El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Flores, ha asegurado este martes que los servicios jurídicos municipales están "estudiando" el auto de la juez de lo Contencioso-administrativo número 7 que ha rechazado el incidente de inejecución planteado por el Consistorio, lo que obliga a cesar a los 44 policías locales afectados por la filtración de las oposiciones del año 2012 y a repetir el examen.

A propósito del auto de la juez, que no es definitivo dado que puede ser objeto de recurso de apelación, Ignacio Flores ha afirmado que "desde ayer por la tarde y hoy por la mañana los servicios jurídicos del Ayuntamiento" están estudiando la resolución y cuando termine ese estudio previo el Consistorio "tomará la decisión que sea oportuna", ha apuntado.

El delegado no ha realizado ninguna valoración sobre la decisión de la juez, que ha tumbado el cambio de opinión que realizó el Ayuntamiento el pasado 7 de septiembre, cuando tras haber iniciado la ejecución de la sentencia y haber convocado incluso la repetición del examen para el 30 de septiembre, comunicó a la juez la imposiblidad de ejecutarla por el "coste económico" y la merma para la seguridad ciudadana que supondría la destitución de los agentes.

Tal y como ha adelantado este periódico, la juez Nuria Marín ha dictado un auto que rechaza el incidente de inejecución planteado por el Consistorio hispalense y los formulados por las defensa de los agentes, que desplegaron toda una batería de argumentos para evitar el cese de los agentes más de una década después de que se produjera la filtración de los exámenes. 

Esta decisión judicial aleja la posibilidad de indemnización por parte del Ayuntamiento al opositor denunciante -y a los aspirantes que han ido personándose en los últimos meses en el juzgado-, todo ello después de que un grupo de agentes intentara llegar a un acuerdo económico para cerrar el caso.

Dice la magistrada que la pérdida de 44 funcionarios de la Policía Local de Sevilla en servicio activo con la consiguiente merma de la Seguridad Pública, "no puede conllevar la imposibilidad de ejecución de sentencia, ya que hay que ponerlo en relación con la seguridad jurídica y con los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública, principios que fueron vulnerados por la Administración".

En este sentido, recuerda la juez que la sentencia establecía que "si bien en el ámbito penal entra en juego el principio de presunción de inocencia, de culpabilidad y de tipicidad, en el ámbito administrativo existiendo sospechas fuertes y contundentes de que el caso práctico hubiera sido filtrado, la conclusión a la que se llegaría sería distinta, ya que en todo proceso selectivo deben velarse los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el ingreso en la Función Pública, así como el de limpieza y transparencia en el proceso selectivo, circunstancias que no se han dado en el proceso selectivo que nos ocupa".