El turismo vive una época dorada en Sevilla. Los últimos datos aportados por el gobierno de Espadas reflejan que todos los indicadores siguen creciendo. Van a más. Sin embargo, este auge también tiene efectos secundarios que han hecho saltar las alarmas. El que más preocupa -por su incidencia en la convivencia ciudadana- es el de los alojamientos. Desde hace unos años a la oferta tradicional de hoteles y apartamentos se ha sumado la de las VFT, es decir, los pisos residenciales que se usan con regularidad para alojar visitantes.

Esta situación provocó que el año pasado se constituyera la mesa para la lucha contra la oferta ilegal de alojamientos turísticos de Sevilla, una entidad que, presidida por el Ayuntamiento hispalense, integra a diversos colectivos del principal sector económico de la ciudad. Uno de los miembros es la asociación de hoteleros, cuyo presidente, Manuel Cornax, se muestra a favor de aplicar la medida propuesta por el alcalde Juan Espadas para que las VFT se equiparen a los hoteles y apartamentos tanto en los requisitos de licencia como en los tributarios. Para ello hay que modificar el PGOU para que pasen de uso residencial a terciario.

“No se puede considerar a los pisos turísticos como economía colaborativa, pues en las condiciones en las que funcionan difieren bastante de los alojamientos tradicionales”, refiere Cornax, quien especifica que las VFT, por el decreto de la Junta, no están obligadas a emitir facturas a sus clientes y para su puesta en funcionamiento sólo necesitan de una declaración responsable del dueño del inmueble. “Nada que ver con toda la exigencia legal establecida para abrir un hotel”, apostilla.

Manuel Cornax, presidente de los hoteleros de Sevilla.

Y ello si se atiende sólo a la oferta legal de VFT (la que aparece inscrita en el registro de la Junta) y se deja de lado la que opera en el mercado negro, que aún sigue siendo bastante elevada. La oferta de pisos turísticos en bloques residenciales dispone, según Córnax, de 16.000 plazas en Sevilla, una cantidad que a punto está de alcanzar la de los alojamientos tradicionales (hoteles y AT), que llega a las 20.000.

“No se puede negar la realidad. Los pisos turísticos han venido para quedarse. Crecen porque tienen demanda. Nosotros lo que exigimos es que compitan en igualdad de condiciones. Tanto en licencias, tributos como en el apartado laboral, para que sus empleados se acojan al convenio de nuestros trabajadores”, abunda el representante de los hoteleros, quien incide en que estos requisitos suponen también una “garantía” para sus clientes.

Sin embargo, esta propuesta se ha encontrado con la negativa de diversas asociaciones que defienden los intereses de las VFT, como AVVA y Apartsur, cuyos representantes se amparan en el decreto establecido por la Junta de Andalucía en 2016, que otorga “validez jurídica” a estos pisos. Defienden, además, que esta figura se ha convertido en otro nicho del mercado turístico y en el sostén financiero de muchas familias tras soportar los duros años de la crisis económica.