasta que puedan volver a sus casas, para lo que se prevé como mínimo un plazo de medio año, hay diez personas enfermas o con movilidad reducida, aparte de tres que siguen en residencias, que son las que primero serán realojadas a partir de la semana próxima en otras viviendas de alquiler.
También han decidido que es preferente realojar las familias con personas mayores y niños, así como a los vecinos de la barriada de la Renfe que vivían en los bajos de los edificios dañados -donde los técnicos requieren que hay que intervenir primero-, según Lobato, aunque esperan que todos estén realojados durante el mes de julio.
Las 110 personas desalojadas permanecen desde que ocurrió la "desgracia" en el Hotel Macarena de Sevilla, aunque, al tener éste las plazas previamente reservadas por el concierto de AC&DC y el Día del Orgullo del Sur, desde el viernes y ante la falta de plazas en la ciudad se trasladarán al CAR de la Cartuja, cedido por la Junta.
Allí estarán hasta el domingo al mediodía, según el delegado del Distrito Macarena, tras lo que volverán al hotel, que supone un coste de más de 4.000 euros al día que sufraga la constructora del aparcamiento subterráneo que se ejecuta en la parcela de la futura Facultad de Enfermería, que al parecer, por un movimiento de tierras ya estabilizado, ha causado los problemas que obligaron al desalojo.
Lobato y el vicerrector de Infraestructuras de la Universidad han pedido "disculpas" a los afectados y han resaltado su "disposición, honradez y comprensión" con las administraciones, con lo que, "hasta que todos estén realojados" y se arreglen los problemas en sus viviendas, seguirán "a todas horas en contacto con ellos para facilitarles todo lo que sea posible".
Según el gerente de Urbanismo, un equipo geotécnico está haciendo desde el domingo un análisis exhaustivo del estado del suelo del barrio y desde este miércoles otro estudia la edificación exterior de los pisos desalojados y el interior de los también afectados que no hubo que desalojar, para diagnosticar la situación y adoptar medidas.
Ha dicho que un vecino que es arquitecto técnico tendrá acceso puntual a la información, que en diez días volverán a reunirse con los afectados y que esperan tener las conclusiones de los estudios a comienzos de la segunda quincena de julio, fecha en la que tendrán ya un calendario de las obras necesarias para arreglar los pisos.
Bernabé García, presidente de la Intercomunidad de Propietarios y de la asociación vecinal Barqueta-Renfe, ha agradecido el "trato tan humano" que están recibiendo y ha admitido que al principio fue "bastante crítico", aunque ahora están "bastante más tranquilos porque todas las instituciones se están volcando social y técnicamente en solucionar el problema".
Sobre la posibilidad de iniciar acciones penales, ha declarado que "de momento" harán "borrón y cuenta nueva", aunque esta vía la tendrán "siempre abierta" y "nunca" renunciarán a su derecho a recurrir a ella, si ven que no se atienden sus exigencias.
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