La nueva tasa de residuos complica la gestión de los alcaldes

La nueva tasa de residuos, de obligado cumplimiento desde abril de este año para todos los ayuntamientos, también los más pequeños, se está aplicando de forma desigual y dispar en cada uno de los 8.132 municipios de nuestro país debido a las carencias de la ley de residuos y economía circular 7/2022 que la regula aprobada por el Gobierno central, denuncia la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP). A los alcaldes esta nueva tasa les está generando grandes dudas jurídicas y dolores de cabeza.

La FEMP critica que el texto de la ley es "escueto y defectuoso" porque no contempla ningún elemento configurador de la tasa ni criterios para determinar su cuantía, en palabras de su secretario general Luis Martínez-Sicluna. "Nadie discute la bondad de la finalidad que persigue la ley y la directiva de la UE de residuos, pero se ha hecho sin hablar con los ayuntamientos, no respeta la autonomía local, y es muy escasa porque deja a los alcaldes sin ninguna indicación concreta a nivel legal de que se está haciendo bien", explica.

En Sevilla, el Ayuntamiento de José Luis Sanz no ha sido capaz de aprobarla aún y ha tenido que modificar el primer texto de la ordenanza para tratar de sacarla adelante por segunda vez de aquí a final de año. El objetivo es que se aplique en Sevilla desde enero de 2026.

La ley obliga a cubrir con una nueva tasa "específica, diferenciada y no deficitaria" todos los costes (directos e indirectos) asociados a la gestión de los residuos (recogida, transporte y tratamiento de la basura urbana). Esto es un reto para todos los alcaldes por la forma en que se ha regulado esta novedad en la legislación española que traspone la directiva europea 2018/851. Esa tasa también debe cubrir los costes de la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía.

La ley no fija ningún criterio para calcularla

La Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP) aclara que respalda los objetivos de la nueva tasa de residuos, esto es, que quien contamina paga, un tratamiento eficiente de los residuos y que se reduzca la basura que generamos, pero no con la forma en que se ha regulado por ley.

El problema que se plantea a los ayuntamientos es que la ley no fija ningún criterio para determinar las cuotas que tienen que pagar los ciudadanos, lo que provoca que cada municipio emplee un parámetro diferente.

La ley no dice nada de si debe calcularse la tasa con el valor catastral de la vivienda, el número de personas que viven en cada inmueble, el nivel de consumo de agua de cada hogar o la cantidad de residuos que se echan en cada barrio a los contenedores grises (de resto).

Así pues la FEMP rechaza la legislación que regula la tasa por generar "desigualdad" entre los municipios, porque incrementa la tasa actual que los ciudadanos pagan por la basura y porque genera "inseguridad jurídica".

En efecto, la ley solo especifica (artículo 4) que esa tasa podrá tener en cuenta, entre otras, las particularidades siguientes:

a) La inclusión de sistemas para incentivar la recogida separada en viviendas de alquiler vacacional y similar.

b) La diferenciación o reducción en el supuesto de prácticas de compostaje doméstico o comunitario o de separación y recogida separada de materia orgánica compostable.

c) La diferenciación o reducción en el supuesto de participación en recogidas separadas para la posterior preparación para la reutilización y reciclado, por ejemplo en puntos limpios o en los puntos de entrega alternativos acordados por la entidad local.

d) La diferenciación o reducción para las personas y las unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social.

"Eso genera desigualdad entre los ciudadanos, ya que para el mismo volumen de residuos producidos van a pagar más en unos municipios que en otros. La ley debe decantarse por algún criterio para que los ayuntamientos tengan parámetros seguros y definidos", subraya el secretario general. "El Gobierno tiene que clarificar en la ley los criterios a tener en cuenta para aplicar la nueva tasa de residuos. La FEMP no puede hacerlo porque no los fija la ley", señala. Para tratar de orientar a los alcaldes, la Federación de Municipios ha divulgado un documento pactado con el Gobierno donde se detallan varias posibilidades para calcular la tasa, pero sin dar una indicación cerrada.

En diciembre de 2024, la FEMP reclamó por unanimidad de todos sus grupos políticos (PP, PSOE, Sumar, Junts y Esquerra) que se cambie la ley para hacer una regulación más clara, pero el Gobierno central (los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica) no acepta por ahora modificarla.

