El desenlace del caso que tiene en el aire las plazas de 44 agentes de la Policía Local está cada vez más cerca. La juez de lo Contencioso-administrativo número 7 ha requerido al Ayuntamiento de Sevilla para que informe sobre por qué no ha ejecutado la sentencia que de las polémicas oposiciones celebradas en 2012 y que afectan a estos funcionarios que tendrían que ser cesados para volver a examinarse para mantener sus plazas.

Después de que hayan transcurrido los dos meses del plazo legal para la ejecución voluntaria de la sentencia que obligaba a repetir el examen práctico y de que el denunciante de las oposiciones haya solicitado dicha ejecución, la magistrada ha dictado un auto, con fecha del pasado lunes, en el que acuerda "abrir ejecución" contra el Ayuntamiento de Sevilla y libra además oficio al Consistorio para en el plazo de diez días "informe sobre los motivos de no haberse dado cumplimiento al contenido de la sentencia", según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

Tras ese auto, el juzgado ha dictado además una diligencia de ordenación en la que requiere al Ayuntamiento para que informe precisamente sobre "las actuaciones practicadas en orden al cumplimiento de lo dispuesto en el fallo, remitiendo igualmente, en su caso, copia de las actuaciones realizadas".

En esa diligencia se advierte asimismo al Ayuntamiento de que, "si fuera preciso, el órgano judicial, previa audiencia de las partes, adoptará las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado", de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por último y, como no consta para el juzgado "cuál sea el órgano encargado de la ejecución", se solicita al Ayuntamiento para que "señale concretamente cuál" es el órgano que debe ejecutarla.

El Ayuntamiento de Sevilla tenía de plazo hasta el domingo, 18 de junio, para la ejecución voluntaria de la sentencia, un plazo que vencía justo el día después del relevo en la Alcaldía de Sevilla, con la salida de Antonio Muñoz y la entrada del popular José Luis Sanz, que venció al socialista en las pasadas elecciones municipales del 28-M y que será quien finalmente tendrá que decidir sobre un conflicto que se generó en la etapa de otro alcalde del PP, Juan Ignacio Zoido.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró "firme" el pasado 23 de marzo la sentencia que afecta a 44 agentes por la polémica de las "filtraciones" de las oposiciones de la Policía Local de Sevilla en 2012 -eran 45 pero uno de los afectados falleció en acto de servicio-, y desde ese momento el Ayuntamiento había estado estudiando la situación pero sin tomar ninguna decisión.

El informe de la dirección general de Recursos Humanos

Así, hay dos informes, uno de ellos elaborado por la dirección General de Recursos Humanos, que señalan cómo debe llevarse a cabo la ejecución de la sentencia, lo que plantea un dilema para el nuevo alcalde, que debe decidir sobre el futuro de estos agentes que, a la espera de la repetición de la prueba práctica de las oposiciones, tendrían que cesar en el cargo más de once años después de someterse al proceso selectivo. 

El informe elaborado por la dirección general de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla sobre la ejecución de la sentencia de las oposiciones señala precisamente los efectos que se han producido por el tiempo transcurrido desde que se celebró el proceso selectivo y la firmeza de la sentencia y, en este sentido, señala que el total de aspirantes cuyo nombramiento se han visto anulados por la sentencia asciende en realidad a 45 agentes -menos el agente que falleció en acto de servicio- porque aunque la convocatoria era de 56 plazas, la juez rechazó el recursos con respecto a la selección de 11 plazas del turno de movilidad.

De esos 44 afectados, cinco agentes ya no prestan servicio en el Ayuntamiento de Sevilla porque permutaron sus plazas con policías de otras provincias, y otros cinco han promocionado a "oficial" de la policía local, mientras que otros 15 están en un proceso de promoción interna para adquirir precisamente la categoría de oficial y uno incluso para subinspector.

Dice este informe que el coordinador general de la Alcaldía ha decretado ya el "acatamiento" dictado por la providencia dictada por el Tribunal Supremo y, en consecuencia, "procede ejecutar" la sentencia del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla, que fue ratificada por el TSJA y luego el Tribunal Supremo inadmitió los recursos, y que puede poner en la calle a estos agentes 11 años después.

Con la repetición del caso práctico, según este informe, habría 250 aspirantes que tendrían derecho a volver a realizar la prueba práctica del tercer ejercicio del proceso selectivo aectado por la sentencia que debe ejecutarse, dado que tendrían la condición de "interesados".

La dirección general de Recursos Humanos propone paralizar la promoción interna a la categoría de oficial a los aspirantes, dado que habrían dejado de cumplir un requisito esencial de la convocatoria -"ser policía local del Ayuntamiento de Sevilla y haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionario de carrera en la referida categoría"-; y también propone "cesar" en la condición de funcionarios a los afectados por la sentencia que, tras su cese, "dejarán de manener relación alguna con el Ayuntamiento de Sevilla".

Por último, proponía iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la permuta de plazas, ascensos y traslados, con la finalidad de que se declare la nulidad de los actos administrativos que aprobaron dichas permutas.