Mucho humo yningún tren

El proyecto faraónico del anillo de pruebas que iba a catapultar a Antequera a la cima internacional en materia ferroviaria no solo se ha quedado en nada sino que además ha protagonizado uno de los mayores ridículos que se recuerden en el sector de las infraestructuras en Europa. Ni las empresas tenían interés en colaborar, ni era una instalación necesaria, ni generaba el empleo estable que se preveía, ni ninguno de los dos gobiernos centrales- el PSOE lo presentó y el PP lo heredó- han tenido la capacidad suficiente para sacarlo adelante. La Comisión Europea, en un informe demoledor que presentó el pasado lunes, puso la puntilla a una historia que nació del interés político en lugar del empresarial y que, si bien llevaba dos años en la Unidad de Cuidados Intensivos, el organismo europeo acaba de rematar al descartar cualquier tipo de financiación, acusando incluso al gobierno español de haber infringido las normas.

El folletín es largo. Hay que remontarse al 18 de febrero de 2011. Quedan apenas nueve meses para las elecciones generales y poco más de un año para las andaluzas. El PSOE gobierna en ambos casos, así como en el Ayuntamiento de Antequera. Ese día, dos ministros de Zapatero, el de Fomento, José Blanco, y la de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, acompañados por el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, presentan a bombo y platillo el proyecto del anillo ferroviario en Antequera. El Gobierno iba a invertir, con la ayuda de fondos europeos, en torno a 350 millones de euros en la construcción del mayor anillo de ensayos ferroviarios del mundo a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). En este espacio se podrían probar trenes a velocidades de hasta 520 kilómetros por hora, cuando en los centros de prueba que ya existían en la República Checa, Alemania, Francia, Japón y Estados Unidos no se podían superar los 270 kilómetros por hora. La construcción empezaría en ese mismo 2011, durante un periodo de unos cuatro años, se estimaba que se generarían 7.000 empleos -4.800 directos y 2.404 indirectos- y se atraería una inversión privada de unos 60 millones de euros, pues una de las claves era que iba a ser un ejemplo en la colaboración público-privada.

"No existe en ningún otro país lo que aquí se va a construir", dijo José Blanco en la presentación. Los aplausos se podían escuchar en media Málaga. No obstante, también hubo detractores. Una plataforma, formada principalmente por agricultores y algunos alcaldes, temían los posibles efectos en el campo y asociaciones como Asaja fueron bastante combativas, organizando incluso tractoradas y concentraciones en la zona donde se iba a hacer el anillo. Aún están presentes en el recuerdo las arengas del ex secretario general de la patronal agraria, el fallecido Carlos Blázquez.

En 2011, como ha reconocido esta misma semana el Gobierno, el Ministerio de Economía le anticipó 130 millones de euros a Adif para dar los primeros pasos y adelantar la previsible financiación europea. Esto ha provocado ahora, cinco años después, una dura reprimenda de la Comisión Europea, porque entiende, no sin lógica, que el Gobierno español vendió la piel del oso antes de cazarlo. "La investigación de la Comisión reveló que España ya pagó a Adif, a partir de 2011, 140,7 millones de euros antes de que la Comisión adoptara su decisión, infringiendo las normas de la UE", informó este lunes este organismo. Resulta curioso que Europa habla de 140,7 millones y Adif, este pasado lunes también, indicara que fueron 130 millones. Hay 10,7 millones en el camino que ambos organismos deberán aclarar.

Las obras, como era de esperar, no empiezan en 2011. El 20 de noviembre gana el PP las elecciones generales y hay cambio de cartera, pasando a ser ministra de Fomento Ana Pastor, que no descarta la idea pero tampoco tiene muy clara su viabilidad. De hecho, el 6 de agosto de 2012, Adif comunicó que iba a colgar un cuestionario con 18 preguntas en su página web para conocer de primera mano cuál era el interés real de las empresas en participar en la construcción, mantenimiento y explotación del anillo ferroviario, haciendo hincapié en que solo se ejecutaría si había dinero público y privado. Adif proponía, para romper el hielo, pagar las obras y contratar a socios privados a través de una sociedad gestora a cambio de un canon anual. Pero era solo una idea inicial. Se quería implicar a constructoras, ferroviarias y tecnológicas, pues el proyecto incluía un circuito con ancho internacional para hacer ensayos en trenes entre 250 y 520 kilómetros por hora, dos circuitos secundarios para velocidades inferiores a 250 kilómetros por hora que sirvieran de test para metros y tranvías, y varias instalaciones auxiliares como un edificio de 20.000 metros cuadrados con talleres y laboratorios.

