Las cláusulas sociales que se incorporaron en los contratos municipales del Ayuntamiento de Sevilla para garantizar unas condiciones laborales y medioambientales dignas, así como la inserción de los colectivos desfavorecidos, funcionan desde su aprobación en 2016, en el primer gobierno de Juan Espadas, pero aún no existe la comisión prevista para supervisar y evaluar la implantación y el resultado de esas cláusulas de contratación responsable de las que se dotó la ciudad.

Esta ausencia ha generado "sorpresa e indignación" en el grupo municipal Adelante Sevilla en el Ayuntamiento tras conocer por boca de la delegación municipal de Hacienda que aún no se ha constituido esa comisión de control sobre las nuevas cláusulas sociales, un órgano que tenía que elaborar un informe cada seis meses sobre la cuestión.

Daniel González Rojas, portavoz adjunto del grupo, ha denunciado que "esa comisión iba a estar formada por los técnicos para evaluar las cláusulas sociales de la contratación pública en la ciudad y no se ha hecho absolutamente nada. Nos hemos enterado de que no existe tal comisión porque pedimos los últimos informes semestrales de esta a raíz de unos despidos en una empresa de seguridad del distrito Este que tenía contratada a personas con diversidad funcional. Entonces ¿en qué han quedado las cláusulas sociales?. Ni el propio Ayuntamiento lo sabe porque no existe la comisión".

Hacienda admite que "lleva a la confusión" su respuesta a Adelante Sevilla, ya que cita una supuesta adaptación de estas cláusulas a la ley nacional de 2018 y lleva a pensar que ni siquiera se aplican las cláusulas sociales en la ciudad

González Rojas reitera su queja. "El malestar que tenemos es grande. El Ayuntamiento de Sevilla parece que pasa completamente de esto. Hay muchos colectivos sociales que se creen las cláusulas sociales, que han trabajado y aportado muchas propuestas para esas cláusulas sociales y parece que ha quedado absolutamente en nada. La contratación pública responsable, esas cláusulas sociales, son un arma fundamental que tiene el Ayuntamiento para garantizar el empleo público con derechos. Y garantizar que el dinero público que va a las contratas a través de las empresas privadas se está gestionando bien y no hay enriquecimientos ilícitos, que se garantizan los derechos laborales, que se garantiza la protección del medio ambiente...".

El artículo 16 de esas cláusulas para la contratación responsable fija que esta comisión de seguimiento y evaluación "estará integrada por personal técnico responsable de los servicios designados al efecto, y le corresponderá, mediante la elaboración de informes semestrales, supervisar el cumplimiento y ejecución de las cláusulas sociales, con objeto de asegurar la correcta aplicación de aquellas en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Sevilla, dentro del ámbito de facultades que se le atribuyan".

La confusa respuesta de Hacienda a Adelante Sevilla

La pregunta de Adelante Sevilla dirigida a la delegación municipaL de Hacienda sobre la comisión prevista para supervisar las cláusulas sociales fue respondida, con fecha 25 de mayo, de una forma bastante confusa porque cita una supuesta adaptación de estas cláusulas a la ley nacional aprobada en marzo de 2018 y lleva a pensar que ni siquiera se aplican las cláusulas sociales en la ciudad.

La respuesta de Hacienda por escrito a Adelante Sevilla reza así: "Dicha Comisión no llegó a constituirse ya que las directrices de la contratación pública responsable del Ayuntamiento de Sevilla, que se aprobaron antes de la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, debían adaptarse a la nueva Ley. Estamos procediendo a esa adaptación, por lo que la Comisión se constituirá en cuanto eso ocurra", responde la Directora General de Contratación y Gobierno Interior del Ayuntamiento Ana Isabel Moreno. 

La ley española entró en vigor el 9 de marzo de 2018, lo que significa que el Ayuntamiento llevaría dos años y medio en un supuesto proceso de adaptación.

A preguntas de este periódico, el área de Hacienda ha precisado este martes que sí se están aplicando las cláusulas sociales en Sevilla y la ley de contratos de 2018 y que no se ha constituido la comisión de seguimiento por razones que no aclara. Hacienda admite que la respuesta a Adelante Sevilla "lleva a confusión".

Estas cláusulas sociales de contratación responsable son las mismas que generaron múltiples quejas entre los empresarios de la ciudad, que reclamaron una moratoria, y se aprobaron en el primer gobierno de Espadas en abril de 2016, hace ahora cuatro años.

Sobre la base de la respuesta de Hacienda, Adelante Sevilla va a presentar este mes en la comisión de control al gobierno local una batería de preguntas sobre este retraso de la comisión de seguimiento de las cláusulas sociales:

• Desde marzo de 2018 hasta la fecha han transcurrido más de dos años, ¿no ha dado tiempo de adaptar las cláusulas sociales al nuevo marco legal en todo ese tiempo?
• ¿Estará terminada la adaptación de las cláusulas sociales antes de que haya un nuevo marco legal que impida, de nuevo, hacer seguimiento?
• ¿Han dejado de aplicarse las cláusulas sociales aprobadas en abril de 2016 desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público? 
• Desde abril de 2016 hasta marzo de 2018, ¿no se le hizo ningún tipo de control y seguimiento para comprobar la implantación y desarrollo de las nuevas cláusulas sociales dentro del marco legal que había en aquel momento? ¿por qué no se constituyó la Comisión de la Contratación Pública Responsable del Ayuntamiento de Sevilla dentro del marco legal que había en aquel momento?
• Las cláusulas sociales aprobadas en 2016 contaron con la participación de los Grupo Municipales y de varios agentes sociales, ¿por qué no se está haciendo de forma participativa la adaptación actual?