En febrero de 2012 la Guardia Civil desmanteló una red de narcotraficantes que operaba entre Lebrija y Sanlúcar de Barrameda que terminó con la condena de siete años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional para los acusados en la llamada Operación Flotador. Esta semana la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha sentado en el banquillo a once acusados de blanquear el dinero conseguido con ese tráfico de droga. La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados cinco años y seis meses de cárcel y el pago de una multa de 1.831.361,93 euros.

Según el ministerio público, los acusados dieron apariencia de legalidad al dinero conseguido por el acusado José María P. R., que fue condenado por la Audiencia Nacional en 2015 a siete años de cárcel por narcotráfico. Presuntamente, entre los años 2009 y 2011 los once acusados se pusieron de acuerdo para crear tres sociedades para dar "apariencia de licitud" al dinero conseguido por José María P. R. en la venta de droga. 

Durante su declaración José María P. R. se refirió en varias ocasiones a que él lo único que había hecho durante toda su vida había sido "trabajar en el campo". De hecho, el hombre trabajó como cabrero y tiene la incapacidad laboral total por enfermedad desde 2010, que según la Guardia Civil no le impidió la introducción de al menos tres alijos de hachís incautados por la benemérita en distintas fechas de 2011, como consecuencia de los cuales estuvo en prisión por un delito de tráfico de drogas.

La suma de los ingresos legales demostrables obtenidos por el matrimonio entre 2009 y 2011 a través de una de las empresas, Nivelaciones Puerto, fue de 13.751 euros, según la Fiscalía, exlcuidos los aportados por la mercantil al matrimonio, que asciende a 46.437,38 euros. El ministerio público explicó que el patrimonio de la pareja durante este tiempo era de 625.731,32 euros "obtenido del efectivo procedente de la venta de sustancias estupefacientes". Por su parte, el acusado explicó que el dinero, en realidad era de los pagos "sin factura" que hacían la mayoría de los parcelistas de Lebrija para los que trabajaba la empresa. 

La Fiscalía sostiene que los once acusados tuvieron un incremento patrimonial que no se refleja en las cuentas de las diferentes sociedades mercantiles en las que participaban a pesar de que la mayoría de los acusados estaban cotizando o en la base mínima de la Seguridad Social o estaban en el Régimen Especial Agrario. 

Según el equipo de Blanqueo de Capitales, la organización de narcos desmantelada con la operación Flotador "había montado todo un entramado de ingeniería financiera para blanquear los beneficios de sus ilícitos negocios". Una de las claves fue que, tras 22 años en régimen de gananciales, José María P. R. y su mujer, que también está acusada, cambió a separación de bienes y ella se convirtió en socia de varias sociedades mercantiles.Una de esas empresas, González Puerto Consulting, prometía la construcción de 39 viviendas de renta libre en Paterna de Rivera. Al saltar la operación policial, quedaron bloqueadas las cuentas y no se terminó la construcción. Pero no es la única actividad inmobiliaria. La Guardia Civil detalló ayer en su comunicado que las sociedades que se crean de la nada para estos fines, son sociedades mercantiles que constituyen los acusados y la gran mayoría de los bienes inmuebles intervenidos entonces por la Guardia Civil estaban bajo la titularidad de estas sociedades, "las cuales presentan una falta total de actividad y se caracterizan por tener por domicilio social el mismo donde se encuentra empadronado el matrimonio investigado", según el atestado.

Entre los bienes intervenidos en un primer momento, figuraban siete sociedades mercantiles con un capital social de 1.437.715 euros, 96 bienes inmuebles valorados en 8.610.676 euros, 59 vehículos valorados en 692.870 euros, 23 caballos de pura raza española y árabe, valorados en 135.000 euros, 300.000 euros en efectivo.