El Defensor del Pueblo Andaluz investigará de oficio los fallos en el cribado del cáncer de mama

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio tras conocerse las "graves disfunciones" detectadas en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDP-CM) en Andalucía.

En un comunicado, la institución ha manifestado su “consternación” y “profunda preocupación” ante los hechos, y ha expresado su intención de contribuir a esclarecer las causas, el impacto sanitario y los posibles perjuicios ocasionados por la falta de comunicación de resultados a miles de mujeres que participaron en este programa preventivo.

La actuación del Defensor se produce tras las denuncias públicas de mujeres afectadas y de la asociación Amama, así como después de que la Consejería de Salud confirmara que al menos 2.000 mujeres con resultados no concluyentes desconocían su situación porque no recibieron la información obtenida en sus mamografías de cribado. En un comunicado, el organismo enfatiza que "es la primera vez" en 30 años de funcionamiento del programa en la que se ven "obligados" a iniciar una investigación de carácter general y no restringida a casos individuales, "un total de cinco en los últimos años".

En este punto, Jesús Maeztu considera que "concurren razones suficientes por la alarma social generada, el reconocimiento público de las deficiencias y la necesidad de reparación justa de los posibles daños sufridos". "Me voy a empeñar en el tiempo que me queda en recuperar derechos que se han lesionado y en reparar daños dolorosos", ha enfatizado antes de añadir que, si no abriera esta investigación, se estaría "absteniendo de tanto dolor". "Es probablemente el caso más abultado de intervención que ha asumido la Defensoría en sus años de existencia", ha abundado.

El Defensor del Pueblo andaluz ha recordado que el programa, en funcionamiento desde 1995 y considerado uno de los pilares de la salud pública andaluza, realiza cada año unas 450.000 mamografías a mujeres de entre 49 y 71 años. Su finalidad es detectar de forma temprana posibles lesiones para mejorar el pronóstico, reducir la mortalidad y evitar intervenciones agresivas.

Sin embargo, Maeztu advierte de que lo sucedido "cuestiona el principio fundamental del programa". "Garantizar la detección precoz mediante una información y atención sanitaria adecuada y en tiempo oportuno", apostilla.

El Defensor del Pueblo Andaluz califica de "especialmente grave" que las mujeres con resultados dudosos o no concluyentes (clasificación BI-RADS 3) no hayan sido informadas ni citadas para completar estudios o realizar un seguimiento. "Esta falta de comunicación, revelada por los medios, podría comprometer el derecho a la protección de la salud y vulnerar la normativa vigente sobre información clínica", aclara.

El organismo recuerda que el derecho de las pacientes a conocer los resultados de sus pruebas diagnósticas está "amparado por la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente". "La ausencia de información, además de vulnerar derechos, puede suponer una pérdida de oportunidad asistencial y ocasionar daños evitables", señala el comunicado.

Maeztu ha solicitado a la Consejería de Salud y al Servicio Andaluz de Salud (SAS) información detallada en tres bloques, además de pedir acceso a los resultados de la investigación y de la auditoría que se están llevando a cabo.