Quince años de los ERE: con la vista en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Quince años desde que se inició la macrocausa de los ERE. Mañana lunes, 19 de enero, se cumplirá el décimoquinto aniversario de la apertura de las diligencias previas 174/2011, la causa matriz de los ERE que la juez Mercedes Alaya abrió a raíz de las irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo de Mercasevilla y que acabó extendiéndose hasta convertirse en el peor de los epílogos posibles para los gobiernos del PSOE en Andalucía. En estos tres lustros, en los que cuatro jueces han investigado esta macrocausa -a Alaya le siguieron María Núñez Bolaños, Álvaro Martín y José Ignacio Vilaplana, este último al frente desde septiembre de 2019-, se han investigado 130 piezas por ayudas de los ERE concedidas por la dirección general de Empleo de la Junta de Andalucía, de las cuales 65 continúan actualmente "vivas" en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y otras 65 han sido elevadaspara su enjuiciamiento en la Audiencia de Sevilla, mientras varias decenas han sido archivadas al no apreciarse indicios de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Con el trabajo desarrollado en estos años ahora las previsiones apuntan a que la macrocausa de los ERE ha entrado en su recta final, al menos, en lo que se refiere a la fase de instrucción. Fuentes consultadas por este periódico apuntan a que en los próximos dos años, en 2028, la instrucción de esas 65 piezas restantes estará finiquitada. Un dato corrobora esta previsión: La Fiscalía Anticorrupción viene presentando una media de 25 calificaciones -escritos de acusación- al año. Cosa distinta es el enjuiciamiento de los casos, el dictado de las correspondientes sentencias y los recursos que, en este caso, puedan plantearse ante el Tribunal Supremo contra estas sentencias, y que sin duda hacen que todavía queden muchos años para hablar de los ERE.

La evolución entre los procesos cuya instrucción ha finalizado y las sentencias que se han dictado muestra precisamente el colapso que estos macroprocesos han generado en las secciones penales de la Audiencia de Sevilla y que están provocando una diáspora de jueces que se marchan a otros destinos en juzgados unipersonales. Así de las 130 piezas investigadas, sólo se han dictado en estos años 26 sentencias, lo que representa el 20% del total de los procedimientos investigados. Eso sí, en cuanto al resultado final de estas sentencias, hay una abrumadora tendencia a la condena de los investigados, dado que se han registrado 24 fallos condenatorios frente a dos únicas sentencias absolutorias, dictadas en relación con las ayudas concedidas a las empresas Siemens Metering y Centro para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre) -en esta fueron absueltos los dos acusados, entre ellos el ex futbolista Pizo Gómez-.

Además, de esas 24 condenas, casi la mitad, diez de ellas, se han producido gracias a un acuerdo de conformidad con los acusados, sobre todo beneficiarios de las ayudas que han pactado con la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particular y popular una rebaja de la condena para evitar la celebración del juicio y también su ingreso en prisión, eso sí, haciendo frente a la indemnización solicitada para la administración autonómica como reintegro del importe de las ayudas concedidas.

26 sentencias en cinco años de juicios

Totas estas sentencias han sido dictadas en cinco años, desde la primera, la que enjuició la denominada "pieza política" de los ERE, sobre el procedimiento específico empleado por la Junta de Andalucía para la concesión de las ayudas durante una década, que data del año 2019, hasta las más recientes, de finales de 2025. El año en el que hubo más sentencias de los ERE fue 2023, con nueve resoluciones; seguido de 2024, con ocho sentencias; cinco en 2025 y tres en el año 2022.

La sentencia del "procedimiento específico" fue confirmada por el Tribunal Supremo y anulada posteriormente para la mayoría de los ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el Tribunal Constitucional, que concedió el amparo y devolvió las actuaciones a la Audiencia de Sevilla para el dictado de nuevas sentencias que tuvieran en cuenta la vulneración de derechos fundamentales acreditada por la corte de garantías.

Sin embargo, la Audiencia de Sevilla, en el enésimo giro de esta macrocausa, decidió en julio de 2025 elevar una "cuestión prejudicial" al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que éste se pronuncie sobre las sentencias del Tribunal Constitucional que ampararon a los ex altos cargos condenados por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, una cuestión que los jueces de Sevilla plantearon pese a la oposición de la Fiscalía, que considera que las el Tribunal Constitucional no se ha extralimitado al anular dichas sentencias ni ha hecho una "interpretación alternativa" de los tipos penales de la prevaricación y la malversación.

