Un imputado asegura que la Fundación de Mercasevilla tenía unas "perdidas brutales"

Caso Mercasevilla

El economista José Antonio Ripollés niega que asesorara en la contabilidad a la dirección de la empresa.

Jorge Muñoz

13 de marzo 2014 - 14:47

Sevilla/El economista José Antonio Ripollés ha asegurado este jueves ante la juez Mercedes Alaya, que le ha imputado hasta cuatro delitos en relación con la gestión de Mercasevilla, que la Fundación Socioasistencial del Mercado Mayorista tenía unas "pérdidas brutales".

Alaya atribuye a Ripollés, que es el noveno imputado en esta causa, delitos continuados de malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, delito societario –en su doble modalidad de falsedad en las cuentas anuales y de administración desleal- y de apropiación indebida.

La instructora considera que este economista ofreció "asesoramiento contable" a la empresa, contabilizando como ingresos partidas que no tendrían tal consideración y no contabilizando como gasto otras que tendría esta naturaleza, con lo que se alteró el resulto económico-contable y se ofreció una imagen patrimonial de la sociedad "que no se correspondía con la realidad, lo cual afectaría a la percepción que de la situación económica de la sociedad podría haber tenido tanto socios como terceros interesados". La juez recuerda que Mercasevilla declaró unos beneficios contables en 2008 de 258.024 euros, cuando en realidad las pérdidas eran de 7,8 millones, mientras que el patrimonio neto pasó de 12,3 millones a tres millones a fecha 1 de enero de 2009.

En su declaración, Ripollés ha negado que ofreciera asesoramiento contable a la dirección de Mercasevilla y ha explicado que el asesoramiento que prestaba era "urbanístico y fiscal", al tiempo que señaló que el asesoramiento contable era "innecesario" porque la empresa pública Mercasa "tutela diariamente a todos los mercados", ofreciendo una tutela permanente y había auditores, técnicos economías de Mercasa, que "bajaban continuamente" a Mercasevilla. Además, continuó el imputado -que también está procesado en la causa por la venta de los suelos de Mercasevilla- que la empresa tenía un departamento de contabilidad propio.

José Antonio Ripollés ha explicado, a preguntas de la juez Alaya, que no le consta que se utilizara a la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla para "blanquear o maquillar las cuentas de Mercasevilla", ya que, en su opinión, en todo caso la Fundación perjudicaría a Mercasevilla. De la Fundación precisó que lo único que sabía es que "tenía pérdidas brutales", pero "nunca" le preguntó a ningún directivo de Mercasevilla sobre la Fundación.

Ripollés ha dicho que sólo se le hizo una "consulta puntual" sobre el tratamiento fiscal al pago de unos premios de jubilación para unos trabajadores, porque estos pedían el certificado de retenciones y la empresa no sabía cómo tributaban estos premios.

El imputado añadió que no tuvo conocimiento del tratamiento contable que se le dio a las retribuciones por las conferencias del Foro Jurídico, en el que participó el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, cuyo coste se distribuyó entre la Fundación y Mercasevilla pero no se sometió a la obligación de practicar la retención a cuenta del IRPF del conferenciantes ni se hizo constar en la declaración resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos de trabajo y actividades económicas, según sostiene la instructora.

El imputado sí reconoció que periódicamente, cada dos o tres meses, recibía del departamento de contabilidad dos folios en los que consta el activo y pasivo, y los ingresos y gastos en la cuenta de resultados, una información que, según ha dicho Ripollés, recibía para "realizar el seguimiento del plan especial de Reinversión".

El imputado ha precisado que todo lo que hizo en Mercasevilla tenía que ver con el futuro traslado de las instalaciones a los terrenos de Majarabique. Así ha dicho que sus informes se referían a temas urbanísticos, aunque realizó otros sobre la viabilidad del mercado de pescado, otro sobre el lucro cesante de una guardería media a nivel de Andalucía -en relación con el pleito de la guardería- y otro para la instalación de una ITV relativa a la unidad alimentaria.

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