La lucha de una sevillana para que autoricen el 'monitor sombra' de su hijo con TEA: "No es un favor, es un derecho"

"El curso avanza. Las necesidades siguen ahí. La respuesta no llega". Con ese mensaje, difundido en redes a través de la cuenta guerrererodravet, María Salas pone voz a una situación que, asegura, afecta a más de 150 familias andaluzas. Su hijo Manuel, de 11 años, padece síndrome de Dravet y ha sido diagnosticado recientemente de Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). Desde octubre espera la autorización de un monitor sombra para poder contar con apoyo dentro del aula.

Los monitores sombra son docentes o asistentes que, a través de un voluntariado, ofrecen un apoyo extra dentro del aula a alumnado con necesidades específicas. No forman parte del sistema público de Educación Especial ni son personal contratado por la administración. En algunos casos, su labor es completamente altruista, aunque hay situaciones en las que los padres asumen su coste para garantizar la atención de sus hijos.

Sin embargo, se trata de un recurso que está en periodo de transición y tiene fecha de caducidad. En septiembre, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional firmó un nuevo convenio con Autismo Andalucía que marca el inicio del cierre progresivo del modelo de monitor TEA, también llamado monitor sombra, como fórmula de atención al alumnado con autismo.

La Consejería defiende que durante este periodo se creará un grupo de trabajo específico para diseñar un nuevo modelo de atención educativa al alumnado con TEA y que la atención estará garantizada mediante personal técnico en integración social (PTIS).

No obstante, el acuerdo establece un periodo transitorio de un máximo de dos años, con fecha límite el 31 de julio de 2027. Durante este tiempo, los alumnos que ya contaban con este apoyo podrán mantenerlo mientras se revisa su situación, pero no se admitirán nuevos casos, salvo autorización excepcional y previa de la Dirección General competente en inclusión.

Para las familias con solicitudes recientes, esta transición se traduce en un verdadero "bloqueo".

A Manuel le detectaron TEA este curso. Fue al inicio del curso cuando la familia conoció esta figura. A través de Neurotea, la asociación a la que se afilió, tramitó el proyecto ante su colegio y posteriormente ante la Delegación de Educación el 6 de octubre. Desde entonces, no ha recibido respuesta.

"Han pasado más de tres meses. Ni sí, ni no. Nada", afirma su madre. Ante el silencio administrativo, ha solicitado formalmente el certificado de acto presunto estimatorio, amparándose en la normativa que establece que, en determinados procedimientos, la falta de resolución en plazo puede entenderse como aprobación.

Mientras tanto, Manuel, que está escolarizado en modalidad B, recibe apoyos fuera del aula. "Lo sacan para refuerzo, pero el monitor sombra entraría con él, trabajaría dentro, en lo académico y en lo social. Es una ayuda distinta", explica su madre.

El caso de Manuel no es aislado. Según explica Arturo Gámez, vicepresidente de Neurotea, la asociación ha tramitado en torno a 180 nuevos proyectos este curso. "Se ha aprobado aproximadamente uno. Estamos hablando de un 0,5 %", señala. A nivel andaluz, las familias afectadas superarían las 150.

"El trámite es claro. La asociación presenta el proyecto al colegio, el Consejo Escolar lo aprueba y la Delegación debe autorizarlo. Sin ese ok, el voluntario no puede entrar", explica Gámez.

La asociación asegura que el convenio firmado en septiembre establece expresamente que el desarrollo de un nuevo proyecto "tendrá carácter excepcional y deberá ser previamente autorizado". Para las familias, esa excepcionalidad se ha convertido en la práctica en un veto. "No pueden decir que no depende de ellos. El propio convenio establece que debe haber autorización previa", añade Gámez.

Ante esta situación, familias y asociación consideran que existe una "discriminación" entre alumnado que ya contaba con el recurso, y lo mantiene durante la transición, y quienes lo solicitan por primera vez, pese a tener necesidades igualmente acreditadas.

María insiste en que no está reclamando un privilegio. "Mi hijo no está pidiendo nada extraordinario. Está ejerciendo un derecho", afirma. Recuerda que la LOMLOE obliga a garantizar los recursos necesarios al alumnado con necesidades educativas especiales. Y lamenta que, en plena transición hacia un modelo aún por definir, haya menores que queden sin un apoyo que otros sí mantienen.

"En Andalucía no puede haber niños de primera y de segunda", sentencia en su publicación viral.