Doce años después de que estallara el escándalo del caso de los ERE, la Audiencia de Sevilla ha vivido este lunes una de las comparencencias más esperadas: la declaración del que fuera denominado como el conseguidor de las prejubilaciones, Juan Lanzas, el que según su madre tenía dinero "para asar una vaca". Pero como suele pasar con este tipo de macrocausas y casos mediáticos, al final la primera declaración en un juicio de uno de los principales acusados en la macrocausa no ha respondido a las expectativas por varios motivos.

Para empezar, Juan Lanzas, de 63 años, tiene importantes problemas de salud que se han hecho visibles en una declaración ante el tribunal que ha durado exactamente 11 minutos. El acusado sólo ha respondido a las preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra y se ha acogido a su derecho a no declarar a las demás partes, si bien las acusaciones y la mayoría de las defensas han preferido no interrogar al acusado.

En su declaración ante el fiscal, Juan Lanzas, que se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel, ha negado cualquier participación en los hechos que se investigan, en relación con las ayudas que por importe de 2.340.137,38 euros recibió la empresa sevillana Surcolor-Surcolor Óptica en 2006 y en las que fueron incluidos dos intrusos, uno de los cuales es concuñado del que entonces era delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Al comienzo de su intervención, Lanzas ha explicado a preguntas del fiscal que cursó estudios de FP y trabajó en diversos sectores como la hostelería, el campo, la construcción, "en un tema familiar" y en el sindicato UGT, así como en la sociedad Estudios Jurídicos Villasís, donde estuvo contratado entre los años 2003 y 2011 con la finalidad de "buscar clientes y empresas" a las que prestar asesoramiento.

El conseguidor de los ERE ha negado que conociera a los socios de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante León y Manuel Rafael Castilla Bustamante, presidente y consejero delegado, también acusados en esta pieza de la macrocausa. Lanzas ha dicho que simplemente los "asesoró" después de recibir una llamada de Rafael Castilla, quien le comentó que tenía una plantilla "bastante mayor" y quería renovarla.

En cualquier caso, el conseguidor ha asegurado que no tuvo ninguna "intervención" en la tramitación de la solicitud de fondos públicos para las prejubilaciones de Surcolor-Surcolor Óptica. "Ni pedí ni solicité, sólo asesoré", ha afirmado Lanzas en su declaración.

Además, ha dicho que no recuerda haber mantenido ningún contacto con el que fuera delegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas y también ha dicho que no conoce a los representantes sindicaltes de CCOO.

Ni siquiera sabe si se abonaron las pólizas

En su supuesto desconocimiento de los hechos, Lanzas ha llegado a asegurar que "no sabe si la Junta abonó las prejubilaciones", como tampoco conoce la inclusión en las pólizas de dos intrusos, personas que nunca habían trabajado en la empresa. "Yo no recibí la relación de beneficiarios ni vi el expediente porque no era mi función", ha insistido Lanzas, quien tmbién ha asegurado que por su asesoramiento percibió únicamente el salario que le abonaba Estudios Jurídicos Villasís.

Sobre la participación de Lanzas, el juez que investigó esta pieza de los ERE consideró que éste se encargó de conseguir la financiación de la Junta y la intervención de Vitalia y Estudios Jurídicos Villasís, y por la "influencia" que ejerció sobre el que fuera director general de Trabajo Javier Guerrero logró que se autorizara la póliza para 26 ex trabajadores, en la que hubo un sobrecoste de 367.000 euros y una comisión del 16,9%.

Lanzas, según el juez, "tuteló" además la inclusión de los dos intrusos, pues "al darse cuenta los empresarios de la existencia de los intrusos, Lanzas, de acuerdo con Estudios Jurídicos Villasís y con Antonio Rivas les informó de que se había unido a trabajadores ajenos a Surcolor y Surcolor Óptica conforme a una práctica habitual en este tipo de expedientes".

El acusado ha negado en su breve declaración ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que facturara un porcentaje de la prima de dos millones de Surcolor a través de un supuesto testaferro, negando haber recibido dinero de éste ni que utilizara empresas fantasma para el cobro de facturarse.

Tras su declaración, el tribunal ha permitido que Lanzas se marche de la Sala, mientras que el acusado ha recordado a los jueces que tiene que volver a operarse.

El ex director de Trabajo Juan Márquez se acoge a su derecho a no declarar

De otro lado, el ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez se ha acogido a su derecho a no declarar, después de que los magistrados decidieran que tanto él como los otros ex altos cargos acusados en este procedimiento continuaran siendo acusados, a pesar de la retirada de los cargos por parte de la Fiscalía Anticorrupción tras haber sido enjuiciados en la denominada "pieza política" del caso.

Márquez ha explicado a los jueces que no declaraba tras la retirada de la acusación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, la "ausencia" de acusación por parte de la Junta de Andalucía y en "coherencia" con lo planteado por su defensa, que pidió su exclusión en aplicación del principio non bis in ídem.

La misma decisión han adoptado el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el ex viceconsejero Agustín Barberá, quienes están actualmente cumpliendo condena en la prisión de Puerto III y con quienes se celebró una comparecencia desde prisión que al principio de la sesión no se pudo llevar a cabo por problemas técnicos en la videollamada desde la Audiencia con el centro penitenciario.

La Fiscalía Anticorrupción pedía inicialmente ocho años de prisión para el ex consejero Antonio Fernández por un delito continuado de falsedad en documento oficial, mientras que a Agustín Barberá, el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el abogado Carlos Leal Bonmati, el conseguidor de los ERE Juan Lanzas y su testaferro les reclamaba otros ocho años de prisión a cada uno. En el caso de los ex directores de Trabajo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera se enfrentaban a seis años de cárcel a cada uno.