Este martes 9 de marzo se llevará al Consejo de Gobierno la modificación presupuestaria para la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Después de 25 años parece que se están realizando los primeros pasos. Hace dos semanas, este mismo órgano aprobó la disposición de fondos para la compra del campus y dos parcelas por un valor de 78 millones de euros. Supone una inversión de 128 millones de euros, "78 de ellos de compras e impuestos, y más una aportación extraordinaria de más de 30 millones relativo a la adaptación de los nuevos edificios, incluyendo la compra de las dos parcelas para trasladar todas las sedes judiciales de Sevilla", según explicó Juan Marín durante la presentación del plan de choque ante los diferentes operadores jurídicos en la Audiencia Provincial. 

Respecto a los plazos, el consejero reconoce que la pandemia ha hecho que se retrasen los plazos, pero "no queremos justificar con la Covid que no se pudiera llevar a cabo esta intervención tan necesaria", añade. Juan Marín explica que la Ciudad de la Justicia se suma a las infraestructuras judiciales que se están realizando por diferentes puntos de Andalucía como los juzgados de Lebrija, Barbate o El Puerto de Santa María.

Según el informe sobre la adquisición de Palmas Altas remitido por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local al Consejo de Gobierno el pasado 23 de febrero, el traslado a la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla se articula en un escenario de cuatro años, que "en una primera fase conllevaría la adaptación de los siete edificios actuales del Campus, lo que permitiría abandonar todas las sedes actualmente en alquiler con el consecuente y ya citado ahorro". Es decir, se dejarían únicamente en uso los edificios del Prado de San Sebastián que son en propiedad. La segunda fase contempla la finalización de las obras de construcción del edificio de nueva planta.

Marín también se refirió a la "apuesta por la justicia gratuita, llevando los pagos a los profesionales de la asistencia jurídica gratuita menos de un mes, entre 20 o 25 días. Estamos apostando por la Justicia porque si esta no funciona, difícilmente puede funcionar una sociedad".