Espartinas

El gobierno local asegura que ha pagado casi 14,5 millones de deuda municipal

  • La cantidad más importante son más de 9 millones de euros, de sentencias por la tasa urbanística que el TSJA declaró ilegal y por obras 

  • También se han abonado 4,3 millones del plan de pago a proveedores y 283.000 euros a la Seguridad Social 

El Ayuntamiento de Espartinas, donde gobernó el PP hasta las elecciones de 2015, cuando ganó Cs.

El Ayuntamiento de Espartinas, donde gobernó el PP hasta las elecciones de 2015, cuando ganó Cs. / José Ángel García

Los problemas internos que ha tenido Cs desde que asumió el gobierno local en Espartinas y las carencias en su gestión han estado condicionados por muchos factores. Son conocidos. 

Pero uno de ellos ha sido, también, la situación financiera del Ayuntamiento, donde poco antes de su aterrizaje ya se había tenido que llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectó a más de 70 trabajadores. 

Así las cosas, en el controvertido balance del mandato, el equipo de la alcaldesa Olga Hervás (ahora con sólo tres concejales no adscritos) ha recordado que ha tenido que abonar casi 14,5 millones de euros por deudas pendientes, derivadas de la gestión anterior del PP, que le han condicionado. Por ley, el pago de deudas es prioritario en las administraciones locales. 

Según detalla, el mayor porcentaje de esta cantidad son pagos por sentencias judiciales firmes, que se han llevado más de 9 millones de euros.

De éstos, 6,8 tienen que ver con  la tasa que se aplicó en su día a los convenios urbanísticos que se firmaban y que fue declarada ilegal por el TSJA. Los distintos propietarios que la pagaron o a los que se les exigió la han ido reclamando.

Otros 2,2 millones de esa deuda judicial son por otras reclamaciones civiles de cantidad. Entre ellas, está la que se tuvo que abonar a la empresa que edificó el Pabellón Cubierto o los pagos a la arquitecta que diseñó la ampliación de la plaza de toros. 

Pago a proveedores

La otra parte importante de la deuda han sido casi 4,4 millones por créditos del llamado plan de pago a proveedores, del Real Decreto 4/2012, con el que el Gobierno central hizo aflorar las facturas que muchos ayuntamientos tenían en los cajones, acumuladas durante años. 

Por otro lado, se ha tenido que afrontar un pago de más de 283.062 euros de deuda contraída con la Seguridad Social, según un aplazamiento que se acordó en 2011. 

El resto, son operaciones de tesorería con los bancos y otros 631.507 euros que pidió el actual gobierno local a principios de mandato a la Diputación, a través de los Fondos Extraordinarios de Anticipos Reintegrables (FEAR) para hacer frente a la falta de tesorería para el día a día del Ayuntamiento. 

A algunas de estas cifras habría que sumar costas e intereses que están pendientes. Según fuentes del gobierno local, a final de 2019 la deuda por sentencias judiciales, que es la principal, quedará a cero. 

En este sentido, han recordado que, entre las medidas que adoptó el equipo de Cs al inicio del mandato estuvo la contratación de un asesor económico, que se encargó de hablar con las distintas empresas y promotores, para establecer un calendario de pagos

Ello ha permitido, según mantienen, reducir en algunos casos el principal de la deuda y los intereses, por casi 300.000 euros en total.  

Según el mismo portavoz, pese a todas las controversias que se han sucedido desde julio de 2015, el Ayuntamiento está ahora más saneado que hace cuatro años, en lo que ha sido una "labor fea", que el vecino no aprecia, pero a la que el equipo de gobierno estaba abocado. 

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