Juan Espadas enciende las alarmas por un bloqueo al presupuesto
Presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla para 2019
La Intervención advierte que de rechazarse las cuentas habrá que detraer 30 millones de las partidas actuales para afrontar las 35 horas semanales y la subida salarial del personal
La negociación del presupuesto municipal sigue estancada. El alcalde no ha podido aún ganarse el apoyo de Ciudadanos, Participa Sevilla e IU durante la reunión que mantuvo con los representantes de estos partidos la semana pasada. Ni siquiera le han garantizado la abstención. Juan Espadas es consciente de que este año –marcado por los comicios locales y por el nuevo Gobierno de la Junta– va a tener muy complicado el respaldo del PP, por lo que no le ha quedado más remedio que encender la luz de alarma.
Con tal fin, ha hecho uso de la advertencia dada recientemente por la Intervención sobre la necesidad de que las cuentas de 2019 salgan adelante para hacer frente a los gastos que supone en el Capítulo 1 (el concerniente al personal) la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales y la subida salarial del 2,25%. Si el presupuesto se bloquea, habrá que detraer 30 millones de euros para tales fines de las partidas actuales.
Por tal motivo, el regidor hispalense ha pedido este lunes a los grupos de la oposición que se abstuvieran en la votación de las cuentas. Tanto a los que lo apoyaron en su investidura (Participa e IU) como a los del bloque de las derechas (PPy Ciudadanos), condicionados ahora por el pacto de gobierno que desalojará de la Junta a los socialistas tras casi 40 años en el poder.
En caso de que sus votos fueran en contra del proyecto presupuestario, Espadas no duda en hacerlos responsables de que la ciudad pierda 30 millones en inversión. Así de claro lo ha dicho:“La responsabilidad es de todos porque es del Pleno del Ayuntamiento al completo”.
Las cuentas presentadas por el gobierno socialista contemplan una partida de 302 millones para el Capítulo 1 y aumentar en hasta 16 millones las transferencias para empresas municipales y organismos autónomos. Estas cifras tienen como objetivo principal cubrir los gastos que genera la semana laboral de 35 horas, aprobada en Pleno. Se destinan para ello 30 millones.
Si las cuentas no salen adelante, habrá que detraer tal cantidad de las inversiones y el techo de gasto se reducirá. La advertencia del interventor municipal es para Espadas “razón más que suficiente” para que todos los partidos apoyen el proyecto presupuestario o se abstengan. Por tal motivo llama a la “responsabilidad”, una actitud que exige al grupo que cuenta con más concejales, el PP, que el año pasado se abstuvo en la votación, lo que propició que las cuentas de 2018 salieran adelante.
Las circunstancias, sin embargo, han cambiado bastante, a favor de los populares, que se hacen fuertes por la cercanía de las elecciones locales, condicionadas por la llegada de Juan Manuel Moreno a la presidencia de la Junta. El candidato a la Alcaldía de Sevilla por el PP y portavoz en el Ayuntamiento de este partido, Beltrán Pérez, ha dejado claro que el apoyo está complicado. Al menos, por ahora.
Después de recriminarle a Espadas la falta de cumplimiento de los acuerdos pactados en 2018, Pérez ha enumerado los requisitos –incluidos en su propuesta de presupuesto alternativo– para que el principal partido de la oposición se abstenga en la votación: una clara apuesta por el Metro, el pago de la Patrica (la participación de la ciudad en los tributos autonómicos), una oferta de 250 plazas de la Policía Local, una bajada considerable de impuestos así como la ayuda a autónomos y empresarios.
De ellos, hay dos condiciones –la Patrica y el Metro– que dependen directamente de la Administración autonómica. En este punto, el alcaldable popular aseveró “la clara apuesta de Moreno Bonilla por el Metro de Sevilla” y el “nuevo tiempo” que se abre para la capital andaluza con el PP en la Junta.
Por su parte, Ciudadanos supedita la abstención al presupuesto a un acuerdo “de ciudad” entre socialistas, populares y la formación naranja, que incluya requisitos como la implantación “real” de la Policía de barrio o eliminar el requisito de renta en la tarjeta de Tussam que usan las personas de mayor edad.
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