caso de los ERE

Sentencia de los ERE en el Supremo: El Supremo prorroga 60 días el plazo para dictar la sentencia

Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y detrás el fallecido Javier Guerrero, en el juicio de los ERE.

Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y detrás el fallecido Javier Guerrero, en el juicio de los ERE. / EFE

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha notificado este miércoles un auto de prórroga del plazo para dictar la sentencia del denominado "procedimiento específico" de los ERE de 60 días hábiles a contar desde el 23 de mayo de 2022. La resolución definitiva del caso, en el que fueron condenados 19 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se retrasa hasta después de las vacaciones de verano y no se conocerá en principio hasta el mes de septiembre.

Otros nueve ex altos cargos fueron condenados únicamente por un delito continuado de prevaricación a penas de inhabilitación, entre ellos el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, que fue condenado a nueve años de inhabilitación especial, la misma pena que se impuso al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y a la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, entre otros.

Durante la vista para la exposición de los recursos, celebrada entre los días 4 y 5 de mayo pasados, las defensas se afanaron desde el primer momento en tratar de tumbar el delito de malversación, que es el que conlleva las penas de prisión.

El abogado de Griñán, José María Calero, cargó en la vista contra lo que denominó la "gran contradicción" de la sentencia de la Audiencia de Sevilla, por no haber realizado ningún reproche a la Intervención General de la Junta de Andalucía, en alusión a la absolución del que fuera interventor general por parte de la Audiencia de Sevilla.

Vista de los recursos de los ERE en el Supremo Vista de los recursos de los ERE en el Supremo

Vista de los recursos de los ERE en el Supremo

La defensa del ex presidente afirmó en su intervención que la Intervención de la Junta no realizó ninguna advertencia ni realizó el denominado Informe de Actuación que podía haber paralizado el pago de las ayudas que concedía la dirección general de Trabajo de la Junta y abonaba la agencia Idea, y recordó que en el juicio los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) consideraron que el interventor podía haber advertido o actuado ante lo que estaba ocurriendo con las transferencias de financiación a la agencia Idea. 

No simples irregularidades sino "patentes ilegalidades"

Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó al Alto Tribunal que ratificara íntegramente la condena de la Audiencia de Sevilla a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, porque los hechos juzgados no son simples irregularidades administrativas sino "patentes ilegalidades" y en este sentido subrayó que los informes de la Intervención General alertando de las deficiencias en el sistema del pago de las ayudas fueron remitidos "a cuatro Consejerías y nadie hizo nada", algo que según precisó "no es viable en una correcta administración" y teniendo en cuenta además que el sistema perduró "durante diez años".

El fiscal Fernando Prieto dijo que se puede entender que una modificación presupuestaria de una partida concreta "pudiera escaparse al control, pero lo que no es posible que esto suceda durante diez años y todo se reduzca a que yo no soy responsable de la legalidad presupuestaria o a la ineficacia de gruposNecesariamente tenían que saber y eran conscientes de que se estaba presupuestando mal y claro que son responsables de los gastos", aseveró.

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