Álvaro Martín: “El fiscal general debería haber dimitido por responsabilidad institucional ”

Álvaro Martín Gómez(Cáceres, 1970) fue el juez que hizo la transición de las macrocausas entre Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños, y él fue quien en su día procesó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la denominada "pieza política" de los ERE. Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Álvaro Martín ingresó en la carrera judicial en el año 2000, habiendo desarrollado la mayor parte de la misma en Sevilla, donde ahora ha sido nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, tras haberse impuesto a los otros cinco veteranos magistrados que optaban a la plaza.

Pregunta.En su toma de posesión reivindicó el papel de un juez "técnicamente preparado" y "políticamente neutral", pero esta segunda parte ¿quizás es difícil de mantener hoy en día por las interferencias de la política en la labor de los jueces?

Respuesta.Bueno, a mí me parece que es fácil de mantener el concepto del juez políticamente neutral y que tiene que resultarnos fácil mantener esa idea si lo vinculamos con lo que va a continuación. Y es que yo creo que el juez tiene que estar socialmente comprometido con el ordenamiento jurídico, con los valores de la Constitución. A partir de que tú asumes esa certeza, yo creo que la neutralidad política es muy fácil de mantener. Nosotros tenemos que salvaguardar el ordenamiento jurídico, tenemos que hacer que el desenvolvimiento de la Administración en todos sus ámbitos sea conforme a los parámetros que marca un Estado de Derecho. Pero no tenemos que ver con quién nos estamos relacionando o con quién estamos relacionando nuestro procedimiento, sobre todo en el ámbito penal, que es donde mayor problemática se puede plantear. A partir de ahí, que desde esos ámbitos políticos la actuación de la Justicia se pueda percibir como un obstáculo o un inconveniente, pues es natural. Eso va en el juego de lo que son los contrapoderes y ellos deberían asumir que la Justicia lo que cumple es su deber constitucional. Si dan un paso más allá y piensan que la Administración de Justicia se mete en el campo político, eso ya es una percepción que ellos realizan, siempre y cuando nosotros tengamos la tranquilidad de que seguimos sometiéndonos a ese concepto de actuación conforme al imperio de la ley.

P.Preside una audiencia que está sufriendo una diáspora de jueces por la sobrecarga de las macrocausas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Hay alguna solución para parar esta fuga de jueces?

R.Lo que está sucediendo es algo que nunca se pensó que sucedería. Y es que magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla, con una antigüedad y un prestigio totalmente acreditado y reconocido, pues optan por irse a órganos unipersonales o por adelantar la jubilación, cosa que es que nunca había pasado. Eso es una certeza. Eso es algo que está ahí, que se está planteando. Y la razón de eso también es evidente. Si tú tienes un trabajo que te resulta excesivo y desde ese momento ya no te resulta tan gratificante, porque a lo mejor te encuentras atropellado en el desempeño de esas funciones, pues tiene lógica que haya personas que opten por salir de la Audiencia Provincial. Y lo que tiene que tener también lógica es que nosotros le demos una respuesta a ese problema. Yo creo que la reacción tiene que venir por una admisión de que tenemos unas dificultades que están vinculadas en gran medida en el ámbito penal al desenvolvimiento de las llamadas macrocausas y que se impone adoptarmecanismos de gestión de los recursos humanos que permitan reforzarlos y que permitan aligerar en cierta medida esa carga de trabajo que pende sobre alguno de los magistrados de esta sección.

Ante la diáspora de jueces de la Audiencia hay que adoptar mecanismos de gestión de los recursos humanos que permitan reforzarlos"

P.Usted precisamente intervino en la instrucción de alguna de las macrocausas, fue el juez que procesó a los ex presidentes Chaves y Griñán por los ERE. ¿Qué le parece la deriva que ha tomado el caso y que ha llegado ahora hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

R.La deriva que ha tomado el caso era previsible en el sentido de que era lógico que llegase hasta el Tribunal Constitucional. La verdad es que, más allá de ello, pues era algo que nunca se había visto. Y, sin embargo, se ha producido. Yo creo que estamos en un Estado de Derecho que tiene un sistema judicial rodeado de multitud de garantías, que creo que tenemos que sentirnos orgullosos de ese conjunto de garantías de las que hemos dotado al procedimiento penal. Y, sencillamente, considero que este último incidente es un incidente más de los que tiene este procedimiento y que habrá que estar al resultado del mismo para proceder con toda naturalidad y con toda normalidad.

P.¿Cree que hay causa para la admisión a trámite de la cuestión prejudicial?

