Doce horas de colapso de circulación en las avenidas más próximas al Prado, donde quedaron aparcados durante este tiempo 1.500 taxis (el 65% de la flota); la ausencia de servicio en las estaciones y el aeropuerto de Sevilla, justo en las vísperas del puente de la Inmaculada; y la detención de un taxista por supuesta agresión a un agente de Policía fue el balance de la protesta organizada ayer por las dos asociaciones mayoritarias del taxi (Unión Sevillana del Taxi y Solidaridad del Taxi) contra la gestión municipal de este transporte por parte del gobierno local de Monteseirín.

Oficialmente, los manifestantes tenían sólo un permiso de nueve horas (de 9:00 a 18:15) para realizar la protesta, según la orden de la Subdelegación del Gobierno, pero la detención sobre las tres de la tarde de un compañero, que fue puesto a disposición judicial, acabó alargándola hasta la noche,  cuando el detenido salió en libertad con cargos a las 21:45, hora a la que se desconvocó la protesta. Lo previsto era zanjar el paro con la petición de amparo a José Chamizo pero, según la Unión Sevillana del Taxi, la autoridad gubernativa permitió prolongar el permiso por este imprevisto. Sin embargo, lo lógico hubiera sido disolver la manifestación a su hora límite para evitar más perjuicios a la ciudad.

La detención del taxista, miembro de la Unión Sevillana, se produjo minutos después de que un grupo de ellos increpara y zarandeara el vehículo de un compañero que prestaba servicio a esa hora por el Paseo de Colón, pensando que la protesta ya había terminado. Cuando la Policía Nacional intervino para zanjar el incidente, el imputado, supuestamente, intentó agredir a un agente. La versión del sector es que tiró la moto del policía dando marcha atrás con su vehículo.

La cola de taxis salió de Santa Justa algo más tarde, sobre las 10:30, y fue colapsando todas las avenidas hasta llegar al Prado. Los vehículos se quedaron aparcados rodeando el Cid y hasta la altura de la Diputación. Ocupaban uno de los sentidos de circulación (quedó un carril libre para emergencias). El aeropuerto tuvo que reforzarse con más frecuencia de paso del autobús. El tranvía estuvo interrumpido y las líneas de Tussam con parada en el Prado fueron desviadas.

Bajo la estatua del Cid, celebraron una asamblea jaleada por el líder de Solidaridad del Taxi (Enrique Filgueras) y con el silencio del presidente de la patronal más numerosa. "Que se le pegue el palo al cerdo cuando menos se lo esperen", dijo Filgueras anunciando que habrá más movilizaciones por sorpresa. "Que estemos como una piña para que al Ayuntamiento se le caliente el agua del radiador", añadió.

El gremio denuncia el incumplimiento de varios puntos del segundo plan de modernización del taxi -expiró en octubre tras ser aprobado en el Pleno de octubre de 2005-, especialmente, el compromiso de inversión de 1,4 millones de euros por parte del Ayuntamiento para eliminar 25 licencias del taxi; vigilancia para acabar con el intrusismo en el sector; que se cierre la bolsa de contratación para que no entre un asalariado más en doble turno y que se apruebe la ordenanza del taxi.

Lo que las patronales del taxi callan sobre las licencias es que entre 2005 y 2007, cuando el plan sí estaba en vigor, rechazaron pedir el rescate de licencias por valor de 1,6 millones de euros, con el argumento de que el Instituto Municipal del Taxi tardaba mucho ("de 9 a 10 meses") en pagar al interesado en retirarla del mercado. Los taxistas se olvidaron del rescate y prefirieron transferir licencias por venta o alquiler porque el dinero llegaba más rápido. Luego cambiaron de opinión. En 2008 y 2009 presentaron de golpe la petición de retirada de más de 40 licencias, pero ya no había dinero. Fuentes de la patronal admitieron ayer que así ha sido, pero que Movilidad prometía guardar ese dinero si no se usaba, no gastarlo.

La ordenanza (para mejorar la calidad del servicio) es de imposible cumplimiento hasta que la Consejería de Obras Públicas de la Junta apruebe el Reglamento Andaluz del Taxi, cuyo borrador sufre un bloqueo de seis años. El director general de Transportes de la Junta confió ayer en aprobarlo en 2010.