La policía nacional ha detenido en Sevilla a cinco personas acusadas de formar una organización "perfectamente estructurada" que en pocos meses ha estafado a una docena de personas y ha obtenido unos beneficios de 1,3 millones de euros con la venta de inmuebles supuestamente embargados. Los detenidos por agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial son: A.I.A., de 38 años, P.G.C., de 36, M.L.A., de 63 años, A.J.C.R., de 49 años y A.C.M., de 64 años, todos ellos acusados de los delitos de falsificación de documentos, asociación ilícita y estafa, según un comunicado de la policía.

La banda captaba personas interesadas en las subastas judiciales en el entorno de los juzgados de Viapol y les hacían creer que podían adquirir propiedades inmobiliarias embargadas judicialmente antes de su salida a subasta pública mediante lo que ellos llamaban "designación judicial directa". Con ese proceso, aseguraba la banda, se ahorraba mucho dinero gracias a los contactos que tenían con los encargados del procedimiento. Para ello, uno de los detenidos se presentaba como Fiscal, ofrecía diversas propiedades que podían ajustarse a los intereses de las víctimas y se entrevistaba con ellos en las dependencias que el Ilustre Colegio de Abogados de esta capital tiene asignadas en el edificio Viapol. Al exigir los compradores garantías o desconfiar del supuesto Fiscal, otro miembro de la organización se hacía pasar por Perito Judicial y se desplazaba con ellos hasta la propiedad que supuestamente iba a ser subastada.

En la casa simulaba llevar a cabo una tasación, lo que reforzaba la confianza de las víctimas y les hacían creer de manera definitiva que iban a adquirir un inmueble embargado. A continuación, otros de los miembros de la organización se hacían pasar por secretarios judiciales y falsificaban los documentos necesarios que daban fe pública. La entrega del dinero se hacía en sede judicial en el edificio Viapol, donde entregaban un 30 % y días más tarde el resto de la cantidad convenida con el supuesto Fiscal, que les entregaba toda la documentación oportuna debidamente falsificada, incluidos resguardos de los ingresos bancarios. Si alguno de los compradores mostraba reparos morales en adquirir un inmueble que hubiera sido embargado a una familia, uno de los integrantes de la banda se hacía pasar por un empresario interesado también en dicha finca para obligar al comprador a decidirse de manera inmediata. De esta manera la organización realizó, entre otras, transacciones de una finca de 600 hectáreas en Hinojos por 103.000 euros; una nave industrial en el polígono PISA de Mairena de 230.000 euros; y una casa en El Rocío, que vendieron en dos ocasiones distintas, les reportó 240.000 y 230.000 euros. También hicieron transacciones de un piso en La Antilla por 70.000 euros; dos casas en la localidad de Manzanilla por 78.000 y 74.000 euros, y un piso en Punta Umbría de 30.000 euros.

La Policía Nacional tuvo conocimiento de lo sucedido la última semana de enero a través de la denuncia de uno de los afectados, y para culminar la operación, los agentes montaron un dispositivo que hizo creer a los autores que se dirigían a diversas citas con nuevas víctimas. De los cinco detenidos, sólo uno tenía antecedentes previos por un ilícito de otra naturaleza, y tras ser puestos a disposición judicial, tres de ellos ingresaron en prisión.