R.Yo ahí no entro. Sé que hay unos compañeros a los que tengo el máximo respeto y cariño, que consideran que esto es una cuestión que merece ser valorada por el Tribunal de Justicia Europeo y lo han remitido y ellos tienen todo mi respaldo.

P.Otro de los temas candentes de la actualidad político-judicial, por así decirlo, es el procesamiento del fiscal general del Estado por el delito de revelación de secretos. ¿Usted piensa que debería haber dimitido como muchas de las asociaciones que lo han pedido?

R.Creo que ahí se produce una pugna entre lo que es la presunción de inocencia que ampara a todos los ciudadanos y, por otro lado, lo que debe ser la responsabilidad institucional. Piénsese que ningún miembro de la carrera judicial o del Ministerio Fiscal podría encontrarse en la situación profesional en la que se encuentra el fiscal general del Estado y seguir encontrándose en situación de activo, porque a todos nosotros se nos habría suspendido, se nos habría apartado. Y eso no contravendría nuestra presunción de inocencia, sino que sencillamente sería una garantía para el plano institucional. Cualquiera de nosotros tiene una responsabilidad institucional y cuanto más arriba se está, más responsabilidad institucional se tiene. La ley, efectivamente, no contemplaba el caso del fiscal general del Estado, pero que no lo contemple la ley, no quiere decir que uno tenga que, ante su propia conciencia, actuar y tomar la medida que consiguiera más adecuada para salvaguardar la institución, sabiendo que ello no conlleva ningún tipo de perjuicio para su presunción de inocencia.

P.O sea, que ¿cree que debería haber dimitido?

R.Sin lugar a dudas, sí.

P.Quería preguntarle si usted va a seguir, porque hasta ahora estaba adscrito a la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla. Ahora que es presidente, supongo que tendrá que pasar a presidir la sesión Cuarta...

R.Bueno, eso es una cuestión orgánica. La ley prevé que el presidente de la Audiencia preside la sesión y, en ese sentido, yo me he mantenido vinculado a la cuarta y tendré que realizar las labores de presidencia en la cuarta sin menoscabo de la autórita de la que goza mi compañera y amiga Margarita, que seguirá pudiendo ejercerla.

P.Esta Sala está especializada en la resolución de recursos de casos de violencia de género, entre otras cuestiones. ¿Cómo ve lo que está ocurriendo con los fallos de las pulseras telemáticas de control de los maltratadores?

R.Yo comprendo que se produzca alarma dentro de la sociedad, porque es un mecanismo de protección de la víctima, que además es un mecanismo que siempre hemos considerado como muy eficiente. Es una forma bastante razonable y certera de proteger a la víctima. En la medida en que se constate que ese funcionamiento no es el adecuado, lógicamente genera inquietud. A partir de ahí, lo único que hay que vigilar es que se produzcan o se den las medidas necesarias, los cambios necesarios, para garantizar que el servicio, como tal, funcione adecuadamente y que podamos seguir teniendo la confianza que históricamente se ha tenido en el funcionamiento de esos medios.

P.¿Tiene constancia de que se haya producido alguna disfunción, algún caso aquí en Sevilla?

R.En la Audiencia, hasta donde yo lo tengo en noticia, no tenemos conocimiento de que se haya producido esa disfunción. Pero hay que tener en mente que la Audiencia no es el órgano que trabaja más con ese tipo de dispositivos. Eso es más propio del ámbito de la instrucción. Por tanto, los juzgados de Violencia sobre la Mujer son los que pueden tener un mejor conocimiento de ello. Y cuando ellos detectan un fallo, no nos lo van a reportar a la Audiencia, porque no somos nosotros quienes tienen que realizar ningún tipo de gestión.

P.La decana de los jueces, a Reyes Vila, confesó en una entrevista que no quería ir a la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas porque el lugar es "incomodísimo". ¿Usted qué opina?

R.Yo creo que hay que asumir las cosas que vienen cuando no queda más remedio que asumirlas. El traslado a Palmas Altas es una realidad que hay que afrontar y lo que hay que hacer es tratar de sacar el mejor partido de ese traslado. Hay que aceptar que es un esfuerzo económico notable, tremendo, el que está realizando la Consejería de Justicia para dotarnos de esas instalaciones y yo lo que creo es que hay que procurar que ese esfuerzo nos lleve a todos a una situación de satisfacción. Se han planteado, se han presentado problemas. Yo creo que desde la Consejería están abiertos a mejorar ese tipo de incidencias y yo creo que ese es el camino que hay que seguir. Lo demás, es mirar agua que ha pasado y que no nos lleva a ninguna parte.

