ALCALDES Y JUSTICIA

Los veinte alcaldes condenados en Sevilla

  • Desde permitir 800 chalés ilegales hasta gastar 6.000 euros con el móvil oficial en llamadas a su novia

  • Sánchez Gordillo (Marinaleda) es el más denunciado y también el más absuelto

Veinte alcaldes condenados por los tribunales Veinte alcaldes condenados por los tribunales

Veinte alcaldes condenados por los tribunales

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Una veintena de los 105 alcaldes de la provincia de Sevilla han sido condenados en los últimos años. Las causas se refieren en su mayor parte a licencias urbanísticas y entre ellos destaca, por su número, Manuel Ruiz Lucas (Nueva Izquierda) de Castilblanco de los Arroyos, condenado en firme en 2015 a cuatro años y tres meses de inhabilitación por haber permitido la proliferación de 800 chalés ilegales en la zona de Las Minas. 

Tipos de delitos

Otra parte de las condenas son por prevaricación administrativa en el nombramiento de cargos o trabajadores municipales. Pocas, pero llamativas, son las condenas por temas personales como la de Julio Álvarez (PSOE), condenado por gastar 6.098 euros en llamadas a su novia con el móvil oficial cuando era alcalde de Puebla del Río. El TSJA rebajó en 2011 la pena de cárcel de tres años a la mitad y la inhabilitación de seis a tres años. Carlos González-Eiris, entonces alcalde socialista de Salteras, fue condenado en  2006 a un año de cárcel por maltratar durante varios años a su esposa, a la que además tuvo que indemnizar en 3.000 euros.

En el terreno de los alcaldes y la justicia se podría hacer un “ranking” de los más denunciados pero menos condenados y el primer lugar lo ocuparía Juan Manuel Sánchez Gordillo, primer edil de Marinaleda. Ha sido denunciado por incontables ocupaciones de fincas, cortes de carreteras y otros actos reivindicativos. Hasta fue denunciado por acoso sexual a una limpiadora del Ayuntamiento. Ha salido absuelto de casi todas las denuncias, algunas muy sonadas como los asaltos a supermercados para “expropiar” alimentos. 

Tres ex alcaldes sevillanos han llegado a ingresar en prisión para cumplir sus condenas: el ex primer edil socialista de Burguillos José Juan López entró en la cárcel en 2016 para cumplir una condena de un año y tres meses de cárcel por prevaricación urbanística, después de que el juez le denegase la suspensión provisional.  Sobre él pesaba otra condena de ocho años de inhabilitación especial por otro delito contra la ordenación del territorio.

El primero que entró en la cárcel

Otro histórico del PSOE, Justo Padilla, que gobernó Guillena durante 30 años, se convirtió en 2013 en el primer regidor sevillano que entraba en prisión para cumplir una condena de 18 meses de cárcel por permitir que un alguacil ejerciera entre 2003 y 2007 como policía local.

La ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso (PP) fue enjuiciada por un jurado popular y condenada a seis meses de prisión por aceptar un bolso de Loewe días antes de votar a favor de una moción de censura. Pero el TSJA la absolvió unos meses después porque el delito de cohecho por el que había sido condenada estaba prescrito.

Compra de votos

Por compra de votos fue condenado a un año y dos meses de cárcel Agustín Pavón (IU), ex alcalde de Camas, por la entrega de un sobre con 12.000 euros a otra ex concejala para que votase a favor de unos proyectos urbanísticos.

Los juicios contra regidores sevillanos se remontan al siglo pasado. En 1999 fue enjuiciado por no convocar plenos Juan Escribano, que gobernó Castilleja de Guzmán como independiente durante 37 años. Fue juzgado por un delito de desobediencia por no convocar los plenos que le había ordenado el TSJA pero la Audiencia de Sevilla le absolvió por un defecto formal, pues el alto tribunal andaluz no le había requerido formalmente para que convocara los plenos.

En mayo pasado, el Juzgado de lo Mercantil 2 de Sevilla condenó al ex alcalde socialista de Los Palacios Antonio Maestre a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos, tras responsabilizarle del concurso de acreedores "culpable" de la sociedad municipal Iniciativas de Desarrollo de Los Palacios (Idelpa).

Inhabilitación

A cuatro años de inhabilitación y multa de 1.800 euros fueron condenados el ex alcalde de Sanlúcar la Mayor Eustaquio Castaño (PP) y ocho ex ediles por un delito de prevaricación urbanística, al haber concedido una licencia a la Hermandad de la Soledad para elevar dos metros la altura de su sede.

