El mundo está asistiendo a la inflexión de un largo ciclo económico y político. Un periodo de recesión y de crecimiento no inclusivo que ha erosionado los niveles de bienestar de la clase media , dando lugar a desigualdades crecientes y a un malestar social que está en la base del surgimiento de los populismos a nivel global. Las estructuras y el orden económico y político surgido tras la segunda guerra mundial están mutando. La fragmentación política, los nacionalismos identitarios, el proteccionismo , la sustitución del multilateralismo por el bilateralismo y el acceso de los populismos al poder, están transformando el mundo. Las nuevas tecnologías disruptivas están revolucionando los modelos de negocio de las empresas, el funcionamiento de los mercados, el equilibrio del poder económico y político globales, las instituciones y la propia democracia. La transformación es tan profunda que somos incapaces de visualizar el futuro, con la conciencia de que estamos transitando hacia un nuevo modelo tecnológico, socioeconómico y político que desconocemos.

Esta misma semana el Banco Mundial ha dado a conocer sus previsiones de crecimiento para el 2020. La economía mundial continuará desacelerándose hasta un crecimiento del PIB 2,4% en 2020. La desaceleración es sincrónica en casi todos los países. La incertidumbre de los ciudadanos y de las empresas está provocando una reducción del incremento de la inversión empresarial y del consumo de bienes duraderos. El comercio internacional muy ligado a los flujos de inversión y de consumo de bienes duraderos se ha desplomado (1,5%). La guerra arancelaria de Trump, el Brexit, la explosión de los populismos y los conflictos geopolíticos de Asia y Oriente medio aumentan la incertidumbre de un final de ciclo. La deuda global, origen de la gran recesión, alentada por los bajos tipos de interés de los bancos centrales, ha continuado aumentando. Esta vez en los países emergentes y en empresas de baja calidad y solvencia. La sostenibilidad de esta deuda ante un shock externo preocupa tanto al Banco Mundial como al FMI.

España no es ajena a la incertidumbre y a las grandes transformaciones del siglo XXI. La gran recesión han impactado en España más que en Europa provocando una fuerte conmoción que está transformando su estructura económica, social y política. El crecimiento del desempleo estructural y la precariedad salarial han erosionado el nivel de bienestar de la clase media y las expectativas de los jóvenes. El descontento y el malestar ha impulsado el nacimiento de los populismos de derecha y de izquierda y la radicalización de los partidos tradicionales. El centro ha desaparecido. Tras un largo periodo de débiles Gobiernos provisionales y de bloqueos parlamentarios, hoy España tiene un Gobierno de coalición de izquierda y extrema izquierda PSOE-UP.

Los desafíos del nuevo Gobierno

El reto del nuevo Gobierno es doble. En primer lugar poner a España en la senda del crecimiento sostenible e inclusivo, mejorar el bienestar de los ciudadanos y reducir las desigualdades. En segundo lugar acometer las reformas estructurales necesarias para modernizar y adaptar las estructuras socioeconómicas, políticas e institucionales a las exigencias de nuevo mundo del siglo XXI.

Entre los aspectos positivos podemos señalar que España ha crecido por encima de la media europea gracias a las reformas estructurales en el mercado laboral, en el sistema financiero y la consolidación fiscal. Actualmente está inmersa en una intensa desaceleración económica. La

previsión de consenso es que del PIB crezca un 1,5% en 2020. Estas previsiones están condicionadas a que no haya un acontecimiento extremo geopolítico y que el nuevo Gobierno cree confianza y políticas razonables. Seguiremos creando empleo, aunque a menor velocidad y por debajo de la tasa de crecimiento del PIB. El endeudamiento privado de familias y empresas se ha reducido sustancialmente. El endeudamiento externo sigue siendo muy alto, pero está reduciéndose como consecuencia del superávit de la balanza en cuenta corriente. Las exportaciones, la cuota de mercado y el número de empresas regularmente exportadoras han aumentado .El sector externo se ha convertido en motor permanente del crecimiento. En el lado negativo tenemos que señalar el alto nivel de paro , el creciente déficit público estructural , la alta deuda pública, la precariedad salarial y el aumento de las desigualdades. Una de las causas profundas de todo ello es la baja productividad del sistema público y privado.

Afrontar estos desafíos no se resuelve sólo con políticas de demanda. Se necesitan también profundas reformas estructurales que aumenten el potencial de crecimiento de nuestra economía, ya que España está al límite de su crecimiento potencial. Por otra parte las políticas expansivas demanda son contraproducentes sin estabilidad financiera y presupuestaria. El programa económico de nuevo Gobierno es un claro ejemplo de políticas de demanda inadecuadas y de ausencia de las reformas estructurales necesarias.

Con una economía en desaceleración la subida generalizada de impuestos que contempla el programa económico es la menos adecuada para fomentar la inversión y el consumo duradero. La brusca subida del salario mínimo destruirá el empleo de los menos capacitados. El incremento del gasto público aumentará el déficit estructural y la deuda pública, incumpliendo una vez más las exigencias de Bruselas. En una situación de desaceleración e inestabilidad financiera podríamos perder la confianza de los inversores, como ya ocurrió en 2012 y poner en riesgo el crecimiento estable, la estabilidad financiera y la creación de empleo.

En una economía que está creciendo al límite de su potencial productivo, las medidas necesarias son aquéllas que van dirigidas aumentar la productividad y el potencial de crecimiento. En el acuerdo PSOE-UP el principal déficit está en las reformas estructurales, por su ausencia o por su inadecuación. La Economía Española necesita más flexibilidad para adaptarse a las grandes transformaciones del siglo XXI y menos intervencionismo público en los mercados. La derogación de la Reforma Laboral, que ha creado casi tres millones de empleos y que ha permitido a la Economía Española crear empleo con un crecimiento del PIB por debajo del 1% , es el mayor error y la contrarreforma más lesiva para la creación de empleo. La intervención en el mercado de la vivienda de los precios de los alquileres es un claro ejemplo de intervencionismo negativo. El incremento del salario mínimo y su exclusión del marco de negociación colectivo es un intervencionismo innecesario y destructor empleo.

Por otra parte brillan por su ausencia las reformas orientadas a la mejora de la productividad como la de la Administración Pública, la creación de un mercado único nacional, la reducción de la burocracia ,la seguridad jurídica, un pacto por la educación, una apuesta por la innovación , la dimensión y la internacionalización de las empresas, etcétera. Sí se recogen reformas estructurales necesarias como la digitalización, la transición energética o la economía circular.

El reto del nuevo Gobierno será hacer compatible la Agenda Social a medio y largo plazo con la mejora de la competitividad de la Economía Española y la estabilidad presupuestaria y financiera, pilares fundamentales para un crecimiento sostenible e inclusivo. Para lo cual se necesita un Gobierno fuerte, estable, creíble, independiente, trasparente, que vele por los derechos constitucionales de los españoles en un plano de igualdad, sin condicionamientos independentistas, y sobre todo que genere confianza. Hoy por hoy muchos ciudadanos percibimos al nuevo Gobierno como débil, condicionado por los separatistas, poco creíble y contradictorio. Su primer e indispensable reto será ganar con hechos la confianza de todos los ciudadanos.