La Fiscalía Anticorrupción se opuso esta semana a la suspensión de la ejecución del ingreso en prisión del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y de los otros ocho ex altos cargos condenados por la concesión de 680 millones de euros en ayudas de los ERE, lo que en la práctica se traduce en que está reclamando el ingreso ya, sin más dilaciones, de los ex altos cargos que fueron condenados en la histórica sentencia.

La decisión sobre el ingreso en la cárcel de los ex altos cargos condenados corresponde, en última instancia, a los tres magistrados de la Sección Primera encargados de la ejecución del fallo y entre los que ya sólo uno que estuvo en el juicio, la veterana magistrada Pilar Llorente, dado que los otros dos jueces que dictaron la sentencia –Juan Antonio Calle Peña y Encarnación Gómez Caselles– están jubilados o han pedido destino en otra Audiencia, respectivamente.

Once años después de que la juez Mercedes Alaya iniciara la macrocausa de los ERE, el desenlace del proceso está más próximo y el cerco de la Justicia sobre Griñán y los otros acusados que fueron condenados por el delito de malversación es ya inminente.

La postura de Anticorrupción ha tenido que ser avalada desde las más altas instancias del Ministerio Público

Ni la presentación del amparo ni la petición de indulto parcial son motivos suficientes, a juicio de Anticorrupción, para que la Audiencia paralice el ingreso en prisión. Y esta postura, evidentemente, ha tenido que ser avalada desde las más altas instancias de la Fiscalía.

El informe elaborado por la Fiscalía Anticorrupción, aunque esperable, revela algunos indicios sobre cómo puede continuar el proceso de la denominada “pieza política” de los ERE y las posibilidades de que puedan prosperar toda la batería de recursos que las defensas han planteado para tratar de evitar el encarcelamiento de los ex altos cargos públicos, como el incidente de nulidad planteado ante el Tribunal Supremo –que por cierto aún no ha sido resuelto a pesar de que se planteó a finales de septiembre–, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o el indulto parcial que también se ha solicitado al Ministerio de Justicia y que debe resolver el Gobierno.

Resulta imposible que la resolución de esta medida de gracia por parte del Ejecutivo llegue antes de que la Audiencia adopte una decisión. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho sobre el indulto a Griñán que la decisión será acorde con la ley y se adoptará con absoluta transparencia, todo ello desde el “respeto a los procedimientos judiciales”.

De momento, los tiempos de la Justicia siguen corriendo y, aunque no se espera una decisión inminente de la Audiencia de Sevilla –todavía no ha informado la acusación popular que ejerce el PP y quedan otros escritos de las defensas sobre los que también tiene que informar la Fiscalía–, es más que previsible que la resolución llegue a mediados de este mes de noviembre. Sería entonces cuando la Sala daría a los condenados un plazo de “diez días” –es la costumbre– para que puedan ingresar de forma voluntaria en un centro penitenciario para cumplir la condena.

Contra esa decisión de la Audiencia cabría incluso la posibilidad de plantear algún recurso, con lo que el posible ingreso en prisión podría retrasarse hasta finales de noviembre.

Alaya envió a prisión provisional a una decena de investigados durante la instrucción

Por el caso de los ERE sólo habían ingresado –y todos de manera provisional durante la fase de instrucción, por orden de la juez Mercedes Alaya– una decena de acusados, entre ellos el que fuera principal imputado, el ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero –que falleció antes de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo confirmando las condenas–, y el ex consejero de Empleo Antonio Fernández.

Otros imputados que no han sido juzgados en la denominada “pieza política” del caso también acabaron pasando unos meses en prisión, como ocurrió con el conseguidor de los ERE Juan Lanzas o el ex chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, que en su día reconoció el bastardo destino que se dio a algunas de las ayudas de los ERE, que se emplearon para la compra de cocaína y regalos. También ingresaron en prisión durante la fase de instrucción y luego fueron puestos en libertad ex directivos de las empresas consultoras que gestionaban las pólizas de los trabajadores acogidos a los ERE.

La inmensa mayoría de los 680 millones de los ERE fueron destinadas para el pago de ayudas a trabajadores –muchos de los cuales continúan hoy en día percibiéndolas–, lo cual no quita casos tan sangrantes como el que protagonizó Guerrero al conceder a las empresas de su ex chófer ayudas por importe de 1.475.028,01 euros.

Otra parte de las subvenciones fueron a parar a los denominados “intrusos”, personas que nunca habían trabajado en las empresas y a los que se otorgaron las ayudas de una manera arbitraria y sin que se fueran fiscalizadas por la Intervención de la Junta, según ha confirmado la sentencia del Alto Tribunal.

La Fiscalía Anticorrupción ha apelado precisamente a la gravedad de las penas impuestas –que superan los seis años salvo en el caso uno de los condenados, el ex director de Trabajo Juan Márquez, al que rebajó la condena a tres años– para oponerse a la petición de suspensión de la ejecución de la sentencia que han planteado la defensa de los condenados.

El Ministerio Público recordó en el informe que ha presentado en la Audiencia que esta primera sentencia del caso de los ERE es ya “firme”, así como el carácter “excepcional” de la suspensión de la ejecución de la condena, pero sobre todo esgrimió que la sentencia del Tribunal Supremo se refiere a este caso como “una forma más de corrupción política cuando analiza la tipicidad” del delito de malversación. Un caso de corrupción política por el que en las próximas semanas podrían ingresar en prisión estos nueve ex altos cargos.