Un contrato nulo y una licencia provisional, las claves del derribo de una gasolinera en Sevilla

La gasolinera de Alcosa será derribada este miércoles, si nadie impide lo contrario a última hora, después de que un juzgado de Sevilla declarara nula la documentación de la empresa y el contrato de arrendamiento del terreno, que fue "falso o simulado". Así consta en la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Sevilla, que motiva también un informe jurídico de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla para proceder a la demolición.

En dicho documento, firmado por el gerente, Fernando Vázquez, esta institución explica que la empresa de la gasolinera tiene una "falta de legitimación para presentar título habilitante alguno". Urbanismo otorgó en noviembre de 2020 una licencia para el desmontaje de una estación de servicio existente y otro permiso, emitido con carácter provisional, para su traslado a una ubicación cercana, "mediante ejecución de construcción ligera de una planta para tienda, estación de servicio para suministro de carburantes y zona de lavado de vehículos".

Tras esto, el dueño del terreno presentó un escrito en Urbanismo solicitando que "se llevasen a cabo las acciones necesarias en orden a restituirle en sus derechos como propietario y poseedor legítimo de la finca en cuestión", lo que motivó una revisión de la licencia por parte de la Gerencia. Este ciudadano es el propietario de la finca desde 2011 y el contrato de arrendamiento presentado para la licencia fue declarado nulo por "falso o simulado". Esto supone que la empresa de la gasolinera no tiene ningún derecho sobre el terreno.

Así, la licencia de obras fue declarada nula por el juzgado, al considerar la juez que la empresa "carecía de los requisitos esenciales" para obtener el permiso que le fue concedido de forma provisional. Urbanismo explica que "otorgó una licencia a una entidad que había presentado un contrato de arrendamiento declarado nulo en numerosos procedimientos judiciales, induciendo con ello instrumentalmente a esta administración a su concesión".

"La documentación presentada no podría considerarse solicitud de licencia o declaración responsable presentada, no sólo por el hecho cierto de que lo presentado carece de los mínimos elementos formales para que pudiera tener dicha consideración, sino que, además, se trata de un expediente resuelto y firme en términos administrativos e incluso judiciales, por lo que carece de toda lógica jurídica plantear una nueva petición", sostiene el informe de la Gerencia.

Aunque la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo no especifica que se tenga que llevar a cabo la demolición, Urbanismo explica que esta medida es la adecuada para "el restablecimiento de la legalidad". No se tienen en cuenta las peticiones de suspender el derribo por parte de la empresa, pues esto supondría dejar sin efecto la sentencia.

La demolición supone la desaparición de la gasolinera y que veinte trabajadores se queden en el paro. Los trabajadores han iniciado un proceso de recogida de firmas, que lleva ya más de 4.000 rúbricas, mientras que los responsables del negocio creen que no se les ha permitido defenderse en los tribunales.