La mujer que fue contagiada de malaria en el hospital reclama al SAS una indemnización de 150.000 euros

Una vecina de Gilena (Sevilla) que fue contagiada de malaria durante una prueba que le practicaron en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha reclamado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) una indemnización de 150.000 euros por los daños sufridos, la secuelas psicológicas y el perjuicio moral por la pérdida de calidad de vida, entre otros factores. La reclamación por responsabilidad patrimonial se produce después de que el propio hospital reconociera que las fundas protectoras de plomo que recubren las jeringuillas usadas en análisis como la gammagrafía tiroidea fueron la vía que posibilitó el contagio de esta infección, normalmente transmitida por mosquitos en zonas tropicales, lo que permitió identificar una brecha de seguridad en ciertas pruebas diagnósticas y que llegó incluso a publicarse en la prestigiosa revista médica Emerging Infectious Diseases.

La paciente, representada por los abogados José María Lara del Valle, director gerente de Nazareno Abogados, y Ángel Jesús Sánchez Doval, asociado del mismo bufete, ha presentado esta reclamación a la Administración sanitaria, al considerar que su contagio se debió a una negligencia. "Podemos observar una clara negligencia por parte del hospital Virgen del Rocío, ya que como ellos mismos reconocen en una carta que se aporta junto a nuestra reclamación, el contagio se produce por una gammagrafía tiroidea, cuyo protocolo de desinfección no fue suficiente. De hecho, este protocolo se ha modificado posteriormente. Consideramos que la Administración debe responder de los daños causados, ya que nuestra clienta ha tenido considerables secuelas psicológicas que le han afectado a su vida personal", ha señalado el letrado José María del Valle.

Por su parte, Ángel Jesús Sánchez Doval ha indicado que la mujer, que tiene 60 años, acudió al hospital para tratarse de un "problema leve y salió de allí con una enfermedad potencialmente mortal. Lo que ha vivido es una injusticia que ningún ciudadano debería soportar a manos de un servicio público. La Administración tiene la obligación de garantizar la seguridad de los pacientes y, cuando esa obligación se incumple con consecuencias tan graves, debe asumir su responsabilidad. La indemnización que reclamamos y que legítimamente le corresponde a nuestra clienta no podrá reparar jamás el sufrimiento, la angustia y el miedo que ha padecido, pero al menos servirá para reconocer que el daño fue real y que nunca debió ocurrir".

"Lo que le pasó no se volverá a repetir"

De hecho, el servicio de atención a la ciudadanía del SAS contestó al yerno de la paciente, en una carta fechada el 25 de junio de este año, que la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología habíareconocido el contagio de malaria durante la realización de la gammagrafía y aseguraba que "este descubrimiento ha servido para modificar los protocolos vigentes en esta exploración y hacerlos aún más seguros, además de demostrar una nueva vía de adquisición de esta infección".

En la carta se ponía de manifiesto a la paciente que no tenía "nada que temer, porque ella está curada completamente de esta infección y porque lo que le pasó no se volverá a repetir".

La mujer acudió el 18 de marzo de 2024 al hospital para que le realizaran una gammagrafía tiroidea con infusión de iodo radiactivo, para tratar su hipertiroidismo, y en el transcurso de la prueba sufrió una infección por el parásito de la malaria (plasmodium), una patología radicalmente distinta a la inicial por la cual tuvo que someterse a esta prueba médica. Varios días después, en concreto, el 2 de abril, aparecieron los primeros síntomas: fiebre elevada, dolor abdominal, escalofríos y malestar general, y no mejoró pese al tratamiento que le dispensaron en Urgencias.

Dos días después, el 4 de abril, acudió al hospital de Osuna, ante el agravamiento de los síntomas y es ahí donde se descubrieron hematíes parasitados por plasmodium ssp (protozoo parásito que causa paludismo o malaria), siendo derivada al Virgen del Rocío. Dice la reclamación que llama poderosamente la atención que los profesionales sanitarios de este hospital "siempre trataron de culpar a la mujer de haber contraído la infección parasitaria, sometiéndola a intensos interrogatorios tanto a ella como a sus familiares más cercanos e inspeccionando todos los lugares donde había estado, incluyendo su propia vivienda e incluso la piscina pública de su localidad".

La paciente, prosiguen los letrados, no había viajado a zonas donde la malaria es una enfermedad endémica en los meses previos al contagio, "ni tampoco había recibido transfusiones sanguíneas", por lo que resulta evidente que la infección fue adquirida en el centro hospitalario a consecuencia de "deficiencias en los protocolos de prevención de infecciones nosocomiales", como reconoció el propio centro sanitario.

La mujer se alejó de sus nietos y no quería salir de casa por miedo a contagiarlos

"Mi mandante ha estado cerca de morir, teniendo en cuenta que la malaria es una enfermedad con una alta tasa de mortalidad, además ha presentado un periodo de fibrilación auricular, teniendo que estar hasta el día 9 de abril ingresada en el Área de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen del Rocío", señala la reclamación, que detalla que la paciente ha sufrido además "diversos trastornos físicos y mentales, llegando incluso a no querer mantener contacto con sus nietos por miedo a contagiarlos, dejando de hacer vida normal e incluso teniendo que abandonar su puesto de trabajo en el bar de su hija", además de "no querer salir de casa, ni acercarse a su perro, secuelas de las cuales a día de hoy no ha conseguido recuperarse y que le han supuesto un grave perjuicio moral y económico".

La reclamación recuerda que la contestación que da la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Virgen del Rocío admite que "los protocolos no eran correctos, desconociendo incluso que podía contagiarse por esta vía, incumpliéndose los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias e incluso obligando a modificar dichos protocolos". Es decir, "la propia Administración reconoce la responsabilidad del hospital" y cómo una vez detectado el fallo estos protocolos se han cambiado para que no vuelva a suceder.

Por tanto, "fruto de la actuación negligente y con total desprecio al deber de cuidado exigible en este sentido por parte de la Administración, la paciente estuvo a punto de morir, ya que la enfermedad que contrajo es de extrema gravedad y, a día de hoy, todavía mantiene secuelas físicas, psicológicas e incluso económicas".