El Gobierno avanza en la expropiación del hotel del Algarrobico

El monumental enredo judicial en el que está envuelto el hotel del Algarrobico en la localidad almeriense de Carboneras, añadió una muesca más a un asunto que se prolonga a lo largo de más de dos décadas. Cronológicamente, el 10 de febrero, María Jesús Montero anunciaba la intención de expropiar la parte del terreno bajo gestión del Gobierno central para proceder a su demolición. Un día después, el Consejo de Ministros lo hacía oficial. El 24 de junio se publicaba la declaración de necesidad de ocupación, un trámite imprescindible en todo este proceso. En ella, se daban los plazos para presentar alegaciones, resolverlas y los recursos correspondientes. La promotora del inmueble ejerció ese derecho y ahora, el Ministerio de Transición Ecológica, falla en contra de sus pretensiones. Contra esta decisión cabe interponer un recurso ante los tribunales de lo Contencioso. Conociendo los antecedentes, se da por seguro.

Lo nuevo es esa decisión del Miteco que, según reconocieron a este periódico “pone fin a la vía administrativa” y “confirma en todos sus términos la decisión de la Delegación del Gobierno y mantiene la hoja de ruta marcada por el Consejo de Ministros el 11 de febrero de este año, cuando se aprobó la declaración de utilidad pública de 16.432 metros cuadrados afectados por la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre”. Esta superficie es exactamente la mitad de toda la ocupada por el inmueble. El resto, está bajo la gestión de la Junta de Andalucía.

El rechazo al recurso de la promotora ahonda en la pretensión del Gobierno en demoler un hotel que lleva abandonado desde hace casi 20 años, cuando una decisión judicial, la primera de un periplo interminable, paralizó las obras del mismo. Incluso con el recurso que interpondrá Azata a la declaración de utilidad pública, la demolición de la parte del Gobierno sí puede estar en pocos meses. Esta decisión dará paso entonces a la compra efectiva de los bienes afectados, previa presentación por parte de la promotora de una hoja de aprecio con su propuesta de valoración económica. Esta valoración será objeto de una negociación que también tendrá sus correspondientes alegaciones y recursos.

El presentado por Azata cuestionaba, entre otros aspectos, la descripción de los bienes objeto de expropiación, la ausencia de un proyecto aprobado y la supuesta falta de motivación individualizada. Alegaba que la declaración de utilidad pública generaba una situación de indefensión y aportaba un informe técnico de parte. El Ministerio considera que estos argumentos ya fueron examinados y rechazados en informes previos de la Dirección General de la Costa y del Mar y de la Abogacía del Estado, ambos incorporados al expediente, y reitera que la documentación es suficiente para justificar la necesidad de ocupación.

La decisión del Miteco recuerda que el hotel ocupa parte de la franja de 100 metros de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, según el deslinde confirmado judicialmente. Subraya asimismo que se levanta sobre suelo calificado como no urbanizable dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y que la licencia municipal de obras concedida en 2003 está pendiente de revisión de oficio por posible nulidad. La Abogacía del Estado ha sostenido que la valoración de los terrenos no puede hacerse como si fueran urbanizables ni considerar el hotel como un bien con valor constructivo, dado su carácter ilegal, pues ello supondría un enriquecimiento injustificado de la promotora.

La decisión del Miteco se produce en un contexto en el que distintas administraciones y colectivos sociales han intensificado su presión para ejecutar las sentencias que declaran ilegal la edificación. El pasado 31 de julio, el pleno del Ayuntamiento de Carboneras aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística para reclasificar el paraje de El Algarrobico como suelo no urbanizable, aún no efectivo al no haberse cumplido con el trámite de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, ni en el Registro de Inmuebles de la Junta.

Greenpeace pide a la Junta que derribe su parte

Greenpeace celebraba ayer la decisión del Gobierno central de desestimar el recurso interpuesto por la promotora, Azata del Sol, contra la expropiación del Algarrobico y aprovechó para advertir de que ahora corresponde a la Junta dar el siguiente paso para que se produzca la demolición definitiva del inmueble, es decir, expropiar la parte de los terrenos que le corresponde. La organización ecologista considera que esta decisión “acerca un poco más al final de 20 años de batallas judiciales”, aunque todavía quedan meses para culminar el proceso. “El derribo de la ruina del hotel ilegal está más cerca, pero falta que la Junta haga su parte y expropie la parte del inmueble que ocupa ilegalmente el Parque Natural”, indicó. Para Greenpeace, “el Algarrobico ha sido durante dos décadas el símbolo de la especulación”.

La responsable del Área de Campañas de la organización, María José Caballero, señaló que “sería un absurdo que sólo se derribe una parte. La Junta de Andalucía tiene que actuar ya en su parte” y reclamó que “la demolición sea completa y marque un precedente y ha asegurado que “el Algarrobico será historia. Su derribo debe marcar un antes y un después: nunca más especulación en nuestras playas”.