La Junta sólo sufraga el 70% de los gastos de un colegio concertado

La apuesta de la Junta por ampliar su oferta educativa a través de los conciertos supone un claro ahorro para las arcas públicas, ya que la inversión entre un centro público y otro concertado difiere en un 30% en perjuicio de los segundos. Dicho porcentaje se traduce en un esfuerzo financiero por parte de los titulares de los colegios e institutos con los que la Consejería de Educación establece un convenio para que los servicios prestados a sus alumnos no sean inferiores a los que oferta la enseñanza pública, que es financiada al 100%, mientras que en la concertada no se cubre en muchos casos ni el 70% de los gastos. Por este motivo, la dirección de los concertados tiene que recurrir a los padres a los que en numerosas ocasiones se les ofrece la posibilidad de contribuir con una cuota al pago de los gastos.

El nuevo decreto de escolarización que prepara Educación limita aún más estas posibilidades de inyección económica al estrechar el cerco sobre el cobro de cuotas a los padres con hijos matriculados con la intención de que cualquier familia, con independencia de su poder adquisitivo o procedencia, pueda aspirar a una plaza en un concertado. Esta prohibición ya la recoge a nivel estatal la Ley Orgánica de Educación (LOE), aunque ahora la Administración andaluza profundiza en ella tras los casos detectados en varios colegios de Almería, que obligaban a los padres a contribuir con el mantenimiento del centro.

El artículo 1.4 de la nueva normativa establece que "para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones, ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica". Por tanto, la financiación de los concertados se ciñe a las aportaciones de la Junta, y se restrigen cada vez más las posibilidades de acudir a otras alternativas. Las cuentas tienden, de esta forma, a acabar en números rojos.

El dinero que anualmente aporta la Consejería de Educación viene establecido en los Presupuestos Generales del Estado que elabora el Gobierno central. En ellos queda fijada la distribución de fondos para estos conciertos según el ciclo educativo. Dicha cantidad (que se multiplica según el número de aulas concertadas que tenga el centro) viene especificada para personal docente, gastos variables y otros gastos, siendo este última inversión la que se destina para el mantenimiento del colegio o instituto, que excluye, entre otros aspectos, el pago al personal de administración y servicios que contrata el centro.

Si esta inversión se compara con la que reciben los colegios totalmente públicos se constata una diferencia que puede superar el 30%, según señalan fuentes del sector. Los titulares de los concertados, por tanto, han de elegir entre reducir sus servicios o buscar otras vías de financiación para poder costearlos. Dicha diferencia podría ser comprensible -el dinero público va a parar a manos privadas- si no fuera porque la cuota de la enseñanza concertada en la última década ha pasado de suponer el 2,5% al 21,7% de la oferta educativa en Andalucía desde los tres años, etapa aún voluntaria pero con la que se garantiza la plaza hasta el final del ciclo escolar obligatorio. La pública, pese a ser la mayoritaria, ha crecido menos de dos puntos en este tiempo, pasando de representar el 77,6% al 79% de la oferta educativa.

La Junta, por tanto, opta claramente por la concertada para ampliar su red de plazas sostenidas con fondos públicos, ya que este tipo de convenio ofrece la posibilidad de incrementar la oferta en menos tiempo y llegar a barrios en los que difícilmente construiría nuevos centros educativos por escasez de terrenos o por destinar los edificios de su propiedad a fines institucionales. Además, con la concertación la propia Consejería salvaguarda la libertad de los padres para elegir la educación que más oportuna estimen para sus hijos.

Sin embargo, el dinero que reciben los concertados en concepto de beneficio está lejos de cubrir las necesidades reales de un colegio para poder ofrecer los mismos servicios que uno público, a no ser que su titular esté dispuesto a afrontar serios riesgos financieros, situación que se produce en numerosas casos. Por esta razón algunas patronales llevan pidiendo desde hace varios años al Gobierno andaluz que establezca una línea de subvención para sus centros con la que puedan equipararse con los públicos. Estas ayudas ya se prestan en tres comunidades españolas: Navarra, País Vasco y Cataluña. Según señala la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Andalucía, las peticiones formuladas han caído en "saco roto".

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