Quien le ponga una objeción a cualquier iniciativa en favor de las lenguas cooficiales españolas, el bable próximamente en sus pantallas, estará contraviniendo los derechos humanos. Oponerse a documentos sólo en catalán o discutir que un médico que hable sólo en castellano, en la lengua de todos, no es lo suficientemente útil en Baleares, son situaciones que elevan al discrepante en una voz digna de arrinconar.

Escribir además "Gerona" o hablar de "Orense" o de "Mondragón" se convierten crímenes y atentados contra la cultura y la democracia, como si de la mano de esos nombres se pidiera la pena de muerte o se aplaudiera el hambre en el mundo. Suplican que larvemos antipatía.

Hay mucho de colmillo e intereses parduzcos en la eterna imposición de las lenguas autonómicas sobre el castellano. Los que piden más y más protagonismo del catalán no miran por el catalán o por el euskera, sino por sus intereses particulares y los de sus afectos. El idioma con su amenaza al otro es una herramienta de chantaje. Efectiva y acomplejante. Es el objeto más eficaz que tienen los nacionalismos para la división, la exclusión y el agravio. Quien está en contra de mayores cuotas de presencia del catalán, o del bable mismo, está en contra de la convivencia y el progreso, cuando nos parece cada vez más a un mayor número de españoles que es justo lo contrario.

El catalán ya tiene supervivencia (y exclusión para los que lo desconozcan) de sobra en los colegios y en todos los centros públicos catalanes y cuenta con un colchón económico grande para sustentar organismos, peñas recreativas y medios de comunicación afines. Pero el independentismo ahora había encontrado un resquicio de victimismo jugoso en las plataformas en streaming, tan internacionales, y un motivo para protestar por el abuso del castellano. Franco es tal vez el responsable de que en Netflix no haya suficiente catalán. Su recomendable docuserie, por cierto, está en alemán. Netflix, Amazon o Disney + necesitaban ser catalanables cuanto antes. Así será.