Pasaron los meses y nadie decía nada. Hasta el 22 de abril de 2013 cuando Ana Pastor, en una visita al Centro de Tecnologías Ferroviarias que sí se creó en el Parque Tecnológico de Andalucía para albergar a una treintena de empresas del ramo y que iba ligado indirectamente al anillo, anunció que antes de ese verano se licitaría la obra de construcción del circuito principal. La ministra justificó esos meses de mutismo en el hecho de que Adif estaba elaborando un estudio que asegurase la viabilidad económica del proyecto. Según Pastor, habían hablado con 40 empresas y parecía que había interés.

En junio de ese mismo año la Unión Europea ya dio la primera voz de alarma. El comisario de Política Regional, Johannes Hahn, ante una pregunta de un eurodiputado de IU, aseguró que la Comisión Europea estaba investigando si el circuito se ajustaba a la legislación medioambiental comunitaria. El comisario indicó que unos meses atrás, en mayo de 2012, el ejecutivo europeo pidió al gobierno español información complementaria sobre el proyecto, incluyendo aspectos medioambientales, y "solo se respondió de forma parcial", por lo que todo estaba en el aire. Sin el beneplácito europeo no habría financiación ni proyecto. El PSOE, por su parte, con el secretario provincial a la cabeza, Miguel Ángel Heredia, empezó a acusar al PP de querer frenar el proyecto.

Pese a la advertencia europea, se licitó apenas unos días después, en julio de 2013, por valor de 386 millones de euros. Llegó el primer gran mazazo. Ninguna empresa se presentó. Las condiciones requeridas por el Gobierno, según apuntaban las compañías, eran excesivas, especialmente con el canon. El proyecto quedaba herido de muerte y, además, había cierta urgencia porque los 250 millones de euros de financiación prometida por Europa caducaban en diciembre de 2015. O se hacía o se perdía esa ayuda.

En los meses posteriores Pastor comentó en varias ocasiones que se volvería a licitar, pero siempre que hubiera interés empresarial. "Estamos intentando que la industria se presente al concurso", dijo en marzo de 2014. En ese periodo, la Junta de Andalucía ofreció como alternativa utilizar como centro de pruebas una vía ferroviaria muerta entre Antequera y Marchena en la que el gobierno autonómico había invertido 279 millones de euros y que estaba en desuso. Fomento no lo contempló.

El certificado de defunción del anillo lo ha firmado la Comisión Europea dos veces. Primero el 23 de marzo de 2015, cuando desde Bruselas se anunció que se había abierto una investigación para examinar si la financiación pública era compatible con las normas de ayudas estatales de la UE. Ya se planteaban muchas dudas y este pasado lunes, 25 de julio de 2016, las resolvieron todas de forma tajante con frases como "no se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales", "no parece existir ningún interés en el mercado porque esas velocidades no serían comercialmente viables", "no haría sino duplicar otras infraestructuras existentes", "se esperaba que generase pérdidas durante todo su periodo de funcionamiento", "no contribuye al objetivo de promover el desarrollo sostenible de Andalucía y solo tendría escasos efectos a corto plazo mediante la creación de empleos temporales", "el coste público habría sido desproporcionadamente alto y España no consiguió demostrar las ventajas del proyecto", o "la financiación pública crearía un falseamiento de la competencia".

La bofetada de Europa al proyecto y sus gestores ha sido histórica. Tanto como el ridículo de una iniciativa que, como otras tantas, se ha quedado en meros planos e infografías. Adif devolverá el dinero dado por la Unión Europea, pero la broma no ha salido gratis. Se han gastado trece millones de euros de dinero público en la construcción de unas naves en Bobadilla a las que Adif está intentando encontrarle algún uso, así como otros cinco millones en la elaboración de proyectos constructivos y burocracia.