El PSOE advierte que vigilará “con especial celo” los informes jurídicos sobre operaciones urbanísticas del nuevo secretario

El Grupo Municipal Socialista ha advertido hoy de que vigilará cualquier informe jurídico que emita el segundo secretario nombrado a dedo por José Luis Sanz, y especialmente aquellos relacionados con operaciones urbanísticas e inmobiliarias facilitadas por el Ayuntamiento de Sevilla, al tiempo que ha expresado su “máxima desconfianza” hacia un cargo que era integrante del círculo más íntimo de su ‘mesa camilla’ cuando era el alcalde de Tomares.

Como una de sus primeras medidas de inicio de mandato en Sevilla, Sanz se propuso adjudicar cargos jurídicos a personal de su plena confianza, frente al rigor y la independencia del secretario actual, para que estos le sirvieran en bandeja informes jurídicos ad hoc que le facilitaran su gran objetivo como alcalde: las grandes operaciones inmobiliarias, entre ellas la urbanización de la Dehesa de Tablada para construir viviendas de lujo y, así, enterrar su conversión en un parque verde, público y metropolitano. “Sanz ya tiene a su secretario general y jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que le allane sus intenciones en Tablada”, ha avisado la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Sonia Gaya.

Ya en el otoño de 2023 sonaba el nombre que se ha confirmado en el día de hoy: Antonio Díaz Arroyo, que fue secretario de Tomares en tiempos de Sanz y hasta ahora lo era de Marbella. En la misma semana, asimismo, Sanz ha nombrado también como coordinadora general de Hacienda, puesto de nueva creación, a otra secretaria general de sus tiempos de Tomares. “Y la carambola es la siguiente: uno elabora y controla los informes jurídicos, y la otra, los dineros del Ayuntamiento de Sevilla. Por tanto, no nos fiamos en absoluto de las intenciones de Sanz”, ha comentado Sonia Gaya.

Mientras, el actual secretario general del Ayuntamiento de Sevilla, con reconocido prestigio de rigurosidad e independencia con respecto a los gobiernos que han pasado por el Consistorio hispalense, fuesen del color político que fuesen, queda relegado a ser secretario del Pleno municipal. El nuevo, en cambio, asumirá los actos jurídicos más relevantes para la gestión municipal, entre ellos los que emanan de la Junta de Gobierno Local y de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

“Sanz no recurre a la Ley de Grandes Capitales, que le permite la creación de nuevos habilitados nacionales en la gestión municipal, para agilizar los trámites administrativos, sino sólo para rodearse de personal de confianza y sumiso que no rechiste ante sus decisiones, aunque sean las erráticas e improvisadas a las que nos tiene acostumbrados”, ha añadido Gaya. En especial, todo informe jurídico vinculado a operaciones urbanísticas e inmobiliarias de la Gerencia será fiscalizado por el Grupo Socialista. “No podemos olvidar que dentro de la actual Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente hay dos cargos investigados por la Justicia, entre ellos el propio gerente. Por tanto, no podemos otorgar confianza alguna al creciente ‘clan’ Tomares en Sevilla”, ha apostillado Sonia Gaya.

Con respecto al nombramiento del nuevo secretario de Sanz, el PSOE municipal exigirá el expediente administrativo completo, puesto que podría ser nulo y motivo incluso para la impugnación. Dado que toda la oposición política rechazó en otoño de 2023 el intento de crear la figura de un segundo secretario, Sanz optó por aprobarla por la puerta de atrás: a través del Presupuesto de 2024, que sacó delante mediante cuestión de confianza y con una corrección del anexo de personal publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, BOP, y con posterioridad a la aprobación misma del Presupuesto.

De hecho, el documento de Presupuesto 2024 que se aprobó mediante esa moción de confianza no contemplaba en su anexo de personal la creación ni de esa figura jurídica. La corrección de errores se realizó durante el periodo de alegaciones, por lo que la ciudadanía sólo pudo presentar alegaciones a un Presupuesto incompleto. En consecuencia, la creación del nuevo secretario no estuvo sometida a exposición pública a pesar de ser preceptivo. Y la corrección de errores por la que se creó la plaza que no era de personal directivo tampoco fue negociada con los sindicatos, pese a ser una exigencia legal.