La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de cárcel que la Audiencia de Sevilla impuso en 2019 al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet por un delito de malversación de caudales públicos, en relación con la beca de estudios de diseño en Londres que, por un importe de 16.412,12 euros, se pagó a la hija del presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado, Carmen Vela.

El Alto Tribunal ha desestimado el recurso de casación presentado por la defensa de Mellet, confirmando de esta forma la sentencia que condenó además a Mellet a indemnizar a la Fundación Socio-Asistencial de Mercasevilla con 16.412,12 euros, cantidad de la que Carmen Vela -que fue absuelta en el juicio- debe responder conjunta y solidariamente en su condición de partícipe a título lucrativo, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, ahora confirmada, absolvió no obstante a Fernando Mellet de los otros delitos de prevaricación, falsedad y otros tres delitos de malversación que le atribuía la Fiscalía, que había solicitado una condena de 24 años de prisión y 40 años de inhabilitación absoluta, y también absolvió a los otros 13 procesados que se enfrentaban a penas de entre tres y cuatro años de cárcel por varios delitos relacionados con un supuesto perjuicio causado a la sociedad que ascendería a un total de 449.164,74 euros.

En la nueva sentencia, el Supremo desestima todos los motivos del recurso de Mellet. Entre otros argumentos, destaca que la Audiencia de Sevilla no condenó "porque se concediese una beca no siendo posible; sino por hacerse de forma arbitraria y al margen de los condicionantes y objetivos que derivan de los estatutos y de los fines fundacionales que especifican cuál debía ser el objetivo de esas ayudas, quiénes debían ser los principales beneficiarios y otras circunstancias".

"La beca concedida a Carmen Vela –añade la sentencia- se otorgó dando las espaldas a esas determinaciones: ni pertenece a un sector desfavorecido (más bien parecen haber pesado otros factores particulares); ni la formación que pretendía seguir guarda relación alguna con los fines sociales de Mercasevilla; ni podía estimarse, como razona la sentencia, que era una forma de retribuir unos trabajos realizados para la fundación”.

Tampoco acepta el Supremo la alegación del recurrente de que, como los fondos se destinaron a fines estrictamente privados (pago de los estudios de un particular), habrían perdido su condición de públicos: "El argumento carece de recorrido. Si lo admitiésemos estaríamos derogando el delito de malversación de caudales públicos que, en esencia, consiste en distraer los fondos públicos de su destino natural (finalidades públicas) a fines particulares (propios del autor o de un tercero). El carácter público de los fondos viene determinado por su origen y su destino debido; no por su destino real. En todo delito de malversación los caudales públicos acaban empeñados en fines particulares, sin que eso –es de Perogrullo- transforme la naturaleza de los fondos", asevera.

En cuanto a que como era una fundación privada, sus fondos no pueden ser públicos, el Supremo comparte con la Audiencia sevillana que “los fondos de Mercasevilla eran públicos porque (…) el capital de Mercasevilla era prácticamente público en su totalidad (99,45%) y gestiona un servicio de genuina competencia municipal mediante concesión administrativa en régimen de monopolio". El fallo añade que "idéntica conclusión sobre la consideración de fondos públicos es aplicable a su Fundación asistencial, que se constituyó con aportaciones exclusivas de Mercasevilla".