La propuesta del comité de expertos de la Junta para instaurar el certificado Covid en el ocio nocturno ha acabado por caldear los ánimos de un sector, el de los hosteleros, que se siente seriamente "perjudicado" por las medidas establecidas por el Gobierno y la Junta desde que estalló la pandemia. Una de las voces más críticas con el último anuncio del Ejecutivo de Juanma Moreno -que no aplicará dicha exigencia hasta que la avale el TSJA- es la de la asociación Sevilla son sus bares, cuyo presidente, Celso Torres, califica de "estupidez" dicho requisito. 

Torres reconoce que en la asociación el ocio nocturno apenas tiene presencia, pues está integrada principalmente por bares y cafeterías de barrios que deben cesar su actividad a las doce de la noche, lo que no supone ningún óbice para considerar que "la idea es una auténtica estupidez". Este hostelero justifica su opinión en que, en pleno verano, "las playas, los centros comerciales y otros enclaves están masificados, y sólo se establece ese control en el ocio nocturno". 

"A un salón grande de comidas no le afecta, pero a las discotecas y terrazas sí, cuando el riesgo es el mismo", expresa el representante de Sevilla son sus bares, que abunda en que tales medidas son "ilegales y anticonstitucionales, como ya han determinado los tribunales", en alusión al caso de Canarias. Además, considera que "no van a arreglar nada. Al contrario, perjudican". 

De sus palabras se deduce que la indignación del sector contra las decisiones de las administraciones públicas va en aumento, de ahí que ya se planteen movilizaciones para el otoño. "A ver cómo se comporta agosto, que nos tememos lo peor. Pero lo más probable es que en septiembre nos echemos a la calle y con nosotros también venga la patronal. Ya está bien de que se nos eche siempre la culpa de los contagios", añade Torres. 

Un debate nacional

El anuncio de la Junta sobre la exigencia del certificado Covid en el ocio nocturno abre de nuevo el debate sobre este requisito que ya se ha implantado en Galicia y Canarias. En esta última comunidad la Justicia ha suspendido de forma cautelar la medida, que también la han establecido países como Francia, Italia o Grecia. 

Y mientras las autonomías se debaten sobre si requerirlo o no para ciertas actividades económicas, el Gobierno de Pedro Sánchez descarta, por ahora, generalizar su uso, al entender que debe quedar limitado a la utilidad establecida por la Unión Europea, esto es, facilitar los viajes y la movilidad dentro de los estados miembros. Fuera de este límite, surgen muchas dudas sobre su amparo legal, como apuntó hace escasos días la ministra de Sanidad, Carolina Darias.