El ex alcalde de Villanueva del Ariscal José Castro Jaime (PSOE) y cuatro miembros del que fuera su equipo de gobierno fueron condenados en 2017 a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, en el que incurrieron por el incumplimiento de una sentencia que obligaba a restablecer una cota de terreno en una parcela sometida a un proyecto urbanístico.

También de ocho años de inhabilitación fue la condena impuesta a Jacinto Pereira, ex alcalde de Gerena, a la entonces concejala y luego alcaldesa Margarita Gutiérrez y a otros tres ediles, todos ellos del PSOE, por conceder una licencia en contra del ordenamiento urbanístico en la zona de Los Zarzajejos pese al informe desfavorable del arquitecto municipal.

Los ex alcaldes de Morón de la Frontera Manuel Morilla (PP) y su antecesor, José Párraga (PSOE), aceptaron en 2012 una condena de siete años de inhabilitación para cargo público y una multa de 1.080 euros por prevaricación urbanística al permitir industrias ilegales en un polígono de su localidad.

María Josefa Rubiano (PSOE), alcaldesa de El Madroño, fue condenada a cuatro años y tres meses de inhabilitación para cargo público por prevaricación urbanística al conceder dos licencias de obra en suelo no urbanizable.

Su compañera de partido y exalcaldesa de Aguadulce Isabel Ortiz fue condenada a ocho años de inhabilitación y a una multa de 4.050 euros impuesta en 2011 por un delito contra la ordenación del territorio al conceder licencia para una granja.

Tres condenas derivadas de su cargo acumula ya José Luis Vega (IU), ex alcalde de La Algaba: Llegó a ingresar en prisión por la primera condena, de dos años y medio de cárcel por  haber exigido una mordida de 60.000 euros a varios empresarios a cambio de la concesión de una licencia. Luego fue sentenciado a siete años de inhabilitación por ordenar “de forma caprichosa” la colocación de un toldo en una cafetería y hace unos días fue condenado a otros siete años de inhabilitación y al pago de una indemnización de 22.269 euros por un delito de prevaricación en la compra de un autobús.

Por cuestiones ajenas al cargo fue condenado Rafael Moreno (PSOE), entonces alcalde en funciones de Huévar del Aljarafe, sentenciado en 2015 a pagar una multa de 320 euros por agredir a un árbitro tras un partido de su equipo local. 

El alcalde de El Garrobo, Bernardo Alcón (PSOE), fue condenado en 2014 a siete años de inhabilitación para cargo público como responsable de un delito de prevaricación por contratar durante tres años a vecinos como peones agrícolas del Ayuntamiento sin que hubiera convocatoria pública

Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, vio archivada en mayo pasado la enésima denuncia de la oposición por no convocar plenos. El juzgado 2 de Estepa consideró que, aunque no se convocaron plenos ordinarios, Sánchez Gordillo celebró en un año siete sesiones plenarias donde todos los grupos pudieron participar.

Sánchez Gordillo acumula sonados espaldarazos judiciales: en 2014 el TSJA consideró que no había indicios de que hubiese liderado el robo de alimentos en un supermercado de Écija, donde en agosto de 2012 una veintena de personas se llevaron nueve carros cargados de alimentos para la Corrala Utopía. 

El parlamentario de Unidos Podemos fue condenado a siete meses de prisión y a una multa de 1.200 euros por el TSJA por un delito de desobediencia grave a la autoridad, tras la ocupación de la finca militar Las Turquillas de Osuna en 2012. Unos meses después, el Tribunal Supremo le suprimió la pena de prisión y únicamente mantuvo la multa.

Entre las situaciones curiosas en que se han visto implicados alcaldes sevillanos en los últimos tiempos destaca la de Antonio Pérez (PSOE), alcalde de Coripe, citado como investigado por quemar una imagen de Ana Julia Quezada, asesina confesa del niño Gabriel Cruz, en la fiesta de Judas del Domingo de Resurrección.

Varios regidores sevillanos tienen juicios fijados para los próximos meses. Entre ellos, el de Coria del Río, Modesto González (PA), y el ex edil de Deportes Diego Luis Peña (PP), para quienes la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación por presunta prevaricación administrativa en el contrato de la piscina municipal.

En junio pasado se suspendió por cuestiones formales el juicio contra la alcaldesa de Almadén de la Plata, la socialista Felicidad Fernández, por una presunta prevaricación administrativa en la contratación de dos personas de manera "unilateral" y "sin procedimiento alguno", una de ellas familiar suyo.

Recientemente se ha conocido la sentencia por la que el Tribunal Supremo condenaba a Angel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra, a devolver una ayuda de los ERE por importe de tres millones de euros. En 2014 el ex alcalde fue juzgado por presuntos delitos de falsedad y prevaricación, por actuar como regidor sobre una finca de su propiedad de terreno rústico que vendió como urbano.

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