Ticket de compra: los supermercados piden al Gobierno que deje de ser obligatorio imprimirlo

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) ha trasladado al Gobierno una petición formal para modificar la normativa vigente que obliga a entregar el ticket de compra en formato físico. Esta patronal, que representa a las principales cadenas de distribución del país como Mercadona, Lidl, Aldi, Ahorramás y Consum, propone que sean los propios consumidores quienes decidan si desean recibir el comprobante impreso o prescindir de él.

La iniciativa de ASEDAS busca reducir el desperdicio de papel y los costes operativos asociados a la impresión masiva de tickets. Según datos aportados por la patronal a RTVE, actualmente el 30% de los comprobantes emitidos acaban siendo descartados inmediatamente después de la compra. "Cientos de millones de tickets terminan en la basura porque muchos clientes los abandonan en la propia caja" o "en las papeleras del establecimiento", han señalado desde la organización. Este desperdicio se traduce en 4 toneladas y media de papel y una inversión cercana a los 10 millones de euros anuales.

El marco legal actual en España establece requisitos claros en materia de protección al consumidor. El artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor determina que "se entregará recibo justificante, copia o documento acreditativo" en todas las transacciones comerciales. Esta disposición garantiza que los compradores dispongan de un documento que acredite su adquisición, facilitando posibles reclamaciones, devoluciones o garantías. Sin embargo, ASEDAS considera que esta normativa resulta obsoleta en el contexto digital actual y genera un impacto medioambiental innecesario.

El modelo europeo que quieren importar los supermercados españoles

La propuesta de la patronal de supermercados no surge de forma aislada, sino que toma como referencia experiencias ya implementadas en otros países del entorno europeo. Francia, Suiza, Países Bajos y Reino Unido "ya han dado pasos en este sentido", permitiendo que los establecimientos comerciales ofrezcan alternativas digitales al ticket tradicional. En estos mercados, los consumidores pueden optar por recibir el comprobante mediante correo electrónico, aplicaciones móviles o códigos QR, mientras que el formato impreso queda como una opción voluntaria.

Desde ASEDAS manifiestan su compromiso "de avanzar hacia la economía circular basada en la reducción del consumo de recursos naturales". La organización argumenta que la digitalización de los comprobantes de compra representa un paso natural en la modernización del sector retail, alineándose con las políticas medioambientales europeas y las expectativas de una parte creciente de los consumidores que prefieren soluciones tecnológicas.

La postura de los consumidores ante el fin del ticket obligatorio

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha valorado la propuesta de ASEDAS con una posición matizada. Si bien coinciden en que "hay que evitar residuos", no comparten plenamente el planteamiento de la patronal. Enrique García, portavoz de la OCU, ha manifestado en declaraciones al ente público que el enfoque debería ser diferente: "Sea obligatorio para la empresa el ofrecerlo y quede en manos del cliente la decisión de aceptarlo o rechazarlo".

García ha subrayado que "el matiz es importante" a la hora de reformular la normativa. Según explica, el riesgo de eliminar la obligatoriedad del ticket impreso radica en que podría limitar los derechos de determinados colectivos. "No queremos que, en pro de la sostenibilidad, se limite el derecho a la información y la protección de los consumidores vulnerables", ha advertido el portavoz de la OCU, refiriéndose específicamente a aquellos consumidores que "no tienen la capacitación digital suficiente para manejar una app y descargarse un recibo".

Impacto económico y medioambiental del ticket de compra

Los datos aportados por ASEDAS revelan la magnitud del fenómeno. Con cientos de millones de tickets desechados anualmente, el sector de la distribución enfrenta un doble desafío: económico y ecológico. La cifra de inversión necesaria para mantener el sistema actual de impresión obligatoria asciende a aproximadamente 10 millones de euros, recursos que las cadenas de supermercados consideran susceptibles de optimización.

Desde el punto de vista medioambiental, las 4,5 toneladas de papel desperdiciadas representan únicamente la fracción de tickets que se descartan inmediatamente. A esta cantidad habría que sumar aquellos comprobantes que los consumidores conservan temporalmente pero que finalmente acaban también siendo eliminados. La producción de este papel implica consumo de recursos hídricos, energéticos y forestales, así como generación de residuos en el proceso de fabricación y posterior tratamiento.

¿Qué es ASEDAS y qué representa en el sector de la distribución?

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados es la organización patronal que aglutina a las principales enseñas de distribución alimentaria en España. Entre sus miembros se encuentran gigantes del sector como Mercadona, líder indiscutible del mercado español, así como las cadenas de origen alemán Lidl y Aldi, que han experimentado un crecimiento sostenido en las últimas décadas. También forman parte de ASEDAS otras empresas relevantes como Ahorramás y Consum, la cooperativa valenciana con fuerte implantación en el arco mediterráneo.

Esta patronal ejerce una función de representación e interlocución con las administraciones públicas en asuntos que afectan al sector. Sus ámbitos de actuación incluyen cuestiones regulatorias, laborales, fiscales y medioambientales. La propuesta sobre el ticket de compra se enmarca precisamente en esta última categoría, buscando armonizar la legislación española con las tendencias europeas en materia de sostenibilidad y reducción de residuos.

¿Cómo afectaría el cambio normativo a las devoluciones y reclamaciones?

Una de las preocupaciones que suscita la posible eliminación de la obligatoriedad del ticket impreso se refiere a los procesos de devolución y reclamación. Actualmente, el comprobante físico constituye la prueba documental de la compra, siendo imprescindible en la mayoría de establecimientos para ejercer el derecho de devolución o para activar garantías de productos.

Los defensores de la digitalización argumentan que los comprobantes electrónicos ofrecen las mismas garantías jurídicas que los impresos, con la ventaja añadida de ser más difíciles de extraviar y de poder recuperarse fácilmente. Sin embargo, esta solución requiere que los consumidores dispongan de dispositivos electrónicos y conocimientos mínimos para gestionar aplicaciones o correos electrónicos, algo que no está al alcance de toda la población.

¿Existen alternativas sostenibles al ticket de papel tradicional?

La tecnología actual ofrece múltiples alternativas al ticket impreso en papel térmico, el formato más común en la actualidad. Entre las opciones disponibles se encuentran el envío del comprobante por correo electrónico, la descarga mediante código QR escaneado en el momento del pago, o la consulta a través de aplicaciones móviles vinculadas a tarjetas de fidelización.

Algunas cadenas ya han comenzado a implementar estos sistemas de forma voluntaria, permitiendo a sus clientes elegir el formato preferido. La vinculación del ticket a métodos de pago electrónicos facilita además la trazabilidad de las compras sin necesidad de conservar documentos físicos. No obstante, estas soluciones presentan todavía desafíos en términos de accesibilidad universal y privacidad de datos.

¿Qué dice la normativa actual sobre los justificantes de compra?

La legislación española en materia de consumo establece con claridad la obligación de las empresas de proporcionar documentación acreditativa de las transacciones. El artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor no especifica que deba ser necesariamente en formato papel, abriendo teóricamente la puerta a formatos alternativos, pero en la práctica la interpretación mayoritaria ha sido la de entregar un documento físico.

Para modificar esta situación, sería necesaria una actualización normativa que contemple explícitamente las opciones digitales y que establezca salvaguardas para garantizar que ningún consumidor quede desprotegido. La propuesta de la OCU de mantener la obligación de ofrecer el ticket, dejando en manos del cliente su aceptación, representaría un punto intermedio entre la situación actual y la liberalización total que plantea ASEDAS.