La comisión colegiada de IU en Sevilla, que se reunió ayer para analizar la moción de censura contra el PSOE impulsada por sus dos concejales en Benacazón, acordó por unanimidad desautorizar la iniciativa,  presentada junto a Cs y el PP y que situará en primera instancia en la Alcaldía al portavoz popular, Pedro Oropesa. Con ese dictamen, es ahora la dirección andaluza la que debe adoptar medidas disciplinarias, para lo que se reunirá de forma inminente. 

No obstante, la dirección provincial de IU aboga también por "agotar las vías de diálogo" en estos días, aunque ya habido varias reuniones con el PSOE que no han dado resultado, para impedir la celebración del Pleno en el que se debe debatir y votar el cambio de gobierno, que ya está convocado para el 1 julio, diez días hábiles después del registro de la moción de censura en el Consistorio.

"Esta comisión colegiada de IU Sevilla desautoriza la presentación de la moción de censura con PP y Ciudadanos por parte de nuestro grupo municipal de IU Adelante Benacazón, puesto que atenta contra la razón de ser de IU, contra todos nuestros acuerdos históricos y muy específicamente contra los aprobados en las Jornadas Municipalistas celebradas en la Universidad Pablo de Olavide en 2019 y su desarrollo político posterior en diferentes ámbitos de territoriales de nuestra organización", recoge la resolución aprobada.

Tal y como recogen los estatutos de IU, esta resolución se va a elevar a la dirección andaluza, que se reunirá en los próximos días y que es la que debe tomar, en su caso, medidas disciplinarias contra sus concejales en Benacazón, Carmen Rocío Bautista y Manuel Ortiz -éste último portavoz del grupo y que asumiría la Alcaldía el último año de mandato si el acuerdo con el PP y Cs se mantiene-, tanto en su condición de militantes como en sus ámbitos institucionales en el Ayuntamiento y en la Mancomunidad del Guadalquivir.

Ortiz ya ha hecho manifestaciones en las que descarta rectificar la decisión que han tomado por la postura de IU. Según argumenta, la necesidad de cambiar al gobierno se debe al procesamiento de la alcaldesa, Juana Mari Carmona, por un presunto delito de prevaricación al haber favorecido supuestamente la contratación de un ex concejal socialista del Ayuntamiento como peón de la basura en la Mancomunidad de Municipios del Guadalquivir, cuando ésta asumió en 2009 el servicio que prestaba el Ayuntamiento, aunque la regidora defiende su inocencia y ha descartado hasta ahora dimitir.