Yolanda Díaz no está dispuesta a compartir la bandera de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que este jueves reivindicó como uno de sus grandes logros de su política al frente del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La también vicepresidenta segunda del Gobierno vinculó ese logro a su forma de hacer política, basada en los acuerdos, en total 17, que calificó de “grandísimos”, de los que sólo dos no fueron tripartitos. Esto es, suscritos por el Ejecutivo, los sindicatos y los empresarios.

La  todavía ministra de Trabajo, en su participación en el seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ejerció más como candidata de Sumar a la rresidenta del Gobierno, pues desgranó parte de sus propuestas económicas, reivindicó como suyas las alzas y criticó la propuesta del candidato socialista a la reelección de garantizar por ley la subida del SMI al 60 % del salario medio, porque a su juicio, "se ha quedado corto".

"El señor Sánchez se ha quedado corto porque la Carta Social Europea habla de al menos el 60% del salario medio, pero España se encuentra a 25 puntos de distancias de las medias salariales en Europa", dijo en concreto Díaz.

Frente a ello, la ministra enfatizó que la propuesta de Sumar es continuar subiendo el SMI con la formulación actual del Estatuto de los Trabajadores, pero sin cifrar la subida en ese 60 % del salario medio.

La titular de Trabajo no dudó en atribuirse las alzas has registradas: "Yo he subido el SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea", dijo literalmente, además de volver a apuntalar que se produjeron con con diálogo social, la primera con acuerdo con los empresarios y los sindicatos, y las siguientes hasta los 1.080 euros en 14 pagas actuales sólo con los segundos.

"Si volvemos a gobernar se volverá a subir SMI en una estrategia deliberada de subida de salarios", porque el sueldo mínimo arrastra a otras subidas.

Yolanda Díaz aprovechó su intervención ante un auditorio mayoritariamente formada por periodistas económicos en un foro con gran repercusión mediática para detallar cuatro de las diez reformas que plantea Sumar. La primera de ella está precisamente referida al a consecución de una recuperación  del poder adquisitivo de los españoles, que ha sido golpeado por la inflación.

Esa reforma pretende controlar los márgenes empresariales, a los que culpa directamente de la resiliencia actual de la carestía de precios, especialmente en los alimentos.

Una segunda reforma es una revisión integral de la política impositiva. “Una reforma fiscal justa”, la definió Díaz, para, según dijo, “acabar con los privilegios de una minoría”. Esa reforma pasa por gravar más las rentas de capital para que no se iguales a las rentas del trabajo. En su opinión hay “injusticia fiscal en España”.  La reforma integral que defiende mejoraría su progresividad. Estructural y permanente.

La reforma afectaría también al impuesto de sociedades, especialmente para que las empresas grandes contribuyan más. Además, mantendría los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas hasta que se aplicase la revisión integral de la fiscalidad.

También propuso una reforma de la productividad y otra reforma empresarial, que “democratice las empresas, con mayor implicación de los trabajadores en la gestión y con más paridad”.

Mil euros directos por el alza de las hipotecas

A preguntas de los periodistas, Díaz detalló el bono social de emergencia para los hogares hipotecados que lleva entre sus propuestas a las elecciones será un ingreso "inmediato" de 1.000 euros.

Esta compensación inmediata sería aplicable a hipotecas de hasta 250.000 euros y una antigüedad de hasta 10 años afectadas por el alza de tipos.

"Le ingresaremos un porcentaje que ha sido conservador de 1.000 euros de compensación a todas las personas con estas características", dijo Díaz.

La candidata de Sumar cree que esta fórmula será efectiva frente al código de buenas practicas que “no funciona”. "Si estuviera funcionando la gente no lo estaría pasando mal", añadió.

Díaz también contestó a que es partidaria de mantener la participación del Estado en Caixabank y por desarrollar herramientas de carácter público que permitan, por ejemplo, financiar grandes proyectos industriales, como alternativa a una banca pública.