Dos documentos desvelan el compromiso de la Junta con el ERE de Mercasevilla

El Gobierno andaluz niega "rotundamente" a la juez "cualquier compromiso" con el ERE y reduce a "meros actos de comunicación" estos documentos.

Los prejubilados de Mercasevilla cortan el tranvía en su manifestación por el conflicto del ERE
E.p., Sevilla

10 de noviembre 2010 - 16:17

Dos nuevos documentos firmados por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, recogen la "conformidad" de la Administración autonómica a la suscripción de pólizas para 26 ex trabajadores de la sociedad mixta Mercasevilla. Además, reflejan un "compromiso" de "abonarles" 3.410.134,53 euros y 1.609.042,07 euros según cada uno de los documentos.

Ambos documentos se suman a uno de la misma naturaleza firmado en abril de 2008 por el mismo alto cargo, toda vez que Mercasevilla reclama los "compromisos de pago" del expediente de regulación de empleo de 2007, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros como mayor losa financiera de la empresa.

En concreto, el 5 de noviembre de 2007 Francisco Javier Guerrero firmaba un documento de una póliza para 19 ex trabajadores de la sociedad mixta, que cerró 2009 con pérdidas por valor de 4.123.666 euros y se ha visto obligada a promover una 'operación acordeón' para reducir y luego ampliar su capital en un intento de eludir una posible causa de disolución.

El mismo documento refleja el "compromiso" de "abonarles" 3.410.134,53 euros, cifra que coincide con un documento de la póliza contratada por Mercasevilla con la división de Seguros Colectivos del Banco Vitalicio en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007.

A este expediente se acogieron unos 40 empleados cuyas prestaciones han quedado en el aire al desvincularse la Junta de Andalucía de su financiación. En ambos documentos, además, coincide la fecha prevista para el ingreso: el 1 de abril de 2008.

El segundo documento, este mismo alto cargo muestra la "conformidad" de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en cuanto a la "suscripción" de una póliza para siete ex trabajadores de la sociedad mixta, "comprometiéndose a abonarles" 1.609.042,07 euros. La cuantía coincide, de nuevo, con un documento de la póliza en cuestión y también coincide en ambos documentos la fecha prevista para el ingreso: el 1 de abril de 2008.

Mientras tanto, la Junta niega "rotundamente" a la juez "cualquier compromiso" con el ERE de Mercasevilla y reduce a "meros actos de comunicación huérfanos de sustento" estos documentos firmados por Francisco Javier Guerrero.

La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, mediante un escrito elevado el pasado 21 de junio al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, ha negado "cualquier compromiso de pago" para con la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE).

Tras interesarse la juez Mercedes Alaya por la "realidad del compromiso de pago asumido por la Junta de Andalucía", dicha alta instancia defiende respecto a este ERE que no le consta "ningún procedimiento con arreglo a las normas de derecho administrativo especial" y que los "meros actos de comunicación" del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero son "huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

El pasado 13 de mayo, el Juzgado de Instrucción número seis emitía un auto en el que imputaba, por un presunto delito societario, a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce. En el mismo auto, la juez Alaya reclamaba a la Junta de Andalucía "información sobre la realidad del compromiso de pago que haya podido ser asumido" en cuanto al expediente de regulación de empleo de 2007, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros y al que se acogieron unos 40 empleados.

En estos momentos, las prestaciones de estos prejubilados han quedado en el aire, dado que la Consejería de Empleo se ha desligado de la financiación del expediente de regulación de empleo y en la documentación del procedimiento figura la Administración autonómica como principal fuente de financiación.

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