TIENE mucho mérito ser juez y parte y apelar, a estas alturas, al "interés general". En el sainete en el que se ha convertido la crisis de la Encarnación ayer se vivió una escena épica. Rueda de prensa de urgencia. Atril improvisado. Escenografía con vocación solemne. Ediles, los contados. Un mensaje único: "Sevilla no puede pararse. El Parasol saldrá adelante sí o sí".

Con independencia de la sintaxis futbolística utilizada, que es sabido que suele destinarse más a los hinchas que a los ciudadanos con criterio propio, la comparecencia de Monteseirín para anunciar que seguirá adelante con la construcción de las míticas setas tuvo bastante de arrojo (político) y muy poco de autocrítica. Novedosa, lo que se dice novedosa, no fue. Previsible, sí. No hubo cambios en el guión. Ni se pidieron disculpas a los ciudadanos por hipotecar en una única obra el 40% del dinero destinado a equipar la totalidad de la ciudad, ni se exploraron fórmulas -que las hay- para intentar reconducir un proyecto que hace demasiado tiempo se salió de los cauces (presupuestarios) de lo razonable. Tan sólo la decisión, más que descontada, de continuar con la obra hasta quemar el último euro que queda en caja.

Visto lo visto, el Pleno de hoy no servirá de casi nada: si IU se abstiene, como es previsible, será Monteseirín quien con su voto de calidad apruebe la decisión de tirar para adelante. Aún así, merece la pena analizar los razonamientos en los que se apoya el regidor para, haciendo caso omiso al dictamen oficial del Consejo Consultivo, avalar a cuerpo una desviación presupuestaria totalmente contraria a la fundamentada opinión legal del máximo órgano jurídico andaluz.

En primer lugar, está la cuestión argumental. Monteseirín relaciona el avance de la ciudad con el Parasol. Exclusivamente. Lo que viene a ser como equiparar el interés de Sevilla con su interés particular como político. Que la ciudad no seguirá avanzando, salvo milagro, terminará siendo un hecho: sin el dinero de los convenios del PGOU, que es con lo que se ha pagado (en exceso) todos los proyectos de los últimos diez años, parece evidente que el movimiento -económico, urbano- de Sevilla va a sufrir un duro revés por decisiones adoptadas, paradójicamente, por quien ayer apeló al avance continuo de la ciudad.

En segundo lugar hay que analizar el sustento jurídico de la decisión para, con todo en contra, continuar con el Parasol. Monteseirín se apoya en el dictamen del Secretario Municipal y en un informe de dos altos cargos de Urbanismo -puestos de confianza nombrados por él- que viene a decir que parar la obra resulta más caro que continuar con ella. A este respecto hay que hacerse dos preguntas. Primera: ¿Qué pesa más, lo que diga la Secretaría Municipal o el máximo órgano jurídico andaluz? Segunda: ¿Es verosímil el estudio de costes de Urbanismo? Sobre la primera cuestión, doctores tiene la Iglesia. Sólo incidir en que el Secretario dice que si se sigue adelante debe "motivarse suficientemente". A juicio del Consultivo, los motivos de la propuesta municipal para inyectar más fondos públicos a la Encarnación no estaban justificados. No se entiende muy bien cómo lo que no ha sido capaz de hacer hasta ahora el Ayuntamiento -justificar la necesidad de la segunda modificación presupuestaria- va a arreglarse a partir de ahora. ¿Qué ha cambiado? Tan sólo una cosa: que Monteseirín lo ha estimado conveniente. Punto final.

Del informe sobre los costes, del que ayer se dieron cifras pero no el documento oficial -al PP no se lo entregaron hasta por la tarde-, extrañan dos factores. Quien lo firma y su argumentario. El primer aspecto es llamativo: no es el director técnico de la Gerencia, sino el director adjunto del departamento económico con el visto bueno de un superior. Parecería más lógico que lo suscribiera quien conoce -por estar en el órgano de contratación- todo el proceso de las obras desde su origen. Claro que en este caso, quizás, la conclusión no sería la que ha terminado siendo. Por coherencia. El informe municipal que dice que resolver el contrato del Parasol cuesta 2,3 veces más de lo que hay que pagar para seguir con la obra -el único elemento en el que se sustentaría el interés público de ignorar al Consultivo- viene a aceptar, de forma tácita, que lo que ha ocurrido con el proyecto es únicamente responsabilidad municipal. ¿No lo es? Evidentemente, sí. Pero sólo en parte, no de forma integral. Los hechos ciertos también son que Sacyr contrató al arquitecto y se comprometió a ejecutar la obra en un determinado plazo y a un coste. Ninguno de los compromisos se cumplió. En potencia, alguna de las causas sería imputable a la empresa, que desde 2005 no ha parado de recibir dinero público. Si se tiene en cuenta que en el expediente existe un dictamen de los servicios municipales que afirma que el problema esencial es que el Parasol se inició sin garantías reales de ejecución -algo que el propio Monteseirín vino a reconocer ayer, aunque calificándolo de normal- difícilmente puede aceptarse que el coste de todo lo que ha pasado es imputable en exclusiva al Consistorio. En consecuencia, el precio de parar la obra no sería el que se dice en dicho informe, sino otro distinto. La extraña lógica municipal, obsesionada por justificar lo injustificable, en cambio, viene a afirmar que habrá que indemnizar a quien no revisó técnicamente lo que iba a construir. Todo un hallazgo. O una cabriola. "La decisión es firme", dijo ayer Monteseirín. Se ve que los motivos, en el fondo, son lo de menos.