Todo lo que rodea a las macrocausas, como la de los ERE, está repleto de cifras astronómicas. Los 350 tomos que acumulan las diligencias previas de los ERE, más de un millón de documentos escaneados, casi 200 piezas de investigación separadas –de las cuales siguen vivas, en instrucción, 142–, las 500 personas que figuran como investigadas, los ocho años que han transcurrido desde que se inició la instrucción en el año 2011, etc. etc.

Y cada día surgen nuevos datos que revelan la monstruosidad que suponen estas macrocausas. Desde que en noviembre pasado la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla dictó la sentencia del denominado "procedimiento específico" de los ERE, en la que fueron condenados 19 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, mucho se ha comentado sobre la recuperación de los 680 millones de euros en los que el fallo cifra la cuantía del fraude.

El Gobierno andaluz del cambio –PP y Cs– anunció que recurriría a todas las vías posibles para recuperar el dinero, aunque también reconoció una de las grandes paradojas que hay en torno a este caso: que seguirá pagando las ayudas a los prejubilados hasta 2025, fecha de finalización de ese programa, y esto supondrá el desembolso de otros 37 millones de euros. Desde algunas defensas de los ERE se ha venido cuestionado desde el inicio de la instrucción que no se haya traído al procedimiento a los verdaderos beneficiarios de las ayudas –al menos como partícipes a título lucrativo de los delitos investigados–, quienes han seguido percibiendo estas ayudas que han sido cuestionadas en la sentencia de la "pieza política".

La sentencia cifró el fraude de los ERE en 679.432.179,09 euros, la misma cantidad que al final del juicio estableció la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de conclusiones definitivas, pero el tribunal no fijó ninguna responsabilidad civil porque el propio Ministerio Fiscal renunció a las mismas al "haberse reservado expresamente la representación procesal de la Junta de Andalucía [que ejerce la acusación particular en la macrocausa] el ejercicio de la acción civil".

El Gobierno del cambio seguirá pagando 37 millones a beneficiarios de los ERE hasta 2025

El Gobierno andaluz culpó al anterior Ejecutivo socialista de no poder recuperar el dinero por esta reserva expresa de la acción civil, lo que en su día llevó a la juez a levantar las fianzas impuestas a los ex altos cargos procesados, entre ellos el ex presidente José Antonio Griñán, al que se había fijado una fianza de responsabilidad civil de 4,2 millones. Esta misma fianza se había impuesto a la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, mientras que al ex consejero de Empleo José Antonio Viera se le impuso una fianza de 6,2 millones y de 3,7 al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, todos ellos condenados a penas de prisión en la sentencia.

En cualquier caso, esas fianzas no se podrían reclamar hasta que la condena fuese firme y los 19 ex altos cargos han anunciado los recursos ante el Tribunal Supremo, que en principio puede tardar dos años en resolver los recursos dado el volumen de las actuaciones y la complejidad del caso.

Las fianzas del caso de los ERE constituyeron en su día otro récord, puesto que ascendieron en total a casi 3.000 millones. Las principales fianzas, que luego fueron levantadas, fueron las correspondientes al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, al que la juez Mercedes Alaya reclamaba 807 millones y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, con otros 686 millones, mientras que la fianza del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá ascendía a 490 millones y a 173 millones en el caso del ex director de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, sucesor de Guerrero en la dirección general que concedía y gestionaba las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis bajo sospecha.

Otra fianza destacada fue la de 38 millones impuesta al ex sindicalista y conseguidor de los ERE Juan Lanzas, que ya está procesado en alguna de las piezas como la relacionada con las ayudas a la empresa Surcolor.

Lo que hasta ahora no había trascendido es qué cantidades de todas las fianzas impuestas han sido ya retenidas por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Según han confirmado a este periódico fuentes del caso, en la cuenta de consignaciones del juzgado de María Núñez Bolaños hay actualmente un saldo que asciende a 4.576.766,54 euros vinculado a las diligencias 174/2011 (la macrocausa de los ERE).

De esta cantidad, casi la mitad se corresponde con la fianza de 1.990.689 euros que la juez Mercedes Alaya impuso a la propietaria del restaurante Río Grande de Sevilla, con motivo de las ayudas recibidas de la Junta por el ERE que la empresa llevó a cabo en el 2005 y donde se incluyó a uno de los primeros intrusos detectados cuando estalló el escándalo.

Estos 4,5 millones están consignados en efectivo y se suman a los embargos de bienes que han sido decretados a lo largo de la instrucción. Las cantidades de estas fianzas permanecerán a disposición judicial hasta que haya una sentencia firme en cada una de las piezas. En el caso de condena, estas fianzas serían destinadas a sufragar las responsabilidades civiles que determinen las sentencias.

Se trata de una cuantía importante, pero muy alejada de esos 680 millones, aunque a esa cantidad habría que añadir que la Junta ha logrado sentencias que condenan a reintegrar más de 87 millones de euros, sobre todo de las demandas que han prosperado en el Tribunal de Cuentas y en el Contencioso-Administrativo.