Los funcionarios de las cárceles de Sevilla claman tras “la peor oleada de agresiones de la historia”

Una cárcel no es el mejor lugar del mundo, pero una cosa es que allí esté buena parte de lo peor de cada casa y otra, que quienes vigilan a los presos afronten su jornada laboral sin la garantía de que regresarán a sus hogares de una pieza. Y sin embargo ese es el día a día de los funcionarios en Sevilla I y Sevilla II. Este año, encima, están sufriendo un verano sin precedentes. “Es la peor oleada de agresiones de la historia en Sevilla”, dicen los sindicatos. Un asalto sexual a una psicóloga, un intento de estrangulamiento a otro funcionario, un puñetazo a una funcionaria en prácticas en el Psiquiátrico, un preso que fingió que se ahorcaba para así atraer y pegar a dos funcionarios, otro que acabó con las costillas rotas... El listado es insoportable y los trabajadores claman soluciones a una Administración que, denuncian, apuesta más por el “buenismo” con los presos que por su seguridad.

“Hemos tenido un verano que no es habitual. En España hay una agresión cada 16 horas”, dice José Antonio Montero, delegado de CSIF Prisiones Sevilla. Y lo malo, añade, es que la respuesta de los directores “es cero”, como ocurrió esta semana en una reunión en Morón. “Nos enseñan muchas estadísticas y dicen que son las mismas agresiones que el año pasado. Se están normalizando las agresiones, estamos dejados”, protesta.

La radiografía para hallar los motivos de tanta violencia da un primer resultado que los sindicatos comparten: los funcionarios de prisiones, al contrario que policías o guardias civiles, no son agentes de autoridad. “El principio de autoridad incluye la presunción de veracidad en nuestros testimonios. Eso supondría estar a la misma altura que el resto de colectivos que integran el Ministerio del Interior”, explica Alejandro Fernández, del comité ejecutivo de ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias).

“El respeto se está perdiendo. Imagine que un policía va a detener a alguien y el otro le replica ‘qué dices, no eres nadie’. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si ocurre algo, es palabra contra palabra”, critica el delegado de CSIF, que vincula ese problema al siguiente: la “masificación” de las cárceles y el “déficit” de personal.

“Donde más agresiones ha habido es en Morón. Allí están los internos más peligrosos y hay demasiados para los trabajadores que hay”, apunta. El Gobierno contesta que la relación de puestos de trabajo (RPT) está cubierta, pero “es muy baja”, así que “no todos los puestos se cubren”, afirma Montero. “En Morón puede haber un solo funcionario en un módulo de 100 internos. El Ministerio dice que es suficiente, pero no es cierto. Hacen falta cuatro o cinco”, calcula. Así sucedió el día que la psicóloga sufrió la agresión: “Había una sola funcionaria y no se enteró. Gracias a Dios, unos internos pasaron por allí y la salvaron. El preso no la mató de milagro”, añade.

Montero cuantifica el déficit de las dos cárceles en unos 250 funcionarios, sin contar los que no tienen tanto trato con los reos: “Las guardias de interior en Morón suelen ser de 30-33 y deberían ser de 50 mínimo. Y son ocho guardias, así que faltarían unos 150 funcionarios para que no estén solos. Las guardias en Sevilla I son de veintitantos y debería haber unos 35, así que el déficit sería de 100”. Y oposiciones hay todos los años, pero “se entretienen cubriendo otros puestos (oficinas, psicólogos, juristas…) y tienen descubierto el funcionario de interior, el que está con los presos”.

ACAIP ratifica ese “déficit estructural de las plantillas” y “el incumplimiento y la falta de actualización de las RPT”, pero también recalca el “envejecimiento” de las plantillas: “La edad media en Sevilla I se sitúa en 53 años”, revela Fernández.

La saturación va asociada a un descontrol en la organización de los presos, según todas las asociaciones. La APFP (Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones) achaca esa problemática a la generosidad en la concesión de grados. “Madrid no quiere presos en primer grado con un régimen de vida más controlado, así que los mandan a segundo grado en módulos normales cuando no deberían estar ahí”, señala Andrés Raya, delegado provincial y miembro de la ejecutiva nacional. “Instituciones Penitenciarias blanquea a los presos y decide que todos son buenos. Todos son módulos de respeto... Y hay un montón de internos con enfermedades psiquiátricas. Están todos mezclados y la mezcla es explosiva. En Sevilla I meten presos de primer grado en los módulos de respeto a ver si se portan bien, pero no”, denuncia.

“Lo peorcito de las cárceles de España va a Morón”, avisa también Raya. En Sevilla I, donde él trabaja, tampoco andan mucho mejor: “Este verano ha habido siete u ocho agresiones. Nunca había pasado algo así. Además, están haciendo obras para adecentar el centro y tienen cerrada la unidad de preventivos. Allí caben unos 1.000 presos y ahora hay 900 teniendo la mitad de la cárcel cerrada. En módulos hechos para 30 o 40 personas hay 70 u 80”, describe.