Hasta que no llegue la parada de Metro a la Ciudad de la Justicia vamos a tener muchos problemas"

P.El problema sigue siendo la falta de una parada de Metro, que aunque se ha prometido tardará años en llegar...

R.En la Comisión Mixta [Junta-Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)], desde el minuto uno, cuando se habló por primera vez de la Ciudad de la Justicia, ya se dijo que tenía unas comunicaciones, un déficit de medios de transporte público que es evidente. La sociedad sevillana no percibe la Administración de Justicia como un problema de transporte porque ahora mismo estamos metidos en todo el centro de la ciudad. Los Cercanías pasan en San Bernardo junto a lo que podemos considerar el área judicial de Sevilla. Tenemos la estación de tren a veinte minutos caminando, tenemos las líneas de Metro, tenemos el tranvía, tenemos todas las autobuses, lo tenemos todo. Y la ciudadanía no percibe que hay un problema, que generemos un problema ni que hay un problema para llegar a donde estamos. Ahora, cuando nos traslademos a Palmas Altas, todo eso se volatilizará. Y entonces cuando se va a percibir, primero, que nosotros generamos movimiento de público; y segundo, que por tanto demandamos transporte público. Ya desde un primer momento en la Comisión Mixta se hizo ver estas circunstancias y se nos dijo que nos iban a poner una parada de Metro. Incluso puede que nos pongan el nombre de la parada de la Ciudad de la Justicia. Pues no digo que no, pero hasta que llegue esa parada vamos a tener muchos problemas.

P.Una fácil. La lentitud de la Justicia es uno de los principales problemas. ¿Cómo cree que puede arreglarse la situación?

R.Pues en primer término porque habría que bajar la litigiosidad. Somos un país en el que se ha instaurado una cultura en la que solamente está mal aquello que los tribunales dicen que está mal, lo cual aboca a que todas las cuestiones o los conflictos sociales puedan acabar en la jurisdicción Penal en la que uno no cumple un contrato si no me obligan a cumplir el contrato, lo cual aboca a que con frecuencia se tenga que recurrir a la jurisdicción Civil para el cumplimiento de lo que cualquier ciudadano normalmente tendría que llevar a término y en la que también a veces nos encontramos con que la Administración no da la respuesta que conforme a Derecho parecería razonable dar a las cosas y que nos aboca a tener procedimientos en la jurisdicción Contencioso-administrativo. Así que lo primero que creo es que habría que reducir la litigiosidad. Eso es lo primero.

R.Lo segundo, ¿hay mejoras procesales que se pueden dar? Sí. Yo creo que la ley actual, la 1/2025, trata de introducir esas mejoras. Introduce los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Si esos mecanismos de verdad llegan a ser eficaces y se utilizan y se aprovechan será una oportunidad para quitar la litigiosidad. Ahora, si no se utilizan, si no los afrontamos con conciencia de que es un instrumento que nos puede ayudar a solventar este problema, se convertirá sencillamente en otro obstáculo más en el desenvolvimiento de la Administración de Justicia. Y lógicamente también es necesario, después de adoptar todas las medidas para tratar de reducir esa litigiosidad, va a ser necesario también revisar la planta judicial y ver en qué puntos es preciso el refuerzo de jueces o magistrados. Eso ahora entiendo que tiene que ser más fácil porque los Tribunales de Instancia dan una mayor flexibilidad a la creación de las plantas judiciales.

P.¿Cree que ha mejorado la percepción de los ciudadanos de la justicia o sigue siendo la misma?

R.Bueno, yo eso lo tengo difícil porque por mi profesión no soy capaz de ver cómo nos perciben, creo con la misma certeza que lo puede ver cualquier otra persona. Creo que la respuesta que se ha dado por parte del Poder Judicial a determinadas situaciones de crisis institucional que se vivieron en Cataluña, el abordamiento que se ha realizado de problemas de corrupción, sí que han consolidado en el ciudadano la certeza de que el Poder Judicial es un bastión fundamental del Estado de Derecho. Pero el Poder Judicial no solamente es un poder del Estado que tiene esas funciones, sino que también es un servicio público que se le da al ciudadano. Ejercemos un poder del Estado que se traduce en un servicio. Y el servicio yo creo que el ciudadano lo percibe como francamente mejorable por la lentitud en el desenvolvimiento de este. Eso es lo que habría que luchar.