Una de las consecuencias de la última crisis financiera de las administraciones, que se desencadenó por el fin del maná que proporcionó el ladrillo durante unos años, fue el control que el Estado impuso a los ayuntamientos para reducir el déficit o impedir que se embarcaran en proyectos faraónicos. El plan de pago a proveedores, el techo de gasto o la tasa de reposición han hecho que la mayoría tengan superávit y exijan más flexibilidad ahora.

Pero en Sevilla hay un caso sangrante que evidencia que los tutelajes no han funcionado donde hacían más falta porque no había un gobierno local dispuesto a aplicar decisiones impopulares a corto plazo. Así, puede que a algunos les sorprenda que Huévar, con 3.000 vecinos, acumule una deuda de más de 30 millones, de los que 15,2 son con la Seguridad Social por una plantilla que ha mantenido aunque no se la podía permitir. Llegó a ser de 370 trabajadores. Sin embargo, en 2001 ya aparecía en los titulares como uno de los consistorios con más deuda por ese concepto: 47 millones de las antiguas pesetas.

El aterrizaje de la plataforma de Mercadona en su término pudo marcar un hito. La recalificación de suelo industrial hizo que el presupuesto municipal se incrementara en un 175% en 2003 con respecto a 2000. Pero la deuda siguió al alza. La plantilla fue la gran inversión estratégica en Huévar, no las obras megalómanas. En 2006 ya se debían dos millones de euros a la Seguridad Social y el pueblo ocupaba el puesto 25 en Andalucía de un ranking que lideraba Marbella. El Estado le retenía ingresos, como lo sigue haciendo, y el gobierno local esgrimía que quería llegar a un acuerdo y pagar, pero que necesitaba más de los cinco años que le ofrecían, como a otros ayuntamientos.

En 2010, la deuda a la Seguridad Social alcanzó los cinco millones y se acumularon nueve nóminas impagadas al personal, con siete ediles liberados y sólo tibias protestas. En 2013, con las distintas medidas que puso en marcha el Gobierno del PP ya en vigor, se situó en 7,7. Llegó a 12 millones de euros en 2015, según la Cámara de Cuentas de Andalucía, que cuando hizo su auditoría ni siquiera tuvo acceso a toda la documentación. Sumando distintos conceptos, cifró la deuda total en más de 26 millones.

Huévar se acogió al plan de pago a proveedores y a los fondos de ordenación del Estado que llevaron al máximo los impuestos municipales. Pero tampoco sirvió para afrontar la bancarrota. El alcalde socialista durante 18 años fue nombrado en 2015 director general de Políticas Activas de Empleo de la Junta y antes pasó por la Presidencia de la Mancomunidad del Guadalquivir y fue asesor en la Diputación. Con cada nombramiento, las deudas y los impagos a la plantilla volvían a los titulares sin más consecuencias. Sólo el ERE que ejecutó su sucesora -edil de Hacienda durante toda esa etapa-, en 2018 y cuando de nuevo se acumularon cinco nóminas, le costó la Alcaldía al PSOE y por un estrecho margen. ¿No ha habido razones para haber intervenido antes en Huévar? Los tribunales, en su caso, no minimizarán la pesada losa a la que se ha dejado engordar.