ACAIP coincide en que el Gobierno “prioriza dar una visión óptima” de la situación penitenciaria con “unos pretendidos parámetros de reinserción que distorsionan la realidad” de las cárceles. Este sindicato abunda en que la “aplicación interesada” de segundos grados en vez de primeros “influye notablemente en el aumento de la conflictividad”. “La tendencia a disminuir en las estadísticas el número de internos conflictivos provoca que en los módulos de vida ordinaria haya reclusos camuflados que deberían permanecer en un régimen de vida más estricto. Las cifras de internos en tercer grado [los menos peligrosos] se inflan para vender el supuesto éxito de las políticas de reinserción”, reitera Fernández.

Y queda la última pata: el régimen disciplinario. “Las sanciones están reguladas por un reglamento de 1981. Los tiempos han cambiado mucho”, resalta CSIF. “Una sanción para una conducta leve consiste en que una tarde se tienen que quedar en la celda en vez de salir al patio. Eso más que un castigo es un regalo, porque muchos quieren quedarse viendo la tele de cinco a ocho”, dice Montero. ¿Y cuando ocurre algo grave? “Antes los cambiaban de prisión y a muchos los mandaban a primer grado, pero en esta última época los meten en segundo grado porque Instituciones Penitenciarias quiere tener los menos primeros grados posibles. Ese buenismo está dando a internos de primer grado un grado mejor del que deben tener. Y ese tipo de internos no pueden hacer una vida normal en común, necesitan una separación”, reclama.

La APFP comparte esa perspectiva. “Antes tocaban a un funcionario e inmediatamente lo ponían en primer grado y lo mandaban a la otra punta de España. Ahora te tocan y el agresor se queda en tu módulo”, denuncia Raya. “Desde el 4 de julio está de baja mi compañero porque le fracturaron el hombro. A ese preso no le han aplicado el primer grado. Y la directora de Sevilla I te dice que el reo lleva una semana sin un parte y está portándose muy bien”, apostilla. “La política general es suavizar las agresiones y vender que las cárceles son una balsa de aceite donde la gente se reinserta. Eso no es verdad. Por uno que se reinserta hay 100.000 que no. La reeducación es un cuento chino. Y si le pegas a un funcionario y no te pasa nada, al día siguiente vuelves a pegarle. Pero eso no lo ven en Madrid”, se queja.

La “relajación de las respuestas disciplinarias” también inquieta a ACAIP. “Todo conduce a generar un clima generalizado de impunidad”, asegura su portavoz, que va más allá y resalta que quienes sí sufren “medidas coactivas” son los propios funcionarios “cuando presentan bajas por motivos justificados”, al menos en Sevilla II. “La dirección los obliga a acudir a la inspección médica. Eso origina más presión en un entorno laboral difícil y penoso”, concluye.

El "botón del pánico" llega a Sevilla

La panorámica de las cárceles sevillanas debe completarse con las posibles soluciones que los sindicatos proponen para mejorar la seguridad de los funcionarios. En las últimas semanas, por ejemplo, se ha implantado un “botón del pánico” para quienes trabajan en las cocinas. Es un dispositivo “barato” que se puede comprar hasta por Amazon y que funciona como los botones de teleasistencia de las personas mayores. “Hace un año y medio mataron a una cocinera en Cataluña. Desde entonces hemos estado pidiendo ese botón de emergencias para los cocineros. Pues ni eso lo compró la Secretaría General”, cuenta Montero (CSIF).

Por suerte, la insistencia sindical sí ha convencido a algunos centros concretos, entre ellos los dos de Sevilla. El siguiente paso es que la misma maquinita esté a disposición del equipo de tratamiento (psicólogos y educadores) en el centro penitenciario de Morón. “Sabemos que se va a comprar, pero hemos tenido que meter mucha presión y concentraciones”, dice el sindicalista.

Hay otras propuestas que son comunes a todos los sindicatos. Por ejemplo, una mejor formación del funcionariado. “La solución es que nos doten de medios o formación para tratar con enfermos psiquiátricos, que no tenemos, o que nos doten de formación en defensa personal. Y lo fundamental: que se nos considere agentes de autoridad”, insiste Raya (APFP). “Falta formación continua, generalizada y actualizada que responda a la complejidad de las problemáticas actuales, como la criminalidad violenta de bandas organizadas, la delincuencia juvenil o el consumo de nuevas drogas. O formación para afrontar las situaciones de mayor riesgo, como las peleas multitudinarias, los incendios, las reducciones de internos de especial peligrosidad, los intentos de suicidio...”, desgrana Fernández (ACAIP).

Montero da otro paso y además de reclamar más formación, porque la actual es “muy escasa”, reclama medios materiales concretos para ejercer una “defensa personal” para la que no están capacitados “como la Policía, por ejemplo”. “Nosotros entramos en el módulo sin nada, sin ninguna porra. Tú llegas a un centro comercial y te encuentras un vigilante de seguridad con porra e incluso pistola. Los funcionarios de prisiones, ni eso. Sólo podemos usar la defensa de goma, que igual está en la oficina a 200 metros. En los módulos entramos con un bolígrafo, así que pedimos que se modernicen los medios coercitivos, que vayamos con un táser en los cinturones y que tengamos una mínima ayuda al menos para salvar la vida”, alega.

Mientras llegan estas soluciones, o no, los sindicatos no descartan ampliar el alcance de sus protestas y acudir a la huelga. “Esto te cambia y te endurece el carácter, porque llegas a casa y te cuesta conciliar el sueño”, confiesa Raya.