La Justicia va lenta pero a veces no hay mejor acicate que un sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional, curiosamente el órgano más lento y que más años tarda en resolver, para que un juzgado se dé la prisa que antes no tenía o encuentre un hueco que antes no existía. Un abogado sevillano, como el compañero que halló el amparo del TC cuando denunció los señalamientos a larguísimo plazo que fijaba el Juzgado de lo Social número 11 de la capital andaluza, se ha encontrado con que aquella sentencia a favor del demandante y contraria al juez le ha abierto las puertas de un sustancioso adelantamiento. En este caso, el del juicio por una reclamación de cantidad que se había fijado para 2025 y que ahora se celebrará la semana que viene... en el mismo juzgado.

La historia es la de una administrativa que estuvo trabajando dos años en medio de un ERTE. La empresa no se los pagó y su abogado, Juan Antonio Fernández, interpuso la correspondiente demanda a mediados de 2022. El Juzgado número 11 de Sevilla, con la misma agenda saturada que la inmensa mayoría de los órganos judiciales de la ciudad, colocó el juicio para tres años después.

Fernández recurrió ese señalamiento y basó su queja en esa sentencia conseguida por el abogado Daniel Sánchez Bernal, en la que el TC consideró probado que el juzgado había “vulnerado” el derecho de otro demandante “a un proceso sin dilaciones indebidas” al fijar para 2024 el juicio por un incumplimiento de contrato que databa de 2021. La letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del Social 11 desestimó el recurso, pero como más vale prevenir que recibir otra reprimenda del Constitucional, se comprometió a buscar un hueco a corto plazo. Y lo encontró en el próximo 17 de febrero a las 9.50 horas. Es decir, más de dos años antes de la fecha inicial.

“No puede ser que una persona esté dos años sin cobrar, es una injusticia”, señala Fernández. “Ahora espero que no se suspenda”, advierte, al hilo de la huelga indefinida que mantienen los LAJ desde hace algo más de dos semanas.