La Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a José Antonio Sáenz Sánchez, dueño de la Hacienda La Boticaria y administrador de la sociedad Sansan de un delito de estafa del que estaba acusado por la empresa Hotusa y su filial Antilia, quienes firmaron un contrato de arrendamiento del hotel de Alcalá de Guadaíra en noviembre de 2011 que terminó en un concurso de acreedores voluntario. La sentencia considera que las acusaciones "se aferran a argumentos que no pueden acogerse· por el tribunal.

Es decir, como indica el ponente, "para que pueda hablarse de la existencia de un delito de estafa hace falta algo más que un simple incumplimiento contractual. Para que se entienda cometido dicho delito, es preciso que el desplazamiento patrimonial realizado por la víctima sea producto de un error causado por el engaño provocado por el autor. Y ese engaño ha de ser eficaz y bastante y además antecedente o al menos coetáneo al acto de desplazamiento patrimonial del sujeto pasivo". Unas condiciones que en esta ocasión no se dan a juicio del tribunal, que considera que sólo hay conjeturas "que no reúnen los requisitos necesarios para que el tribunal pueda alcanzar la certeza que exige un pronunciamiento penal condenatorio" y que no hay engaño por parte del acusado

Entre otras razones, considera inverosímil  "la ocultación de la existencia de una hipoteca y embargos sobre el inmueble, así como la apariencia de solvencia de la entidad Sansan". Para ello, la sentencia recuerda que uno de los testigos manifestó ante el tribunal que se comprobó la titularidad de la finca, "de lo que se ha de inferir que, además, se comprobaron esas cargas". Señala, además que "al pedir la nota al registro, junto con esa titularidad aparecerán las cargas y gravámenes". En referencia a la deuda, el ponente recuerda que lo que se cedió no fue la propiedad de un terreno, sino "la explotación de una industria y, por tanto, la existencia de esa deuda, que no perturbó en ningún momento la marcha del negocio, no puede tener trascendencia pues no operaba como un gasto a afrontar por la explotación de la industria alquilada", sino por la propiedad, en este caso Sansan.

Se extraña el tribunal que la contratación realizada "sin comprobar libros y cuentas depositadas en el Registro Mercantil, ni asientos del de la Propiedad". La empresa de José Antonio Sáenz, Sansan, presentó sus cuentas del año 2010 y en ellas consta la declaración de pérdidas por importe superior a los 1.474.000 euros. "En estas condiciones ningún empresario puede asumir que contrata con quien goza de situación solvente y despejada económicamente. Más bien, y por el contrario, ha de ser conocedor de la realidad, que no es otra que la de asumir un negocio de grandes oportunidades y, por ello mismo, de grandes riesgos", apostilla la sentencia.

El tribunal vuelve a mostrar su sorpresa por que la acusación desconociera la situación de los trabajadores de La Boticaria, puesto que en la propia redacción del contrato, en el que se especifica la existencia de estas deudas, aunque no su concreto importe se señala que van a cuenta de  Sansan, y la forma de cubrir este riesgo por Hotusa-Antilia mediante claúsulas de compensación. "No es posible decir que no se sabe de estas deudas cuando el tenor literal del contrato lo niega", asegura la sentencia, que también motiva este conocimiento de la deuda con los trabajadores en las negociaciones y los contactos con empleados y proveedores realizadas antes de la firma del contrato.

Por si estos motivos fueran pocos, el tribunal recuerda que la situación del Hotel La Boticaria era conocida "para el ciudadano medio y lo era, con más motivo para el profesional, de modo que las ahora acusadoras asumieron ese riesgo con conocimiento de las circunstancias concurrentes, si no de modo preciso y en todos sus extremos, sí en su estructura general, no en vano el hotel acababa de ser abandonado por la cadena Hilton".

El empresario sevillano José Antonio Sáenz construyó en el año 2000 el hotel de gran lujo Hacienda La Boticaria, en Alcalá de Guadaíra. En él, además de un edificio con más de 100 habitaciones, estaba uno de los mayores spas de Europa, un campo de golf o cuadras. Ante la imposibilidad de sacar adelante el proyecto sin la intervención de un gestor capaz de atraer clientela de ámbito internacional, el 17 de noviembre de 2011 se celebró contrato de arrendamiento de industria entre las sociedades Sansa Hoteles SRLU, a la que correspondía la titularidad del hotel y de la que era representante legal José Antonio Sáenz, y el grupo Hotusa.

Una vez que el grupo hotelero se hizo cargo de la gestión del hotel, surgieron desavenencias entre las partes, así como conflictos con trabajadores y proveedores, que venían reclamando por deudas anteriores al 17 de noviembre de 2011, de modo que, tras diversas vicisitudes, la entidad Hotusa- Antilia abandonó la gestión.