El juicio por la muerte de una mujer en la zona de la Cruz Roja será en febrero

El juicio con jurado que tuvo que ser suspendido el pasado mes de septiembre por el ingreso en la UCI del procesado, se celebrará el próximo 1 de febrero en la Audiencia Provincial de Sevilla. J. A. G. está acusado de asesinar a una mujer, asfixiándola con una toalla y, posteriormente, quemar el colchón sobre el que estaba la víctima para destruir las pruebas.

Será entonces cuando J. A. G. se enfrente a la petición de la Fiscalía de 23 años de prisión por un delito de asesinato; cinco años de cárcel por un delito de robo con violencia con la agravante de reincidencia; dos años de prisión por un delito de daños mediante incendio, y el pago de una multa de 360 euros por un delito leve continuado de estafa, así como que indemnice con 60.000 euros a la hija de la víctima en concepto de daño moral y con 10.536,60 euros al propietario de la vivienda por los daños materiales causados.

Por su parte, el abogado Alejandro Gómez Luna, que ejerce la acusación particular en nombre de la hija de la asesinada, eleva su petición a 33 años por delitos de asesinato (25 años), robo violento (5 años) y daños (3 años). A ello añade 100.000 euros de indemnización a la hija y 195 euros por los 16 gastos que hizo con la tarjeta que robó a la víctima.

Según el escrito de la Fiscalía, facilitado por la Oficina de Comunicación del TSJA, J. A. G., los hechos tuvieron lugar el día 20 de julio de 2020, cuando el acusado consiguió hablar con la fallecida a través de una página de contactos donde ella se anunciaba, concertando una cita para mantener relaciones sexuales esa misma tarde.

Por motivos de seguridad, la víctima le indicó únicamente la zona en la que se ubicaba la vivienda, en el entorno de la avenida de la Cruz Roja. Según el Ministerio Público, el acusado se acercó hasta allí "con el designio, puesto que carecía de metálico para abonar el servicio sexual, de enriquecerse apoderándose de cuantos efectos de valor pudieran hallarse en la vivienda en que fuera atendido"”.

Asfixiada con una toalla

Diez minutos antes de la hora fijada para la cita, ella facilitó al acusado el nombre d ela calle, aunque no el númer, que se lo remitió momentos después por whatsapp. Cuando le abrió la puerta, la mujer invitó al acusado a ducharse en el baño contiguo al dormitorio, facilitándole una toalla.

Según el fiscal, el investigado, cuando terminó de ducharse entró al dormitorio, donde ella le esperaba en la cama, aprovechando J. A. G. "la situación de indefensión que aquella presentaba y el supuesto propósito de la visita para, colocándose encima de ella y anudándole al cuello una toalla, proceder a presionar el mismo con objeto de darle muerte hasta producírsela por asfixia mecánica, empleando para ello tal fuerza física que llegó a fracturarle la primera costilla de ambos lados".

El presunto asesino le quitó los dos teléfonos móviles y una cartera donde estaba su documentación y la tarjeta de crédito y "a fin de eliminar cualquier vestigio biológico que pudiera asociarlo al lugar", recogió una toalla que había empleado y, usando un medio no determinado, prendió fuego al colchón donde yacía el cadáver, abandonando a continuación la vivienda.

Destaca la Fiscalía en este punto del relato el "absoluto desprecio del riesgo" que su acción "pudiera entrañar para la vida o integridad física de las personas, al tratarse de una zona densamente poblada, si bien no consta que lo produjera de hecho", siendo los vecinos los que avisaron a los bomberos, que encontraron el cuerpo de la víctima sobre la cama con quemaduras de tercer grado.

En el periodo comprendido entre que abandonó la vivienda y hasta que fue detenido por la Policía a las 21:40 horas del día 21 de julio, el investigado, "guiado asimismo de un ánimo de ilícito beneficio, se sirvió" de la tarjeta de crédito de la víctima, "fingiendo ser su legítimo titular", para abonar en un total de 16 ocasiones distintas compras y consumiciones en diversos bares, ascendiendo a 195,29 euros el importe de lo gastado con cargo a la cuenta de la que la fallecida era titular, según el Ministerio Público.