Más presión fiscal y disparidad de la tasa en las grandes capitales

Sevilla no ha aprobado aún la nueva tasa de residuos. El segundo borrador elaborado por el gobierno local de Sanz que debe aprobarse este año para aplicarse en enero de 2026 contempla un cobro diferente en los 11 distritos de la ciudad, una división territorial demasiado amplia para aplicar con justicia que pague más quien más contamina.

La tasa prevista se compone de una cuota fija para todos los distritos de 23,73 euros bimestrales (aplicando un coeficiente a las tarifas que cada vivienda paga a Emasesa por la prestación del servicio de saneamiento -vertido y depuración-) y una cuota variable bimestral en función de la basura que genera cada distrito y que alcanza su cifra más alta en Los Remedios (18,87 euros), Bellavista-La Palmera (13,77 euros) y Triana (10,12 euros).

MADRID

Según los residuos que arrojan los 131 barrios

Criterio (que aplica para calcularla): Un 81% de la tasa es un coste fijo según el valor catastral de cada inmueble.

El 19% restante del pago va en función de los residuos que genere cada barrio y el reciclaje que lleve a cabo. La tarifa por generación se calcula en función de la cantidad de residuos generados en cada uno de los 131 barrios de la ciudad y el número de personas empadronadas en cada uno. A esta tarifa se le aplica un coeficiente de calidad en la separación de residuos.

Coste anual (para el vecino): Media de 140 euros anuales (desde 30 a cerca de 400 euros en los inmuebles de mayor valor). Distritos como Moratalaz que reciclan más pagarán menos. El coste varía entre los 6 euros por generar hasta 130 kilos por persona, año y barrio hasta los 41,52 euros por generar más de 500 kilos de basura anuales. La tarifa por generación se multiplica por un coeficiente de calidad en la separación de residuos de 1,70 (en Moratalaz es 1,50 por su mayor porcentaje de residuos separados correctamente).

Fecha de aplicación: desde septiembre de 2025

BARCELONA

El criterio es el consumo de agua por cada hogar.

En Barcelona, y en todo el área metropolitana, el criterio que se aplica es el consumo de agua de cada vivienda. La tasa está en vigor desde 2025.

El incremento del coste para el vecino es de un 40% en 2025 y de un 30% más en los dos años siguientes.

ZARAGOZA

Los vecinos pagarán al año un 12,6% más.

En Zaragoza, los vecinos van a pagar una media de un 12,66% más al año por la nueva tasa de residuos. En euros el aumento aproximado es de 34,17 euros al año para un hogar de tres personas. El desglose de esta subida se distribuye entre el servicio de agua (23,69 euros) y la recogida y tratamiento de residuos (10,48 euros).

VALENCIA

Dos tasas diferentes y el consumo de agua.

Valencia cobra dos tasas a sus vecinos, una por el tratamiento y la eliminación de residuos que denomina tasa Tamer, y que sufrió un alza del 23% en 2025. Y otra tasa por la recogida de basura que vincula a la ley 7/2022.

Para esa tasa de recogida de basuras aplica el criterio del consumo de agua desde 2025. El Ayuntamiento tiene que recaudar 47 millones de euros a los valencianos y el cobro a los vecinos oscila entre los 122,18 euros y los 272,8 euros al año.

MÁLAGA

Aún no ha aprobado la ordenanza que regula la nueva tasa de residuos.

Al igual que Sevilla, aún no ha aprobado la ordenanza que debe regular a cuánto ascenderá el cobro a los vecinos de la nueva tasa. Se espera que aplique la nueva tasa en 2026.

BILBAO

El criterio del valor catastral y empadronados.

Bilbao ha aprobado dos criterios para calcular cuánto paga cada vecino por la nueva tasa. El 40% del recibo se define tomando como base el valor catastral de las viviendas, y el resto en función de la generación potencial de residuos a partir del número de personas empadronadas en cada inmueble. El incremento medio del recibo de basura ha sido del 45% con la nueva tasa. Bilbao cobrará la nueva tasa en 2026.