Todo este embrollo jurídico ha creado un verdadero cisma jurídico en el seno de la Audiencia de Sevilla y ha dividido a los magistrados de las secciones penales. De un lado, está la Sección Primera de la Audiencia, que fue la que enjuició y condenó a los ex altos cargos en la "pieza política", que no está de acuerdo con la decisión de la corte de garantías y elevaron esa cuestión prejudicial. De otro lado, está la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que lleva más de una década resolviendo los recursos que se presentan durante la fase de instrucción de la macrocausa de los ERE, y que, acatando las sentencias del Tribunal Constitucional, está utilizando estas resoluciones para acordar el archivo de algunas de las ayudas que actualmente siguen instruyéndose en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Así, la Sección Séptima dictó en octubre pasado un auto en el que, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda el sobreseimiento de la causa contra la administradora de la sociedad Andalucine, en relación con la ayuda que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social le concedió por importe de 120.000 euros. El juez de refuerzo de Instrucción número 6, José Ignacio Vilaplana, había procesado a la administradora de Andalucine con el argumento de la irregularidad del procedimiento por el que se concedió la ayuda, y decía sobre la investigada que "se habría prevalido de un procedimiento groseramente irregular para conseguir -en connivencia con ellas- que las autoridades de la Consejería de Empleo le concediesen, al margen del procedimiento establecido una subvención por importe de 120.00 euros", con cargo al programa presupuestario 31L, y recogiendo su declaración ante la Policía en la que había indicado que le "extrañó que no estuviera publicada y le dijeron que se trataba de ayudas especiales".

La Sección Séptima, al analizar los argumentos de la administradora de Andalucine, explica que el recurso "debe ser abordado desde la incidencia de las sentencias del Tribunal Constitucional dictadas con ocasión de los diversos recursos de amparo planteados por algunos de los condenados en la sentencia recaída en el procedimiento específico, que analiza y asume la sentencia del Tribunal Supremo" por las ayudas a la empresa sevillana Aceitunas y Conservas (Acyco) y que "ha llevado a un cambio de criterio jurídico por esta Sala" expresado ya en varios autos, dice la Audiencia.

Coincidencias: la repetición de la cifra "19"

Las coincidencias han hecho que la cifra “19” haya marcado algunos de los hitos más importantes del caso de los ERE. El 19 de enero de 2011 se abrió la macrocausa y otro día 19, en este caso de marzo de 2013, la juez Alaya llevó a cabo la denominada operación Heracles, relacionada con el cobro de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de los ERE. Y el 19 de noviembre de 2019, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla hizo pública la sentencia del denominado “procedimiento específico” de los ERE, en el que curiosamente fueron condenados “19” ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Junta ha recuperado 28 millones

De otro lado, la Junta ha recuperado 28 millones de los 679 millones concedidos en el periodo 2000-2009, según aseguró en su día el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en una orden en la que autorizó al gabinete jurídico de la Junta a intentar personarse de nuevo en la "pieza política" de los ERE para apoyar que el caso se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

"A pesar de los esfuerzos desplegados, la recuperación efectiva de los fondos defraudados ha sido limitada. Hasta la fecha se han recuperado aproximadamente 28 millones de euros, lo que representa un pequeña fracción del total estimado de 679 millones de euros defraudados", aseveraba la orden de Sanz.

Así, señalaba que en el caso de los ERE la Junta ha llevado a cabo toda una serie de actuaciones con el objetivo de "recuperar las cantidades defraudadas por diversas vías, que incluyen el ejercicio de acciones civiles y penales, la incoación de procedimientos administrativos de reintegro, la formulación de reclamaciones ante el Tribunal de Cuentas por responsabilidad contable así como la ejecución de las resoluciones firmes".

En el ámbito penal, detallaba, se han reclamado hasta la fecha 287,79 millones en concepto de responsabilidad civil en piezas en las que la Junta ejerce la acusación, "habiéndose dictado sentencias que reconocen prácticamente 20 millones de euros. Quedan más de cien piezas pendientes de enjuiciamiento".

En el Tribunal de Cuentas se han presentado demandas por un total de 169,4 millones, de las cuales 52,19 millones son actuaciones relativas a ayudas sociolaborales; 51,85 millones por ayudas a empresas y 64,36 millones en sobrecomisiones. "Estas acciones buscan la restitución de los fondos públicos mediante la exigencia de responsabilidad a los gestores que, con dolo o negligencia grave, ocasionaron un menoscabo en los caudales públicos", concluía la orden del consejero.