La Asociación Sevillana de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Asejer) pone un dato sobre la mesa para incidir en la necesidad de que las autoridades regulen y limiten el acceso de los más jóvenes a establecimientos de apuestas deportivas. Sólo en lo que va de 2021, han recibido a más de 20 chicos que han pedido ayuda por tener adicción al juego; la mayoría tiene entre 18 y 20 años y repiten un recorrido similar: comenzaron a jugar con máquinas tragaperras (accesibles no sólo en establecimientos especializados, sino en bares), tras las primeras pérdidas se pasaron a las apuestas deportivas con la falsa ilusión de ganar más dinero y, cuando el confinamiento les impidió salir, han seguido jugando on line. Algunos tienen deudas que superan los 20.000 euros y hay incluso universitarios que, como consecuencia de todo ello, han abandonado sus estudios.

Es la realidad que describe José Jiménez, presidente de una asociación con más de 30 años de recorrido en la provincia, y que defiende la iniciativa que han tenido algunos ayuntamientos sevillanos -entre ellos Alcalá de Guadaíra, aunque la Junta le ha advertido ahora que no es competente en materia de Juego- para intentar evitar que este tipo de locales sigan instalándose cerca de institutos o centros de afluencia de chicos, para "hacerse con esa clientela joven". Aunque en teoría debe haber control de acceso para que no se permita la entrada a menores, desde Asejer se asegura que no siempre se cumple y que las inspecciones siguen siendo insuficientes.

Jiménez cree que esa regulación dentro de la autonomía municipal y desde el punto de vista urbanístico, como una actividad que puede ser nociva para la salud y con consecuencias sociales, es adecuada y los ayuntamientos deben tener margen de maniobra.

En su defecto, considera que la administración competente debería actuar en la misma línea, aunque admite que es un tema "muy difícil", por el dinero que este tipo de  negocios genera en impuestos y publicidad. También califica de insuficiente el anuncio hecho por la propia Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego en el escrito que ha dirigido a Alcalá, de que ya se trabaja para fijar una distancia mínima de 150 metros entre estos negocios y los centros docentes no universitarios.

Asejer reclama, entre otras cosas, una legislación igual para todas las comunidades autónomas y que se agilice la nueva ley que debe regular la publicidad en el juego a nivel estatal. También cree que es necesaria una nueva Ley Andaluza, adaptada a la tipología de los juegos de azar que hay en la actualidad. La actual es de 1986 y se ha "parcheado", asegura.

Otros municipios tenían previsto actuar con los PGOU

Además de Alcalá de Guadaíra, habían anunciado su intención de modificar el PGOU para regular la apertura de estos locales de juego o habían aprobado mociones en esa línea los ayuntamientos de la ciudad de Sevilla, Lebrija, Mairena del Aljarafe, Espartinas, Los Palacios o Sanlúcar la Mayor. También había habido iniciativas en otras provincias.

Por otro lado, el PSOE de Alcalá ha denunciado este jueves que el requerimiento de la Junta para que no siga con el cambio que había previsto en el PGOU supone una "grave invasión de las competencias municipales".

Tras un año con las nuevas licencias en suspenso mientras que se tramitaba la modificación del PGOU, ésta se aprobó inicialmente en el último pleno, el pasado mes de enero, con el apoyo de todos los partidos, incluido el PP, excepto Vox que se abstuvo. Ha sido a raíz de ese paso cuando ha llegado el requerimiento de la Delegación de Hacienda.

Tras esa aprobación inicial sólo faltaba un informe de la Consejería de Fomento, que es preceptivo pero no vinculante, para que el Pleno aprobara la regulación de forma definitiva. En estas circunstancias, la idea es seguir adelante, aunque la Junta recurra en los tribunales la iniciativa.

El grupo socialista señala que la intención de la medida no es prohibir esa actividad, sino regular dónde puede instalarse dentro del municipio e impedir, en la práctica, que sea en zonas residenciales y se limite a industriales o comerciales. Para ello se fijan esos 500 metros mínimos de distancia a centros educativos, deportivos o socioculturales.

"Se trata de aplicar mano dura en la lucha contra un problema creciente que afecta sobre todo a los jóvenes, un nuevo tipo de adicción que está en fase de aumento y que supone graves perjuicios. Las administraciones públicas no pueden permanecer pasivas ante este problema y es su obligación adoptar las medidas que regulen el crecimiento de estos locales y sus efectos perjudiciales sobre nuestros jóvenes", insiste.

El PSOE alcalareño también subraya que lo que se ha hecho cuenta con todos los informes jurídicos correspondientes y que se ajusta a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).