Las tres acusaciones particulares han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirme los dos años de cárcel impuestos al ex mayordomo de la Hermandad del Valle por apropiarse de 134.000 euros. Se basan en que las pruebas de su culpabilidad son “abrumadoras” pues no solo firmó varios reconocimientos de deuda sino que lo confesó ante distintas personas y en una de las ocasiones él mismo cambió la palabra “dinero distraído” por “robado”.

Las tres acusaciones particulares -la propia cofradía, el hermano Eduardo Muriedas y el primer grupo de hermanos que denunció el caso- desacreditan en sus escritos el argumento del acusado Antonio C.L. de que fue un “chivo expiatorio” para tapar el “descontrol y desidia” en la llevanza de las cuentas por parte de la Junta de Gobierno.

La Hermandad del Valle, en su recurso, afirma que la sentencia de la Audiencia de Sevilla fue “intachable” y se basó en una “abrumadora carga de pruebas" y “contundentes testimonios”, frente a las cuales “el acusado no presenta realmente prueba de descargo alguna”.

El abogado de la Hermandad, Antonio Cadillá, rechaza la “teoría conspiratoria” del ex mayordomo, pues él mismo reconoció “no solo en una, sino en varias ocasiones” haberse quedado con el dinero de la hermandad. Y añade: “Incluso nos parece sumamente esclarecedor que en uno de los reconocimientos de deuda que firmó constaba que había distraído fondos de la hermandad y él pidió que se sustituyera ese término por el de ‘robado’”.

“Se aprovechó de la confianza y buena fe” 

Sobre la alegada falta de control en las cuentas de la hermandad, el escrito de Cadillá afirma que “en esta hermandad, como en cualquier otra, se funcionaba sobre la base de la confianza absoluta y la buena fe de los compañeros de Junta", lo que “propiciaba que ocurrieran los desgraciados hechos objeto de este enjuiciamiento“.

Pero “una cosa es que se propiciara y otra que se permitiera, se amparara o incluso se ocultara buscando un cabeza de turco, como nos pretende hacer ver el recurrente”, según el escrito al que tuvo acceso este periódico.

El abogado David Vioque, en nombre del primer grupo de hermanos que denunció la apropiación en la vía penal, rechaza el argumento de Antonio C.L. de haber sido condenado solo por haber firmado una serie de reconocimientos de deuda, ya que no lo hizo solo por escrito sino “de palabra ante varios testigos que acudieron a declarar al juicio” y que conformaron una “prueba de cargo abrumadora” frente a la cual solo se alza el intento del acusado de “justificar sus hechos en la mala gestión por parte de la Junta de Gobierno”.

El hermano Eduardo Muriedas, como tercera acusación particular, recoge en su oposición al recurso que el ex mayordomo fue condenado por apropiarse de 134.000 euros, aún cuando la cuantía pudo ser mayor, y en el juicio el propio acusado “reconoció expresamente los hechos“.

Se opone expresamente a la atenuante de dilaciones indebidas, pues la duración total de la causa, cifrada en cinco años y dos meses desde la presentación de la denuncia hasta la fecha de la sentencia, fue “razonable” teniendo en cuenta que el objeto del proceso era “una apropiación indebida de cuantía importante, cuya investigación ha exigido dos pruebas periciales contables y un ingente volumen de documentación”.