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Ni la Junta de Andalucía ni los ayuntamientos que participan en la financiación de la línea 1 del Metro habían solicitado al Estado aportación extra para cubrir el desvío presupuestario que arrastra la puesta en uso de la línea 1 del Metro, primera de las cuatro que conforman la futura red del metropolitano hispalense. Sí se adelantó el Partido Popular, que en mayo pasado anunció que el sobrecoste debería ser asumido en un 80% por el Ministerio de Fomento en virtud del convenio de financiación de la obra firmado en diciembre de 2005 con la Junta. Así lo planteó la oposición en el Senado, órgano donde el Gobierno central ha mostrado su negativa a transferir más fondos de los acordados.

El Ministerio de Fomento descarta realizar una aportación superior a lo establecido para paliar el sobrecoste de cerca de 200 millones de euros que ha tenido la línea 1 de Metro, según una información aportada por el Ejecutivo de Zapatero en el Senado y a la que tuvo acceso Europa Press.

Fomento recalca que la participación de la Administración General del Estado en la infraestructura está determinada en el Convenio firmado en 2005 con la Junta de Andalucía, que tiene vigencia hasta 2035, y que "no prevé una mayor aportación" del Estado ya que, a juicio del Gobierno central, la ejecución se viene desarrollando "con normalidad".

Ese convenio preveía para la línea 1 una inversión de algo más de 461 millones de euros, de los cuales, los Presupuestos Generales del Estado hasta 2035 aportarán algo más de 218 millones de euros divididos en aportaciones plurianuales en los ejercicios comprendidos entre 2005 y 2035.

"La aportación con cargo a las cuentas públicas tiene el carácter de máximo", subraya el Gobierno en la respuesta ofrecida en el Senado, por lo que descarta así realizar una aportación adicional con la que sufragar el incremento en el coste del proyecto.

El Ministerio de Fomento recuerda que para el libramiento anual de las aportaciones del Estado se celebra la correspondiente comisión de seguimiento, donde la Junta informa a los diferentes miembros del desarrollo e incidencias que han surgido desde la anterior comisión y, por tanto, evalúa los aspectos técnicos y económicos. Así las cosas, señala que "hasta el momento la ejecución del convenio se viene desarrollando con normalidad". La última reunión de esa comisión se celebró en diciembre de 2008 y en ella se aprobó el pago de los ocho millones de euros correspondientes a la consignación presupuestaria de ese ejercicio.

Esta respuesta no satisface a los populares, quienes sostienen que el sobrecoste de cerca de 200 millones de euros que arrastra la línea 1 debe ser asumido mayoritariamente por el Estado porque así lo recoge el convenio de financiación firmado en 2005. El diputado del PP Jaime Raynaud y el senador Rafael Salas argumentan que el citado convenio obliga al Estado a asumir la obra y "sus modificaciones si las hubiera", según reza el artículo 2 apartado 1 de la Ley del Metro de 1975, sobre la que se sustenta el convenio de financiación.

Hasta la fecha, la Consejería de Obras Públicas que han dirigido Concepción Gutiérrez, Luis García Garrido y ahora Rosa Aguilar no había pedido cuentas al Estado para cubrir este desvío. En unos casos, la Junta los había asumido (la inversión extra de las puertas de seguridad de los andenes, la losa de la dársena, el nuevo puente de San Juan y el cambio de ubicación de la Estación de la Puerta de Jerez) y en otros los había derivado a la empresa adjudicataria (formada por Dragados, Sacyr y Gea 21), como es el caso de los retrasos acumulados por la tuneladora.

Para el PP, el Estado debería cubrir entre un 80% y un 90% del sobrecoste porque la mayor parte de los cambios y modificaciones de proyectos han tenido lugar en el término municipal de Sevilla, directamente beneficiado por la Ley del Metro de 1975.