Villalobos se compromete a sacar una OPE que favorezca a 22 despedidos

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), se comprometió ayer con los 22 trabajadores que -hasta el 31 de diciembre, cuando fueron despedidos- habían ido renovando sus contratos temporales como personal de apoyo para la tramitación de expedientes de la Ley de Dependencia, a que la Oferta Pública de Empleo (OPE) que están obligados a sacar para 20 de esos puestos les favorezca. La mayoría han trabajado en esa labor durante los últimos siete años.

"En la oferta hemos puesto que se tengan tres años de experiencia, porque ellos la tienen; hemos puesto lo que más les beneficia dentro de la legalidad, porque conocen la casa y conocen los pueblos", destacó Villalobos, quien se solidarizó con el grupo de trabajadores sociales, que alzó carteles en protesta por sus despidos en el Pleno, en el que se aprobó la modificación presupuestaria para creación de los 20 puestos interinos en la plantilla, junto a otros 12 de bomberos. "Iros tranquilos, que dentro de mis posibilidades vamos a hacer lo posible por que sigáis trabajando", insistió, antes de que dejaran la sala sin querer hablar con la prensa.

Los grupos de la oposición reprocharon al gobierno socialista la situación que se ha creado, en su opinión, por no haber regularizado antes a este personal, adscrito al Programa de Refuerzo de los Servicios Sociales Municipales y que -están convencidos- terminará causando un problema mayor. Todos estos trabajadores han denunciado en los tribunales sus despidos, como han ido haciendo antes con sus contratos otra treintena de trabajadores vinculados a programas -Mediación y Tratamiento Familiar- y que han sido reconocidos como en fraude de ley e incorporados como personal interino a la Diputación, sin Oferta Pública de Empleo directa. En todos estos casos, la selección del personal se hizo a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), al ser programas con fondos autonómicos y del Estado. Pero la oposición advirtió que no es seguro que todos los trabajadores logren plaza en esa oferta pública que va a sacar la Diputación. Sí que tengan que ser readmitidos en unos años, cuando haya sentencias firmes, lo que supondrá una duplicidad que se podría haber evitado.

Fuentes del gobierno socialista explicaron que la OPE es necesaria porque la Diputación ha decidido asumir los costes del programa de refuerzo ante la reducción y el retraso de los fondos de la Junta y del Estado de los que se nutría. Así, al ser puestos propios, es necesario que se convoquen por esa Oferta Pública de Empleo, como han ido advirtiendo los servicios jurídicos. La oferta debe ser abierta, aunque todavía debe publicarse. No obstante, otras fuentes precisaron que algunos de estos trabajadores no tienen esos tres años de experiencia que, según Villalobos, se quiere exigir en la OPE para favorecerles.

Es una situación muy parecida a la que se da en otros muchos ayuntamientos, con personal con contrato en fraude de ley y que se está intentando abordar con procesos de regulación u ofertas de este tipo. Porque, cuando los trabajadores denuncian, suelen obtener sentencias favorables, con mayor desembolso en costas, sueldos e indemnizaciones. En materia laboral, se aprobó además, por unanimidad, el reglamento de funcionamiento de las bolsas de empleo de la Diputación, negociado con los sindicatos.