Sociedad

Treinta años de cárcel por violar a una hija y agredir sexualmente a la menor

  • La sentencia del TSJCyL ratifica el fallo de la Audiencia de Zamora

Imagen de la fachada del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Imagen de la fachada del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Imagen de la fachada del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. / M. G.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora que condenaba a un hombre por delitos de violación continuada y agresión sexual sobre sus hijas menores a una pena de 30 años de prisión.

Los hechos se remontan a 2010, cuando el condenado asaltaba por las noches a la víctima, que tenía 12 años, aprovechando que el resto de la familia estaba dormida, para tocarle sus partes íntimas, siempre bajo amenaza de causarle daño a ella o a su madre si denunciaba los hechos. Esta situación se repitió en reiteradas ocasiones hasta 2017, cuando la víctima le contó a su madre los abusos. Ésta le instó a denunciar, pero no lo hizo por miedo a que el agresor pudiera hacer daño a su hija recién nacida.

Ese mismo año el acusado forzó una noche a la hermana pequeña de la primera víctima, que tenía 13 años y contaba con una discapacidad del 52% por retraso madurativo. Esta segunda víctima le contó en seguida a su madre los hechos, pero fue la abuela de las agredidas la que finalmente interpuso la denuncia en la comisaría de Policía, dando lugar a la iniciación del atestado policial y posterior procedimiento judicial.

El agresor ha sido condenado por un delito continuado de agresión sexual a ocho años y nueve meses de prisión y posterior libertad vigilada de 8 años. Por un delito continuado de violación, puesto que los tocamientos iniciales fueron a más con el paso de los años, el juzgado le condena además a 13 años y siete meses de prisión y libertad vigilada durante diez años. Por último, se suma un delito de agresión sexual a una menor de 16 años, con una pena de ocho años de prisión y libertad vigilada por otros tantos años.

Además, deberá indemnizar a las víctimas con 30.000 y 6.000 euros y abonar las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

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