La empresa minera acusada de haber cometido supuestos delitos contra el medio ambiente y daños continuados ha asegurado que "nunca se produjo ningún tipo de irregularidad" en el aprovechamiento del acuífero Niebla-Posadas y ha atribuido la detección de arsénico en el agua a "la propia naturaleza" del lugar.

Ayer miércoles prestaron declaración en el juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla el director de Gestión de Aguas de la compañía, Juan Carlos Baquero, y la directora del área de Medio Ambiente, Paz Cosmen en calidad de imputados tras la querella interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico a raíz de los expedientes sancionadores por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en el año 2008. En éste, se acusaba a la empresa minera de haber cometido veinte perforaciones no autorizadas en el acuífero Niebla-Posadas, ser responsable de un supuesto desequilibrio en el sistema de drenaje y reinyección y del vertido de arsénico en valores superiores a los permitidos en el agua.

El portavoz de la empresa, Miguel Riaño, explicó que la directiva está "muy satisfecha" de haber tenido "la oportunidad de responder a todas las preguntas y poder aportar los informes y la documentación que clarifica que nunca se produjo ningún tipo de irregularidad". Riaño manifestó su esperanza en que la juez que instruye el caso adopte una "decisión favorable a los intereses de la empresa", al tiempo que aseguró que Cobre las Cruces respetará "hasta el final" el pronunciamiento de la Justicia.

Por su parte, la organización Ecologistas en Acción, personada en la causa contra los cuatro directivos de la compañía, ha anunciado que solicitará que la juez incorpore a las diligencias el expediente sancionador que tramita la Agencia Andaluza del Agua por la detracción de aproximadamente 800.000 metros cúbicos de agua del acuífero al margen de los términos de su Plan Global de Gestión de Aguas. Con este nuevo expediente cobraría fuerza el posible delito continuado de daños detectado por el Ministerio Público.

El coordinador de Ecologistas en Acción, Isidoro Albarreal, lamentó que la directiva de la empresa haya negado ante la juez tanto la posible detracción irregular de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero como la presunta instalación ilegal de balsas y la supuesta contaminación por arsénico en este cauce hídrico. "Es evidente que había contaminación" afirmó Albarreal advirtiendo que la "estrategia de engaño a la Justicia" promovida por la compañía se asemeja a la protagonizada antes de 1998 por Boliden-Andaluza de Piritas S. A. (Apirsa), gestora de la mina siniestrada en Aznalcóllar.

Los ecologistas reclamarán también que sean investigados los problemas en el suministro de agua sufridos en el municipio de Burguillos, abastecido mediante pozos que beben del acuífero, ante su posible relación con esta "detracción excesiva".

Mientras la compañía minera defiende que la presencia de arsénico en los controles obedecía a la propia naturaleza del cauce, y que no fue motivada por el sistema de drenaje y reinyección, la organización de ecologistas han lamentado que las autoridades medioambientales "no hayan aprendido nada" de la catrástrofe de Aznalcóllar, si bien esperan que la Justicia "sí haya aprendido la lección".